Sigue la venta ilegal de terrenos en el loteo de Benjamín Méndez

La medida cautelar con la que el juez de feria Claudio Fernández había prohibido la venta de terrenos en el loteo de Benjamín Méndez, desde el pasado 10 de enero, venció el 21 de febrero y no fue renovada.

De esa forma volvieron a pulular en Mercado Libre y las redes sociales avisos en los que las parcelas ilegales se ofrecen por valores de $350.000 hasta $620.000.

Jorge Federico Benjamín Méndez, el promotor del gran fraude falleció en noviembre de 2017, luego de vender 600 lotes desde comienzos de 2009 sin infraestructuras, servicios, catastros individuales ni escrituras.

En diciembre de 2017, el Juzgado Civil y Comercial de Onceava Nominación designó al hijo del difunto ingeniero, Marcelo Raúl Méndez, como administrador judicial provisorio de una sucesión indivisa que tiene a otros seis coherederos y a una interminable fila de acreedores con derechos afectados.

Desde hace más de un año, Marcelo Méndez, y su madre, Nora Bibiana Elsa Punta, manejan los bienes y recursos de la sucesión con la misma discrecionalidad. Ambos retomaron la comercialización ilegal de las 1.930 parcelas que el ingeniero Méndez no llegó a vender en Finca Valdivia, en la zona sur de la ciudad de Salta, entre los caminos que conectan a la capital con San Agustín (ruta 21) y La Isla (ruta 26).

Ruinosa gestión

Según la rendición anual que presentaron al juez Muiños el 20 de diciembre de 2018, el hijo y la exmujer de Méndez, quien actúa como apoderada junto al abogado Washington Álvarez, vendieron al menos 27 lotes de modo irregular.

Raúl Méndez percibió sueldos por $638.000 ($58.000 mensuales) desde enero hasta diciembre de 2018.

Nora Punta cobró sueldos por $424.000 ($27.000 mensuales) desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.

A la par, abonaron sueldos por tareas administrativas, generales, de limpieza y seguridad a 34 supuestos trabajadores del loteo que ahora se promociona como BM. Los recibos en negro, sin retenciones ni aportes de ley, ascendieron a $1.914.443 desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018.

Por otra parte, pagaron comisiones de $10.000 por cada lote enajenado. Estos, en diferentes boletos de compraventa, figuran con precios cercanos a los $380.000, por lo que se estima que se realizaron operaciones no declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por alrededor de $9,5 millones.

Con todo, el juez que entiende en la sucesión y las quiebras del entramado empresario de Méndez no vio motivos suficientes para remover a la administración y disponer una intervención judicial.

Veedor

El pasado 26 de febrero, luego de rechazar una presentación formulada en ese sentido por Sanz Navamuel, representante del abogado Francisco Herrera, uno de los coherederos, Muiños dispuso como cautelar sustitutiva la designación de un veedor judicial en las empresas Wolsing, Haendel, Ingeniero JFB Méndez y Sofía. La Secretaría de Actuación de la Corte salteña aún no comunicó el sorteo del profesional que intervendrá como veedor informante.

El legado de Méndez, que asciende a unos $1.500 millones, incluye a esas cuatro empresas que blanqueó en su testamento. En el manuscrito, firmado el 9 de septiembre de 2015 y reconocido por los siete coherederos, repartió sus bienes entre su hijo (69%), su abogado penalista Francisco Herrera (3%), el recientemente fallecido escribano Ricardo Cabrera (3%) y cuatro colaboradoras: Pilar Blanco Jáuregui (10%), su hermana Luján Blanco Jáuregui (8%), Mónica Guantay (4%) y Nicolasa Mamaní (3%).

Cuenta judicial

El pasado 10 de enero, además de prohibir la comercialización de lotes por 30 días hábiles, el juez de feria Claudio Fernández Viera, había ordenado que el administrador deposite la totalidad de las cobranzas realizadas desde el 20 de diciembre de 2018 en una cuenta judicial.

Al terminar la feria, los abogados Ana Cabrera, Juan Marcelo Britos Astigueta y Sanz Navamuel solicitaron a Muiños que prorrogue la prohibición de venta de lotes. El juez aún no se pronunció sobre esos pedidos. Así, desde el pasado 21 de febrero, las medidas ordenadas por el juez Fernández Viera quedaron en el aire. Las cosas volvieron al estado anterior y facilitaron la continuidad de los actos de disposición irregular del patrimonio de la sucesión.

La cautelar venció y volvió la fiesta

Pidieron una cautelar ambiental para frenar la venta ilegal de lotes.

Tras la feria, abogados que patrocinan a coherederos y compradores de lotes estafados solicitaron al juez Pablo Muiños que prorrogue la prohibición de venta de lotes en Finca Valdivia.

Sin que el juez se pronuncie hasta hoy, volvieron a aparecer en Mercado Libre y en las redes sociales avisos en los que se ofrecen terrenos en el barrio privado San Benjamín, o loteo BM, a valores de $350.000, $420.000 y hasta $620.000, de contado o financiados con entregas de $100.000 hasta $180.000.

Algunos de los avisos fueron publicados a nombre de Carolina Soler, cuyo Facebook, según vecinos afectados, ocultaría con un falso perfil a vendedores a comisión. 

El juez Muiños también tiene por resolver una cautelar ambiental que solicitó el coheredero Francisco Herrera, en base a la nota con la que la directora general de Urbanización y Catastro, Laura García de Leonarduzzi, aclaró que el Municipio no autorizó en ningún momento el loteo de Méndez y que el proyecto de urbanización carece de un estudio de impacto y del correspondiente certificado de aptitud ambiental (CAAM).

Ese informe, que fue elevado el pasado 19 de enero a la subsecretaria de Planificación y Control Urbano, María Eugenia Angulo, llegó al despacho de Muiños hace un mes junto al pedido de amparo ambiental. 

El juez trasladó la presentación al fiscal Civil 1, Rodrigo Erazo Schmidt, para que se pronuncie sobre la legitimación de Herrera. La decisión dilató el fallo que prohibiría la continuidad de la comercialización irregular de lotes.

Qué dice la ley

El artículo 30 de la Ley 25.675, de presupuestos mínimos para la gestión sustentable del ambiente, establece que “toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”.
 

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