Sabido es que desde siempre las estanterías de los despachos judiciales están abarrotados de expedientes. Las que producen ese cuello de botella en los despachos de jueces y fiscales son las causas por delitos que, según leyes, establecen penas de ejecución condicional. Es decir, las que fijan condenas de menos de tres años de prisión, lo que posibilita que el imputado quede en libertad.
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Sabido es que desde siempre las estanterías de los despachos judiciales están abarrotados de expedientes. Las que producen ese cuello de botella en los despachos de jueces y fiscales son las causas por delitos que, según leyes, establecen penas de ejecución condicional. Es decir, las que fijan condenas de menos de tres años de prisión, lo que posibilita que el imputado quede en libertad.
Como es lógico, los jueces le dan prioridad a las denominadas “causas con presos” y de esa manera las “sin preso” van quedando como remanente, esperando su turno para cuando hay tiempo, para cuando al juez le queda algún “huequito” en su agenda.
Para resolver esta cuestión, desde hace un tiempo, la Justicia de Salta parece que le está encontrando la vuelta a la cosa. A lo que se apunta es no solo evitar el fantasma de la prescripción o las excesivas demoras en los procesos, sino posibilitar que los imputados no caigan en la reincidencia y se conviertan en potenciales delincuentes. De eso se trata, en definitiva, el asunto.
En aras de sazonar las penas de ejecución condicional y para que éstas no caigan en saco roto, los jueces tomaron la decisión de agregarle otros condimentos a las reglas de conducta que debe cumplir a cualquier condenado que goza del beneficio de la libertad.
En algunos casos les imponen como condición que terminen sus estudios, que se inscriban en alguna carrera universitaria o terciaria, que consigan un trabajo digno, que hagan determinadas actividades solidarias, etc. Todo ello, bajo apercibimiento de cumplir la condena en la cárcel en caso de no cumplir con esas obligaciones.
Los que han tomado la posta con la aplicación de este sistema son los jueces del interior de la provincia, donde la situación se complica por cuestiones de distancia. Días pasados, el camarista itinerante de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, trasladó su despacho a la ciudad de Rosario de la Frontera para resolver, en una maratónica jornada, una batería de casos sin preso. En uno de los juicios abreviado, el magistrado impuso a tres jóvenes una insólita restricción: “la prohibición de salir a los bailes”.
El juez sureño condenó a los muchachos a tres años de prisión condicional por ser autores “voluntarios y responsables del delito de tenencia simple de estupefacientes”. Con buen criterio su señoría adoptó esa decisión porque de la investigación policial surgió que los chicos no solo concurrían a los boliches de la Ciudad Termal a bailar, sino que lo hacían para vender drogas al menudeo a los concurrentes.
Al establecer esta prohibición, el juez quiere asegurarse que los condenados no volverán a contaminar el ambiente de la diversión nocturna rosarina con su accionar delictivo. Y de paso, como quien dice, lanzó un tiro por elevación para quienes los quieran imitar.
Quienes asistieron al juicio comentaron que los muchachos acusaron fuertemente el impacto cuando Fucho leyó el párrafo de que no podían asistir a los bailes. Quizás lo que resolvió el magistrado pueda parecer entre exagerado o irónico, pero en los hechos no es así. “No es una cosa menor que un joven, en cumplimiento de las reglas de conducta impuesta, tenga que abstenerse de concurrir a los boliches por el término de tres años”, expresó un colaborar del estricto juez. En el mismo fallo, también se conminó a los jóvenes a que terminen sus estudios secundarios y consigan un trabajo para ganarse dignamente el pan de cada día. “Churito lo de este juez”, dijo un vecino que fue a “espiar” el juicio.