La CTERA convocó a un paro de 72 horas que, sumado a los dos días de feriado por Carnaval, postergan por una semana el inicio de las clases. Condicionar el comienzo del año escolar a un acuerdo salarial en una economía inflacionaria como la nuestra es mala praxis. Concretamente, es una distorsión del derecho de huelga, que configura una medida extrema y excepcional.
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La CTERA convocó a un paro de 72 horas que, sumado a los dos días de feriado por Carnaval, postergan por una semana el inicio de las clases. Condicionar el comienzo del año escolar a un acuerdo salarial en una economía inflacionaria como la nuestra es mala praxis. Concretamente, es una distorsión del derecho de huelga, que configura una medida extrema y excepcional.
A lo largo de las últimas cuatro décadas, CTERA y los gremios docentes en general han desarrollado políticas proclives a llegar rápidamente al paro, sin agotar instancias de diálogo. Episodios como ciertas actitudes piqueteras, huelgas de hambre y otras acciones de alto tenor político no mejoraron, ni mucho menos la calidad del salario de los educadores, y en cambio degradaron la imagen del maestro ante la sociedad.
La politización del sindicalismo docente y los liderazgos por parte de personas que en algunos casos jamás dieron clases, solo han contribuido al deterioro de la educación pública. Entre tanto, la calidad educativa ha declinado, la deserción es un fenómeno que aleja a los adolescentes de la formación sistémica, con lo que se perjudica cada uno de ellos y la sociedad en su conjunto.
Entre los esfuerzos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner figura el de haber sancionado una ley nacional de educación que apuntaba a la mejora cualitativa de los contenidos escolares y a una ampliación del horario de clases con sistemas de jornada extendida. Además, se fijó el presupuesto educativo en un 6% del PBI y se restableció la educación técnica. Sin embargo, a partir de 2003, las estadísticas oficiales muestran una migración permanente de alumnos desde la escuela pública a la privada, con la contrapartida de un aumento de cargos docentes, de los cuales, uno de cada cuatro no está al frente del aula.
El sistema educativo argentino fue concebido gratuito, público, obligatorio y laico para que contuviera a los alumnos de todas las extracciones. Hoy, los alumnos de las escuelas estatales, que son los de hogares con menores ingresos, tienen menos días anuales de clases por efecto de las huelgas.
Nadie objetaría el derecho de los docentes a un salario digno, más allá de que el régimen laboral actual muestra un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos. La sindicalización extrema no ha permitido alcanzar ese objetivo, por lo que cabe señalar que el camino debe ser otro. Los países con mejores rendimientos escolares en el mundo, Finlandia y Corea del Sur, asignan a los docentes una jerarquía institucional equivalente a la de un magistrado, requisitos académicos similares y sueldos acordes con esa responsabilidad. El gobierno bolivariano de Rafael Correa, en Ecuador, había reformado la Constitución nacional jerarquizando al extremo la tarea docente, y excluyendo el derecho de huelga.
Los alumnos no pueden ser rehenes de las pujas gremiales ni políticas.
En nuestro país, la educación es un valor reconocido unánimemente como el más importante. El Estado, sin embargo, con ningún gobierno, encuentra la fórmula para consolidar el sistema educativo, tanto en las escuelas de gestión pública como privada, y asegurar que cumpla a la perfección con sus funciones: las de formar a las futuras generaciones de trabajadores y profesionales y brindar contención a todos los niños y adolescentes.
La educación, que durante un siglo había sido nuestro mayor orgullo, hoy es nuestra mayor frustración.
Un gremialismo politizado, como el de CTERA, no puede contribuir a la mejora del sistema, simplemente, porque los objetivos de sus dirigentes son otros. Y ningún gobierno, de cualquier signo, puede producir las transformaciones necesarias, si sus metas se agotan en los cronogramas electorales, que cierra cada dos años.
La educación es imprescindible y debería ser la prioridad de la sociedad, más allá de cualquier fracción política. Lo fue a partir de 1868, cuando el país presidido por Domingo Faustino Sarmiento asumió unánimemente que sería una política de Estado. Dejó de serlo, cuando los valores democráticos y republicanos perdieron vigencia en la con ciencia colectiva de los argentinos.