La dirigente social Milagro Sala fue condenada este miércoles a cuatro años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy la encontró culpable del delito de ‘lesiones graves‘ contra otro referente social jujeño en 2006.
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La dirigente social Milagro Sala fue condenada este miércoles a cuatro años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy la encontró culpable del delito de ‘lesiones graves‘ contra otro referente social jujeño en 2006.
Los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían pedido cinco años y cuatro meses de cárcel en la audiencia de alegatos. Sala y otras personas fueron acusadas de agredir a Cristian César Arias, apodado “Luca”.
El hecho denunciado, del cual la dirigente declaró “no ser culpable”, ocurrió en dependencias del Ministerio de Infraestructura local el 3 de julio de 2006. Los fiscales alegaron que estaba “perfectamente acreditado y apoyado en pruebas” que Sala fue “una de las integrantes del grupo que golpeó a Arias”.
Por su parte, la defensa, que además de la absolución había pedido varias nulidades, entre ellas la del proceso, justificó su posición en que hubo “un claro armado y proceder ilegal” del juez que elevó la causa a juicio, Pablo Pullen Llermanos. Según consideró, “se afectó en distintas instancias el derecho a defensa y se está ante la prescripción de la causa por el período transcurrido”.
Por el debate oral pasaron un total de diez testigos, y Sala hizo uso de su derecho a prestar declaración. Aseguró que era inocente al sostener que ese día “habían sido convocadas varias organizaciones sociales al Ministerio de Infraestructura por una redistribución de obras de viviendas”, hubo una “pelea entre compañeros‘ de la CCC y la CTA, pero ella se mandó a mudar”.
En sus últimas palabras antes del fallo, dijo que no porque le dicten más años de sentencia “el gobernador (Gerardo Morales) va a solucionar el hambre que hay en la provincia. Están equivocados. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar”, aseveró.
La dirigente ya estaba condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.