Mario Salto, el padre del niño de 11 años secuestrado, violado y descuartizado en la localidad santiagueña de Quimilí en 2016, denunció la existencia de "encubrimiento judicial y político" para descubrir y condenar a los asesinos.
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Mario Salto, el padre del niño de 11 años secuestrado, violado y descuartizado en la localidad santiagueña de Quimilí en 2016, denunció la existencia de "encubrimiento judicial y político" para descubrir y condenar a los asesinos.
"En Santiago del Estero hay una Justicia que no puso lo que hay que poner, existe un encubrimiento del Poder Judicial y político con los asesinos de mi hijo", dijo a través de un video publicado en su cuenta personal de Facebook.
El peón rural de 48 años recordó que hace dos años y diez meses "en Santiago del Estero se concretó el crimen más aberrante y atroz de los últimos años en este país”.
“Marito no quería morir, era un niño fuerte y como surgió de la autopsia realizada por forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, murió por todos los cortes que le hicieron en vida, cortándole las piernas, brazos y la cabeza", añadió.
En otra parte del video, Salto se dirigió al gobernador santiagueño Gerardo Zamora y expresó: "Mediante dos notas, pedí tener una audiencia con usted, nunca me recibió y no soy narcotraficante ni violador”.
"Luchemos para que no haya otro Marito y les pido que compartan este video y a la prensa nacional que venga a Santiago a involucrarse e investigar más", concluyó el hombre en su nuevo clamor por justicia.
La causa judicial
En tanto, un tribunal rechazó un pedido de excarcelación extraordinaria del matrimonio que está acusado de planificar el secuestro, violación y decuartizamiento del niño de 11 años.
La resolución fue dictada por un tribunal de Casación Penal, ante un planteo realizado por los abogados Hugo Frola y Francisco Palau, quienes reclamaron la liberación de Miguel "El Brujo" Jiménez (59) y su esposa, la docente Arminda Díaz (58).
Miguel "El Brujo" Jiménez
Los defensores Frola y Palau denunciaron que a un año y medio de los arrestos Jiménez y su esposa "no pudieron declarar porque no saben de lo que fueron acusados".
"Incluso la jueza salió a decir que el caso estaba esclarecido y hace poco ordenó hisopados a más de tres mil personas para compararlos con los ADN encontrados en el cuerpo de la víctima y denegó pruebas ofrecidas que impiden una defensa técnica eficaz", precisaron los letrados.
Ante el tribunal, integrado por el presidente de la Corte santiagueña, Sebastián Argibay, y los vocales Federico Alzogaray y Gustavo Herrera, los defensores indicaron que "los ADN realizados a los detenidos arrojaron resultados negativos, al igual que pericias caligráficas de escritos secuestrados en la causa".
Asimismo, denunciaron que "no existen informes periciales" sobre la utilización de perros adiestrados que marcaron la casa de Jiménez, en la que encontraron un santuario de San la Muerte.
Con anterioridad, la Cámara de Apelaciones había confirmado el fallo de primera instancia que hizo lugar al pedido de excarcelación extraordinaria para el hijo del matrimonio, Miguel Argel Jiménez (23), el cuarto de los primeros sospechosos en recuperar su libertad.
Por el hecho hay otros cuatro detenidos: Rodolfo "Rody" Sequeira (45), acusado del secuestro del niño; Ramón "Burra" Rodríguez (59); David Tomás Sosa (23), quien inicialmente declaró como un testigo de identidad reservada, y Alfredo Daniel Albarracín (22).
El cuerpo desmembrado del pequeño fue encontrado en un basural el 2 de junio de 2016, dos días después de haber desaparecido cuando fue a pescar a una represa, en el otro extremo de la población rural ubicada a 220 kilómetros de la capital provincial.