El juez Benjamín Pérez Ruíz, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, debe definir sobre un amparo colectivo presentado en contra de la empresa estatal Aguas del Norte por la rotura de calles en la capital salteña.
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El juez Benjamín Pérez Ruíz, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, debe definir sobre un amparo colectivo presentado en contra de la empresa estatal Aguas del Norte por la rotura de calles en la capital salteña.
La acción judicial fue presentada en diciembre último por la Protectora Asociación de Defensa del Consumidor, cuyo titular es el exdefensor del Pueblo Nicolás Zenteno. El abogado adelantó a El Tribuno que en los próximos días publicará el edicto correspondiente a la causa para acelerar la resolución del amparo.
Puntualmente, la medida apunta a que se "ordene" a Aguas del Norte el cumplimiento de la ordenanza municipal 8.778, que exige a las empresas de servicios "garantizar un óptimo trabajo de terminación y con absoluta seguridad para los peatones y vehículos" de las calles que se rompen para realizar arreglos, en este caso de cañerías. Se pide, además, que, en cumplimiento de la normativa, Aguas del Norte brinde información detallada a la Municipalidad sobre la totalidad de las aperturas de calles y plazo de sus reparaciones.
Zenteno también solicitó que se disponga a la empresa señalizar los pozos que realiza y que las aperturas de calles se reparen en los plazos establecidos, que es hasta cinco días posteriores a la ejecución de los trabajos.
En el amparo se aclara que se debería fijar una multa diaria en los casos de incumplimientos, por el riesgo que esto implica para la seguridad vial.
Según explicó Zenteno, al juez Pérez Ruíz se le presentó un relevamiento sobre los incumplimientos de Aguas del Norte, efectuado desde mediados del año pasado. Dijo que para el estudio se tomaron al azar el 5% de 6.000 pedidos de aperturas de calle que la firma realizó a la Municipalidad.
De 190 de esas obras (pozos) relevadas fueron detectadas 118 que carecen de señalización demarcación o elementos que los vehículos puedan referenciar como alerta. De esos 118 solo 43 se demarcaron mediante escombros sin carteles de la empresa ni de contratistas y el 60% de los casos relevados permaneció más de tres meses solo con apertura y tan solo un 40% finalizó con reposición de pavimento y remoción de escombros.
"A lo que apuntamos con este amparo no es más que un pedido a que se contemple la seguridad vial de la población, que está en serio riesgo por la cantidad de pozos que existen en la ciudad", dijo Zenteno.
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