La provincia de Salta necesita más de 72.000 viviendas para zanjar el déficit habitacional que afecta, fundamentalmente, a los sectores con más bajos ingresos. Así lo señala un informe que elaboró el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (leral) de la Fundación Mediterránea.
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La provincia de Salta necesita más de 72.000 viviendas para zanjar el déficit habitacional que afecta, fundamentalmente, a los sectores con más bajos ingresos. Así lo señala un informe que elaboró el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (leral) de la Fundación Mediterránea.
En la cifra, desprendida de los últimos censos del Indec y las proyecciones del Anuario Estadístico de la Provincia, se refleja el déficit total cuantitativo que incluye tanto a los allegamientos (hogares que cohabitan bajo un mismo techo) como a las viviendas inadecuadas.
La estimación resume la lacerante realidad de miles de familias que alquilan o viven hacinadas en los cordones urbanos, como también la de grupos campesinos y comunidades originarias que habitan en dramáticas condiciones con menos visibilización.
"Si nos quedamos a esperar a que el IPV y los créditos hipotecarios solucionen el problema habitacional, la verdad es que estamos muy equivocados", sostuvo Lucas Dapena, economista jefe del Ieral en el NOA, tras señalar que "existe una gran franja de la población que no puede acceder a las viviendas con los precios que se manejan hoy en el mercado". Los cálculos más conservadores indican que un 60% de la población, por los bajos niveles de sus ingresos, está marginada de los créditos, programas subvencionados como Procrear y los desarrollos privados.
Por el elevado costo de las infraestructuras y por normas que las encarecen, las parcelas de las urbanizaciones abiertas y cerradas, como también los departamentos de los edificios de altura, solo están al alcance de los sectores con mayores ingresos formales.
Según el estudio del Ieral al que accedió este diario, en Salta el déficit habitacional pasó de 46.768 viviendas en 2001 a 62.340 en 2010 y se ubica hoy, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del Anuario Estadístico de la Provincia, en 72.203 viviendas. El resto de las provincias del NOA presenta un patrón de comportamiento similar al de Salta.
El IPV tiene por estos días. La diferencia en relación con el déficit apuntado por la Fundación Mediterránea se explica por las miles de familias sin techo que no están postuladas ante el organismo. Muchas desistieron en la espera de una vivienda social que les resultó por años esquiva. No son pocos también los grupos con niveles de ingresos medios y altos que, sin tener al IPV como una opción, apuntan a los desarrollos urbanísticos privados.
“Cerca del 44% del déficit de viviendas está concentrado en la ciudad de Salta”, precisó Dapena. Los informes del Ieral dan cuenta de la fragmentación física y social que se acentúa en el área metropolitana por la anárquica expansión de urbanizaciones abiertas y cerradas.
“El modelo de desarrollo urbanístico del sector privado, con intervención del Estado solo como órgano de control, potenció el déficit habitacional, tanto en su forma cualitativa como cuantitativa, dando pie a grandes estafas con loteos que, sin cumplir con las normativas vigentes, defraudaron a cientos de familias”, advirtió el economista de la Fundación Mediterránea.
“Las posibilidades de acceso a una vivienda digna se ampliaron para una minoría con poder de compra y se redujeron drásticamente para la mayoría de la población”, acotó.
En el Gran Salta, a la par del fragmentado proceso expansivo, se acrecentó la desigualdad social. El crecimiento motorizado por las lógicas actuales, propendió al desplazamiento de la población acomodada de la ciudad de Salta hacia urbanizaciones de Cerrillos, San Lorenzo, Campo Quijano y otros municipios vecinos. En éstos, el crecimiento demográfico triplica desde hace algunos años al de la capital, donde Dapena consideró necesario “evaluar la recodificación de zonas clasificadas como suburbanas.
Las disímiles normativas municipales también favorecen el crecimiento expansivo insustentable, al igual que las asimetrías que existen en los costos de las infraestructuras exigidas para los proyectos urbanización en distintas comunas.
Cada vez más voces concuerdan en que se deben adecuar normativas para agilizar los procedimientos, racionalizar los costos de los terrenos y complementar inversiones estatales y privadas en procura de cubrir las demandas habitacionales de las familias con menores ingresos. “Sin una solución integral que incorpore las zonas rurales con adecuadas planificaciones urbanas y ambientales el crecimiento de Salta será inorgánico, desordenado y las brechas del déficit habitacional se agrandarán cada vez más ”, afirmó Dapena.
Los grupos familiares inscriptos en el IPV
Hay 21.659 postulantes anotados en espera de una vivienda social.
En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hay 21.659 familias inscriptas en espera de poder acceder a una vivienda social.
De acuerdo con las fichas que se encuentran activas en ese organismo, 16.446 de los postulantes cuentan con ingresos menores o iguales a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta franja social está priorizada en el plan que reglamentó el Ministerio del Interior a través de la resolución 122/17.
Desde el pasado 1 de marzo, recordemos, el valor del salario mínimo, vital y móvil está fijado en $12.500.
En el IPV hay otras 5.213 familias con ficha social activa e ingresos superiores a los dos salarios mínimos.
De acuerdo con los registros oficiales, en los últimos 11 años se terminaron y entregaron cerca de 20.000 viviendas sociales y 13.000 soluciones habitacionales, entre las que se incluyeron completamientos y ampliaciones, núcleos húmedos y conexiones de servicios básicos.
“Salta es una de las provincias que más ha trabajado en materia habitacional para hacer frente al déficit”, afirmó el presidente del IPV, Sergio Zorpudes, tras remarcar que todos los esfuerzos e inversiones del sector público resultan siempre insuficientes, en Salta como en el resto del país, para afrontar la creciente demanda. “El Estado no puede hacerlo solo”, recalcó Zorpudes, quien insistió en la necesidad de “estimular al sector privado con políticas que faciliten la concreción de proyectos en materia de vivienda social” y también con “canales diferenciales para que los proyectos se realicen en el menor tiempo posible”.
“Cuanto hablamos de canales diferenciales, nos referimos, por ejemplo, a la aprobación de los planos de nuevos loteos, a la agilización de las factibilidades dadas por las empresas prestatarias de servicios, a líneas de créditos bancarios blandos o subsidiados y a todo aquello que posibilite un mejor y más rápido acceso a la primera vivienda”, explicó Zorpudes.