Dos iniciativas se presentaron esta semana para avanzar en la aplicación plena de la denominada “ley Micaela”, que supone capacitar a los funcionarios de los tres poderes del Estado en violencia de género: una en el Concejo Deliberante de la capital y otra en la Cámara de Senadores.
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Dos iniciativas se presentaron esta semana para avanzar en la aplicación plena de la denominada “ley Micaela”, que supone capacitar a los funcionarios de los tres poderes del Estado en violencia de género: una en el Concejo Deliberante de la capital y otra en la Cámara de Senadores.
La concejal Jacqueline Cobo presentó un proyecto de ordenanza que prevé la formación obligatoria para los agentes del Estado municipal, como estipula la norma que se aprobó en diciembre de 2018 en el Congreso y lleva el nombre de una joven entrerriana que en 2017 fue violada y asesinada por un hombre que estaba acusado por dos abusos sexuales previos pero seguía en libertad.
La iniciativa apunta a difundir el espíritu de la Ley nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“El organismo de aplicación sería el Área de la Mujer. Es un proyecto que no implica una gran erogación y significaría concientizar a las 5 mil personas que trabajan en la Municipalidad de Salta. La formación siempre suma y esperamos tener el apoyo para avanzar en el tema”, señaló Cobo a El Tribuno.
La concejal aseguró, además, que la falta de información precisa sobre el tema se traduce en políticas o iniciativas para trabajar en el tema que no se plantean de la mejor manera.
“El aumento de denuncias que se viene registrando habla de que hay más herramientas, confianza y credibilidad. Hay que seguir aportando al camino de la prevención para no llegar tarde”, expresó.
De aprobarse la iniciativa, los agentes del Estado deberán cursar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Por otra parte, los senadores Silvina Abilés y Diego Pérez, presentaron un proyecto que promueve la adhesión a la Ley nacional 27.499, conocida como ley Micaela.
La iniciativa, según se difundió desde la Legislatura, ingresará en la primera sesión ordinaria del 4 de abril y pasará a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su análisis.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), además, se viene trabajando con distintas áreas del Estado para que se avance en las capacitaciones.
El directorio del OVcM solicitó a la Cámara de Diputados, al Senado y al Ejecutivo Provincial que efectivicen políticas para educar a los funcionarios.
“Datos estadísticos dan cuenta del déficit de formación que existe en agentes del Estado en esta materia y al tratarse de una ley nacional rige en todo el territorio del país, debiendo cada provincia adherirse”, comunicaron desde el OvCM en el Día de la Mujer.
Esperan la adhesión
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia informaron a principios de marzo que ya se está avanzando para que los empleados se informen sobre violencia de género en cursos que se realizarán en la Escuela de la Administración Pública.
A partir de la adhesión de la provincia a la ley Micaela se terminarán de definir aspectos relacionados con la forma en que se darán las capacitaciones.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) se advirtió sobre la necesidad de avanzar sin demoras para que la formación llegue a todos los organismos del Estado y a todos los rangos.
La subsecretaria de Políticas de Género de Salta, Rosaura Gareca, señaló antes del Día de la Mujer que es “voluntad de la Provincia” adherir a la ley Micaela.
La ley se aprobó el 19 de diciembre en el Congreso con 171 votos a favor y solo uno en contra: el del diputado nacional Alfredo Olmedo.