Abel Cornejo es abogado y procurador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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Abel Cornejo es abogado y procurador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Recibió el doctorado en Ciencias Penales, de la Universidad Argentina John F. Kennedy, con su tesis "Criminogénesis del Tráfico de Estupefacientes en la Frontera Norte del país". (1992).
Fue juez federal de la sala N§ 1 de la Provincia de Salta desde 1993 a 2008 .
Como consta en el decreto 3386/08, asumió en el cargo de juez de la Corte de Justicia de Salta el 8 de agosto de 2008, después de que el Senado de la Provincia prestara acuerdo en sesión celebrada el 31 de julio.
Previamente a la remisión del pliego correspondiente el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta inició el procedimiento establecido en el decreto N´ 617/08, que posibilitó la participación en el proceso de selección de los ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones académicas y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema, a fin de que pudieran exponer sus razones, puntos de vista y observaciones al nombramiento propuesto.
Además, ocupó el puesto de consejero juez del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, entre 2002 y 2006; consejero juez suplente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, del 98 al 2002, y consejero titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
También fue defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal N§ 1 de Salta y secretario Penal N§ 2 ante el Juzgado Federal de Salta por concurso, entre otros puestos.
En su trayectoria además se destaca que fue co-redactor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal para la provincia de Salta elaborado por el Ateneo de Política Criminal de la Universidad Católica de Salta y presentado ante la Comisión de Justicia del Senado y Ministerio de Justicia de Salta en septiembre de 2010.
Su carrera en el sistema judicial federal y de la provincia se extendió a lo largo de 35 años.