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ADP

Impugnarán la asamblea que expulsó a Argañaraz de ADP

Docentes piden que se forme una comisión interventora y harán una presentación formal. La ahora extitular del gremio también adelantó que rechaza la votación.
Domingo, 28 de abril de 2019 00:37
Foto Jan Touzeau

Luego de la polémica asamblea de la Asociación Docente Provincial (ADP), en la que se decidió la expulsión de su ahora exsecretaria general, Patricia Argañaraz, un grupo de afiliados aseguró que impugnará la reunión. Denuncian que se violaron varios puntos del estatuto gremial, por lo que el resultado no sería válido. Apuntan también contra la comisión directiva por considerar que son "cómplices" de las irregularidades en la administración. Pedirán una comisión interventora y un llamado a elecciones en tres meses.

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Luego de la polémica asamblea de la Asociación Docente Provincial (ADP), en la que se decidió la expulsión de su ahora exsecretaria general, Patricia Argañaraz, un grupo de afiliados aseguró que impugnará la reunión. Denuncian que se violaron varios puntos del estatuto gremial, por lo que el resultado no sería válido. Apuntan también contra la comisión directiva por considerar que son "cómplices" de las irregularidades en la administración. Pedirán una comisión interventora y un llamado a elecciones en tres meses.

La asamblea extraordinaria de uno de los mayores gremios de la provincia fue convocada por la comisión directiva para ayer a las 8.30 en el complejo Nicolás Vitale, que fue copado por docentes. En el encuentro se debía decidir sobre la expulsión de Argañaraz, denunciada por desmanejos de fondos gremiales.

La reunión se dividió en tres bandos: los que apoyaban a Argañaraz; los que querían la expulsión de la gremialista pero estaban de acuerdo con la continuidad de la comisión directiva que quedó a cargo desde que suspendieron a la secretaria general, y los que advertían que era "hora de limpiar el gremio" y pedían someter a votación la expulsión de la comisión directiva.

La gremialista tenía diez minutos para defenderse. Argañaraz llegó acompañada de un escribano y el abogado Juan Solá. Pero el acceso les fue negado por los guardias de seguridad privada que blindaron el complejo y tampoco dejaron ingresar a los medios. La negativa se basó en que "solo" podían ingresar "afiliados". Argañaraz finalmente no ejerció su derecho a la defensa ni participó de la asamblea.

Diferentes grupos que históricamente se opusieron a la conducción de Argañaraz y a su antecesor, Virgilio Choque, a los que señalan como "la burocracia sindical", también advirtieron que la negativa fue ilegal porque el estatuto contempla el derecho a "ser asesorada".

"Tenemos videos de cuando no la dejaron entrar. La patotearon los de la Policía y los de seguridad. Estuvo desde la 8.30 de la mañana, Cerezo no la dejó entrar. Y toda persona que es acusada tiene derecho a defenderse. Estamos en contra de su gestión, pero deberían haberla cuidado", aseguró la docente y abogada Patricia Zoraida, luego de dejar el megáfono con el que convocaron, tras la asamblea, a unirse para que se "vayan todos".

Cerca de las 12, desde detrás de las vallas, José Cerruti, integrante de la comisión directiva, leyó la orden del día: la expulsión de Argañaraz. Casi todo el complejo, que a esa hora ya estaba repleto, levantó la mano a favor y la asamblea terminó entre gritos de docentes y hasta llantos.

Entre los más ofuscados se encontraba el gremialista Carlos Gamboa, que apuntó con la "comisión revisora de cuentas" porque ellos tenían "la obligación de controlar y no lo hicieron".

"Estoy indignada, queríamos la destitución de toda la comisión directiva porque seguro sabían de toda la corrupción. No pudimos imponer el artículo 30. Exigimos una nueva asamblea y nos organizaremos para llevarla a cabo. Estamos cansados de tanta corrupción", afirmó Rosalinda Liendro desde las gradas del complejo.

"Se nota por los WhatsApp que había gente de Marita Cerezo (tesorera de la comisión directiva) y de Argañaraz. Traían gente en colectivos, les pagaban 2.500 pesos a los autos que venían, repartiendo aquí las gorras, nos maltrataron. Fue una asamblea salvaje y antidemocrática. Cerruti no bajaba la música y nos negaba el micrófono", denunció Mercedes Caliva con un cartel en la mano que pedía:"Que se vayan todos".

Mientras adentro se firmaba por la impugnación de la asamblea, afuera esperaban docentes del interior con las gorras cuestionadas. "Tenemos que ir de a poco con la limpieza del gremio, lo principal era la expulsión de Argañaraz. Más responsabilidad tuvo Patricia", aseguró Azucena Carrizo, de Tartagal. "Tenemos que comenzar por la cabeza", manifestó Romina Vieyra, de Mosconi.

Los discordantes convocaron a firmar un documento de impugnación para presentar al Ministerio de Trabajo, en el que piden la expulsión de la comisión directiva, elecciones en tres meses, cerrar la posibilidad de una intervención gubernamental y votar una comisión interventora integrada por afiliados. "Con esto la ADP muestra de qué lado va a estar en lo que se viene, en la reforma del estatuto docente, y van a violar nuestros derechos. Por eso es importante que no demos por terminado acá", advirtieron por megáfono.

Los que impugnarán la asamblea

Patricia Argañaraz llegó a las 8.30 acompañada de un escribano y su abogado Juan Solá para hacer uso de su derecho a defensa, que consistía en una exposición de diez minutos ante sus colegas. Los guardias de seguridad no les permitieron el ingreso a sus asesores porque “solo podían participar de la asamblea los afiliados”. Luego de forcejeos, y de denunciar que la negativa iba en contra del estatuto, la ahora exsecretaria de uno de los mayores sindicatos de la provincia aseguró que impugnará la medida. 

Después de la votación a mano alzada, un sector que se opone a la gestión de Argañaraz y a la actual comisión directiva labró un acta de impugnación. Invitaron a todos los presentes a firmar. Piden que se llame a una nueva asamblea para votar por la expulsión de la comisión, “por ser cómplices de Argañaraz”. Quieren una comisión interventora, nuevas elecciones y rechazan cualquier posibilidad de intervención gubernamental en el gremio docente. “Que se vayan todos”, pidieron. 

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