La Cooperadora Asistencial de Salta capital cooperará con la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) de la Corte de Justicia provincial en la detección de casos críticos y asistencia a las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social. Además, ambos organismos trabajarán en capacitaciones sobre el tema.
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La Cooperadora Asistencial de Salta capital cooperará con la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) de la Corte de Justicia provincial en la detección de casos críticos y asistencia a las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social. Además, ambos organismos trabajarán en capacitaciones sobre el tema.
La jueza de la Corte de Justicia de Salta y supervisora de la OVFG, Sandra Bonari, y el presidente de la Cooperadora Asistencial de la Capital, Pablo Outes, firmaron esta semana un convenio de cooperación mutua que permitirá promover el desarrollo de actividades educativas, culturales, de investigación y difusión en cuestiones de interés común para realizar cursos, seminarios y otras actividades de especialización para el abordaje integral de los casos de violencia familiar y de género.
Además, durante la firma del acuerdo estuvo el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano.
El convenio posibilitará que se realicen derivaciones más ágiles para la atención de las personas expuestas a situaciones de violencia familiar y de género.
En tanto, la Cooperadora brindará asistencia social prioritaria a las víctimas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad cuando la Oficina de Violencia Familiar y de Género le derive casos, previo informe social de riesgo.
La OVFG y la Cooperadora llevarán un registro con información sobre los casos asistidos como resultado de la interacción entre ambas instituciones. Se destacó que se garantizará el resguardo de la intimidad y la confidencialidad legalmente protegida.
El convenio señala que los poderes del Estado se encuentran comprometidos en adoptar mecanismos que aumenten sus capacidades y recursos para cerrar la brecha existente entre la demanda de la sociedad en torno al flagelo de la violencia familiar y de género y el servicio de administración de Justicia, asegurando una atención adecuada, integral, oportuna y efectiva, a la vez que permita brindar asistencia social prioritaria a los casos de extrema vulnerabilidad.
Asistencia económica
El convenio se firmó tras una reunión que se hizo en la Corte de Justicia de Salta el jueves. Pablo Outes afirmó: "Tratamos de seguir de cerca todo lo inherente a políticas preventivas. Contamos con la experiencia, a mediano y largo plazo, de lo que esta problemática significa y de los recursos que implica".
Por su parte, Nora Ríos, titular del área de Convenios Institucionales de Cooperadora, destacó: "Venimos trabajando con OVIF desde 2016 para colaborar en la asistencia a las víctimas de violencia de género. Según los casos, brindamos asistencia social, económica y lo que la víctima pueda demandar".
Sandra Bonari señaló que "el Poder Judicial ha generado a través de OVIF una lucha permanente contra este flagelo que nos azota. Pero esto requiere del apoyo de todos los poderes del Estado y de todos los ciudadanos para minimizar y erradicar la violencia".
Hay unas 47 denuncias por día
En 2018 se hicieron 47 denuncias de violencia familiar y de género por día, cifra que superó el promedio de 31,9 por día que se había registrado en 2017, de acuerdo a los datos que difundió el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM).
Un total de 8.477 denuncias fueron remitidas a los juzgados de Violencia Familiar y de Género durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2018, según estadísticas oficiales.
La suba que hubo en 2018 puede evaluarse como un síntoma positivo, en una provincia en emergencia social por violencia de género desde 2014, porque implica que más víctimas llegan a pedir ayuda.
El convenio que se firmó entre la Corte de Justicia provincial y la Cooperadora Asistencial de Salta capital permitirá solucionar y dar respuesta a los casos más urgentes.
Desde el organismo municipal asistirán a las víctimas que no pueden retornar a sus hogares y les darán un resguardo mientras la Justicia emite una resolución.