La matrícula de todos los establecimientos educativos de El Bordo apenas supera los 1.800 alumnos en todos los niveles. Sin embargo, la empresa que presta el servicio urbano de pasajeros en esa localidad, Transporte Urkupiña, tiene facturados hasta 101.000 pases libres estudiantiles por mes, según constancias a las que accedió El Tribuno.
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La matrícula de todos los establecimientos educativos de El Bordo apenas supera los 1.800 alumnos en todos los niveles. Sin embargo, la empresa que presta el servicio urbano de pasajeros en esa localidad, Transporte Urkupiña, tiene facturados hasta 101.000 pases libres estudiantiles por mes, según constancias a las que accedió El Tribuno.
De acuerdo con el tope de abonos dispuesto para los estudiantes del interior (40 pasajes por mes), el municipio menos poblado del departamento General Güemes tiene 2.535 alumnos supuestamente beneficiados con la gratuidad. La cifra suena absurda, porque los establecimientos educativos de esa jurisdicción municipal tienen registrados menos estudiantes que los que figuran como presuntos beneficiarios de pases libres.
Además, cuesta imaginar cómo pueden los dos colectivos habilitados en El Bordo transportar semejante masa de estudiantes, en los horarios de entrada y salida de clases, aunque circulen repletos de pasajeros.
En esa y otras localidades del interior, a diferencia del sistema que administra Saeta en el área metropolitana de Salta, la Provincia no subsidia el 100% de los boletos gratuitos, sino solo la mitad del precio. El otro 50% es cubierto por las propias operadoras de los servicios urbanos e interurbanos.
En Tartagal
La ciudad cabecera del departamento San Martín, Tartagal, tiene una población 11 veces mayor que la de El Bordo y una matrícula de más de 24.000 alumnos en los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.
El servicio urbano está a cargo de las empresas 13 de Junio, Urkupiña y Norte Grande. En seis líneas operan más de 20 colectivos, pero solo 2.532 estudiantes -por los que se facturan algo más de 100.000 viajes por mes- cuentan con boletos gratuitos, según registros del municipio norteño.
Solo un 10,5% de la matrícula estudiantil de Tartagal, la tercera ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia, tiene acceso a los pases libres que se concentran, fundamentalmente, en el servicio de la empresa 13 de Junio.
Orán, la más relegada
En San Ramón de la Nueva Orán, la segunda ciudad más poblada de Salta, la empresa Gauchito Gil factura alrededor de 40.000 abonos estudiantiles por mes con 14 colectivos habilitados.
La otra operadora, Ciudad de Orán SRL, no participa en el reparto de pases libres.
Son, en total, 1.006 los estudiantes que cuentan con la gratuidad. Es apenas un 3,6% de la matrícula escolar de la ciudad de Orán, que roza los 28.000 alumnos.
En General Güemes el servicio urbano es atendido por Urkupiña con una media docena de unidades declaradas. La firma tiene facturados allí hasta 217.000 pasajes escolares gratuitos por mes. Son 5.433 estudiantes los que se suponen incluidos en la gratuidad. Es casi el 50% de la matrícula escolar de la principal ciudad del Valle de Siancas, que en sus todos sus establecimientos educativos tiene 11.000 alumnos. También en este caso la flota habilitada se muestra claramente insuficiente para mover en los horarios de entrada y salida de clases las cantidades de estudiantes declaradas ante los organismos de control y liquidación de subsidios.
Un cuadro de situación similar se presenta en el servicio urbano de Campo Santo que, según fuentes del sector, es cubierto con dos colectivos. Urkupiña, que también es allí la única operadora, factura 85.000 pasajes escolares por mes. De acuerdo con los pases libres reconocidos a la empresa, son 2.126 los estudiantes que aparecen como supuestos beneficiarios de pases libres en ese municipio. Esa cifra equivale al 76% de la matrícula escolar de Campo Santo, que no llega a 2.800 alumnos.
Un sistema de cupos discrecional, injusto y poco transparente
Los pases libres que se subsidian en el interior arrastran vicios de raíz.
Una unidad del servicio urbano de la ciudad de Orán.
El sistema de cupos que se aplica en los boletos gratuitos del interior desde julio de 2014 arrastra inequidades e inconsistencias de base.
Por cuatro años, la Comisión Provincial de Regulación del Transporte (CPRT) actuó como puente entre los municipios y la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia, con un desempeño más que deficiente en su función de control. De otro modo no podrían explicarse las millonarias sumas en subsidios que cobró y aun percibe Transporte Urkupiña por dudosos boletos escolares.
