El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó hoy en Salta una capacitación para fiscales y jueces federales ante la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en esta provincia y en Jujuy.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó hoy en Salta una capacitación para fiscales y jueces federales ante la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en esta provincia y en Jujuy.
El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica de Salta, desde donde el funcionario se refirió a los puntos más importantes de la reforma. “Este código preve procesos más rápidos con audiencias orales, con más derechos para las víctimas y con un proceso que debería durar menos tiempo. Tenemos procesos que pueden durar 10 años, pero esperamos que se reduzca sustancialmente”, manifestó.
Asegúró que el Código, aprobado a fines de 2018, “comenzará a aplicarse a partir del 10 de junio de este año. Permitirá, a través de procesos más rápidos, sencillos y transparentes, investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos”.
Garavano participó del panel “Planificación de la implementación del CPPF en Argentina: visión nacional” junto al procurador General de la Nación Eduardo Casal, el senador nacional Rodolfo Urtubey, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone y la defensora ante los Tribunales Orales Federales de Salta, Clarisa Galán. La inauguración estuvo a cargo del rector de la UCASAL, Rodolfo Gallo Cornejo.
El Código Procesal Penal Federal aprobado el 6 diciembre pasado, instaura el sistema acusatorio que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.
La nueva norma introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014, y está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado. Además incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.