La Asociación de Taximetristas de Salta se presentará como amicus curiae en el amparo que la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) de Salta impulsa para anular el aumento del 100% en el boleto del colectivo que la Autoridad Metropolitana de Transporte le autorizó a Saeta.
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La Asociación de Taximetristas de Salta se presentará como amicus curiae en el amparo que la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) de Salta impulsa para anular el aumento del 100% en el boleto del colectivo que la Autoridad Metropolitana de Transporte le autorizó a Saeta.
"Desde fines de 2014 que luchamos contra el mecanismo con el que Saeta sube el precio de los boletos", afirmó en diálogo con El Tribuno el titular de la Asociación de Taximetristas de Salta, Gerardo Vaso.
Vaso afirmó: "Nos vamos a presentar con fundados y valederos cuestionamientos para rechazar las medidas adoptadas por Saeta y la AMT, ya que vulneran los derechos constitucionales de los usuarios. No se puede aplicar un aumento del 100% en las tarifas cuando los incrementos salariales no alcanzaron el 40%, es inconstitucional".
El 15 de marzo pasado, UCU presentó un amparo colectivo contra la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta (AMT) y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor S.A. (Saeta), en el que solicita la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones N§ 411/18 y 412/18 que convocaron un procedimiento de documento de consulta.
La entidad, por intermedio de su apoderada, Emilia Calmejane, busca que la Justicia anule el aumento de precios del boleto porque considera que la medida "atenta contra el principio de regresividad, ya que debió realizarse una audiencia pública, con una publicidad y plazo de participación ciudadana que fueron insuficientes".
La causa tramita ante el Juzgado de Minas de la Provincia de Salta, a cargo de la jueza María Victoria Mosmann. Según Calmejane, la AMT tiene plazo hasta esta semana para presentar todos los fundamentos que justifican el aumento y, de no hacerlo, la jueza podría declarar a las autoridades del organismo "en rebeldía".
Por su parte, desde la AMT se consideró que el amparo no va a prosperar ya que el ente cumplió con lo que establece la ley, que es efectuar una consulta pública mediante dos mecanismos: la audiencia pública y el documento de consulta público. Y el organismo oficial lo hizo a través del segundo mecanismo, al igual que las tres anteriores oportunidades.
"Poder"
Para Vaso, la AMT es "desde su creación un ente pernicioso, con hijos y entenados, donde los hijos serían las empresas de colectivos y los entenados, los taxistas".
En este sentido, Vaso recordó que en 2015 elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Santiago Godoy, para que el cuerpo legislativo "revise y corrija la ley 7322 (de creación de la AMT), ya que la aplicación de sus normas no garantiza ni asegura al ciudadano usuario la transparencia necesaria para el cumplimiento en dicha ley".
Vaso fundamentaba su exigencia en que "la irregularidad más notoria de esta ley se ve reflejada en el artículo 4, que dice: "detentará las siguientes funciones y facultades'". En su nota a Godoy, Vaso le "informa que la palabra "detentar', para la Real Academia Española, es un verbo cuyo significado consiste en "apropiarse de manera ilegítima de algo, reteniéndolo y haciendo un uso que no le corresponde'", por lo que "esta Legislatura no debe atribuirle el poder ilegítimamente o indebidamente a persona alguna".
Por considerarlos ilegítimos, Vaso ya había acudido a la Justicia por los aumentos que Saeta aplicó en diciembre de 2014 y, posteriormente, en agosto de 2015. Incluso participó en las audiencias públicas exponiendo los fundamentos de su postura contraria a los incrementos, pero nunca obtuvo respuesta positiva o negativa de los funcionarios del Poder Judicial. Su presentación duerme en algún escritorio del Juzgado de Garantías N§1, desde el 30 de enero de 2015.