Por caso, un simple cruce de información con el Ministerio de Educación habría bastado para advertir que en El Bordo hay más supuestos estudiantes con pasajes subsidiados que la matrícula completa de esa localidad.
Con un sencillo relevamiento también se habría corroborado que resulta imposible transportar las cantidades de estudiantes declaradas con las reducidas flotas que operan en diferentes municipios.
Las absurdas diferencias que resaltan al analizar los casos de Orán y Tartagal no dejan dudas de la discrecional distribución de los abonos subsidiados y el mal desempeño de algunos funcionarios.
Es el caso de Oscar Alberto Cruz, excoordinador de la Comisión Provincial de Regulación del Transporte (CPRT), quien enfrenta una causa penal que está a un paso de ser resuelta por el Tribunal de Impugnación.
Concretamente, Cruz está imputado desde 2016 por la compra de una Toyota Hilux SRV que adquirió mientras era funcionario provincial con cheques firmados por Rubén Severich, socio gerente de Transporte Urkupiña, una de las empresas a las que debía controlar.
De hecho, a poco de asumir el cargo de coordinador en 2014, el abogado Cruz fue designado al frente de una veeduría integral dispuesta sobre Urkupiña luego de que la Secretaría de Trabajo dispusiera la clausura de la empresa por incumplimientos a la legislación laboral.
La denuncia que hoy tiene a Cruz penalmente imputado fue presentada por la Cámara de Transporte de Salta en diciembre de 2015 con contundentes pruebas contra el exfuncionario que ahora trabaja del otro lado del mostrador.
Este diario confirmó días atrás que el hijo de Oscar Cruz, exsecretario general de la UTA, es el titular del dominio de Urkupiña en Internet. Así consta en el Boletín Oficial de la República Argentina 33.959, del 21 de septiembre de 2018.
Por otra parte, en los registros del sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), el abogado que enfrenta la causa por cohecho figura como empleado de Transporte San Francisco, una empresa de ómnibus que Severich registró el 13 de septiembre de 2016 en Salvador Mazza.
Pese a las millonarias sumas que percibió en subsidios, Severich no parece tener una situación financiera cómoda. Como socio gerente de Transporte Urkupiña y de Transporte San Francisco, libró en el último año 88 cheques, por $13.332.451, que fueron rechazados por falta de fondos. Solo 72 de esos cheques, por $10.273.986, fueron recuperados.
En el último año, Iván Mizzau, diputado de Orán, cuestionó insistentemente la inequidad y poca transparencia que exhibe el boleto estudiantil, tanto en comparación con el sistema del área metropolitana de Salta como entre diferentes municipios del interior. “Hay una enorme desigualdad y los estudiantes de Orán son los más relegados”, insistió el legislador ante El Tribuno.
Colectivos de 13 de Junio, una de las operadoras del servicio urbano de Tartagal.
La AMT promete cambios y nuevos dispositivos de control
Desde enero de 2018, la AMT quedó como autoridad de aplicación del boleto gratuito tanto en los corredores del área metropolitana de Salta (Saeta) como del interior de la provincia.
Desde marzo último, por uno de los cambios que introdujo el organismo, la naturaleza contractual de los pases libres empezó a suplantarse con un mecanismo de subsidios parecido al de Saeta. “Ya no se hablará más de cupos, sino de la cantidad de estudiantes que usan efectivamente el servicio ”, remarcó el titular de la AMT, Federico Hanne.
El funcionario aseguró que en el último año el organismo realizó ajustes importantes para dotar al boleto gratuito de mayor equidad y transparencia en el interior.
“Los cambios ya empezaron a aplicarse en corredores interjurisdiccionales”, sostuvo, tras aclarar que una de las limitantes que encontró la AMT para ampliar la base de beneficiarios en los servicios urbanos pasa por las flotas habilitadas en distintas localidades. “No podemos inventar capacidad de transporte”, enfatizó.
Hanne señaló que los nuevos dispositivos de control que ya están en prueba “serán incorporados a todas las unidades de los servicios urbanos tras las vacaciones de julio”.
La base del sistema será una aplicación integrada a celulares que leerá los códigos de los DNI (para controlar los viajes de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y jubilados) y tarjetas (similares a las de Saeta) que se entregarán a alumnos de los niveles inicial y primario.
Por el momento, Urkupiña se mantiene a la cabeza de los subsidios en el interior. Por los boletos estudiantiles declarados en las líneas urbanas e interurbanas que opera en los departamentos Güemes y San Martín, la firma recibió $3,6 millones en marzo y $4,3 millones en abril. Ese mes los boletos gratuitos subieron un 20%, por lo que recibió otros $850 mil.