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Avanza la ley para desvincular el valor de las multas de tránsito del precio de la nafta

Diputados otorgó media sanción al proyecto que propone eliminar el precio del litro del combustible como parámetro para las sanciones.
Jueves, 11 de abril de 2019 02:40

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que dispone reemplazar el precio del litro de combustibles líquidos por el valor equivalente al 2% del salario mínimo vital y móvil como base de valor económico para la aplicación de las multas de tránsito.

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La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que dispone reemplazar el precio del litro de combustibles líquidos por el valor equivalente al 2% del salario mínimo vital y móvil como base de valor económico para la aplicación de las multas de tránsito.

En los fundamentos de la medida se señala que el motivo por el que se había optado por el valor del litro de nafta como unidad de medida para valorizar las diferentes sanciones fue que el mismo estaba bajo regulación del Estado nacional.

Puntualiza que la decisión que tomó en estos últimos tres años el Gobierno nacional, desregulando el precio de los combustibles, librándolo al libre mercado, hizo que se dolarice y, en consecuencia, elevó sobremanera el monto de las multas de tránsito.

También se explicó que con la propuesta de fijar la unidad de medida a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, se mantendrán actualizados los valores de las sanciones pecuniarias de acuerdo al valor adquisitivo "sin que las mismas se conviertan en confiscatorias".

El titular de la comisión de Hacienda, diputado Mario Vilca, dijo que se buscó una referencia que no tenga incidencia directa con la inflación ni con el valor del dólar y "sea acorde al estado de vulnerabilidad social que tenemos actualmente en la provincia".

"Antes el valor del combustible no sufría constantes actualizaciones en sus precios, pero esa situación cambió por la crisis que estamos atravesando", señaló el legislador.

Por su parte, el titular de la comisión de Legislación General, diputado Lucas Godoy, puntualizó que el proyecto en tratamiento pone blanco sobre negro ante las nuevas realidades, "ya que no se puede atar el valor de las multas al precio de los combustibles líquidos porque la desregulación del Estado nacional atenta contra esta iniciativa".

El diputado Guillermo Martinelli explicó que el cambio de medida cuantificadora se debe a que la misma ahora es manejada por el sector privado y el precio se dolarizó, por lo que consideró indispensable una nueva referencia.

Matías Posadas observó que la dolarización hizo impagables los elevados montos por multas menores, pero entendió que se debía estudiar si es oportuno realizar el cambio de cálculos de los montos y planteó que el proyecto regresara a comisión. Este pedido fue rechazado por la mayoría de los legisladores.

Los diputados Baltasar Lara Gros y Javier Diez Villa confirmaron el apoyo al proyecto pero cuestionaron que desde su perspectiva "se avasalla normas municipales como lo son las ordenanzas".

El diputado Claudio Del Plá pidió abstenerse de la votación y dijo que no cree que las multas sean la forma más eficaz para un cambio de conductas, sino que son otro tipo de actividades sociales los que producen una concientización. El proyecto con media sanción pasó ahora al Senado.

Policía minera

A través de una declaración, la Cámara de Diputados planteó la necesidad de crear una división de policía minera, como parte de la estructura orgánica de la Policía de la Provincia de Salta.
Como objetivos para la creación de esta división figuran “resguardar la vida, los bienes y demás derechos” de pobladores, trabajadores y bienes.
El autor de la iniciativa, el diputado por Los Andes César Córdoba, aseguró que “se busca afianzar los controles que se deben realizar a empresas mineras debido al auge en el que se encuentra el sector en la provincia, el cuidado del medio ambiente, fomentar la mano de obra local y velar por la correcta circulación de transportes pesados en las rutas”.
Por otra parte, la Cámara baja pidió al Ejecutivo provincial que se arbitren los medios necesarios para organizar campañas de prevención, concientización y control del consumo de alcohol, destinado a adolescentes jóvenes y padres de familia, en todo el territorio salteño.
 

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