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"El INAI no está facultado para cambiar el derecho de propiedad"

Los productores de los Valles denuncian que el uso político de la legislación pro indígena desvía recursos destinados a los verdaderos pueblos originarios
Sabado, 18 de mayo de 2019 01:23

El conflicto entre comunidades que se definen como "originarias" en los Valles Calchaquíes, en la Quebrada del Toro y en La Poma, con los dueños de las tierras acreditados con sus títulos, todos pequeños productores y en su mayoría nacidos en esos predios, debería ser resuelto con una decisión política.

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El conflicto entre comunidades que se definen como "originarias" en los Valles Calchaquíes, en la Quebrada del Toro y en La Poma, con los dueños de las tierras acreditados con sus títulos, todos pequeños productores y en su mayoría nacidos en esos predios, debería ser resuelto con una decisión política.

"No existe vacío legal, sino una interpretación forzada del derecho de propiedad por parte de algunas comunidades, que actúan en forma violenta", sostiene la Asociación de Productores de Fincas de Salta, entidad que ahora preside Adriana Bonifacio.

El criterio de "autopercepción" establecido por las nuevas legislaciones para definir quiénes son aborígenes da lugar a equívocos, ya que no está comprobado que esas comunidades conserven las tradiciones ancestrales y, en el caso de los valles salteños, no hay nadie que hable la lengua cacán.

El cinco de febrero, ocho personas quedaron imputadas luego del desalojo a autopercibidos diaguitas calchaquíes en la localidad de La Aguada, en Cachi. Un mes antes, esas personas habían desalojado, a su vez y por la fuerza, a trabajadores de la Bodega La Puna, que es la propietaria del predio. En febrero la refriega con los policías fue muy violenta y varios policías resultaron con lesiones.

Las leyes sancionadas a partir de 1985 reconocen derecho a las comunidades acreditadamente aborígenes sobre las tierras que ocupan "desde antes de la llegada de los españoles". En caso de tratarse de tierras fiscales el caso debería resolverse con rapidez. Pero la mano larga del clientelismo, que se instaló en la última década en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, permitió que punteros políticos convirtieran unidades básicas en comunidades originarias y ocuparan los mejores predios cultivables.

"Ni la Justicia ni las autoridades nacionales ni provinciales terminan de separar la paja del trigo", dijo ayer Adriana Bonifacio.

En febrero, el juez de Garantías Hugo Héctor Martínez condenó a Jonatan Dalmiro Mamaní y a Rodolfo Leonel o Lionel Mamaní a la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional, por ser autores del delito de usurpación contra una finca privada de Cachi invocando pertenencia a una comunidad diaguita calchaquí.

En noviembre, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino había desalojado a los ocupantes de tierras privadas en la Quebrada del Toro, personas que se autoperciben como miembros de la etnia Tastil. En esa oportunidad el juez puso en duda el rigor de los relevamientos atribuidos al INAI.

La condición diaguita

Adriana Bonifacio, junto con el productor Christian Ammann, al referirse al caso de La Aguada aseguró que "la Ley 23.302, así como la Constitución establecen el mecanismo de dar tierras fiscales, o en último caso expropiar a los particulares"

Los pequeños productores de los valles exigen severidad y control legal de los relevamientos de las pretendidas comunidades. "Los relevamientos territoriales no generan derechos de propiedad. Siguen hasta la fecha siendo discutidos cómo se hacen, ya que las autoridades no controlan que la posesión sea ancestral, pública, pacifica, ininterrumpida, etc., solo aceptan los dichos de las comunidades, sin controlar la posesión ancestral en absoluto", denuncian.

La condición de "diaguitas" no está probada, dicen. Se trata de culturas conocidas por estudios antropológicos, históricos, genealógicos, que al mismo tiempo descartan la posibilidad de que existan comunidades de esa etnia con existencia actual. Los habitantes afectados por las usurpaciones, cuando no son descendientes de familias con más de un siglo en las localidades en cuestión, se trata de compradores legítimos con título de propiedad. Como prueba, los productores señalan el caso del "cacique" Miguel Plaza Shaefer, médico y rugbier, descendiente de una familia tradicional de Cachi y, por parte de la madre, de ancestros alemanes.

"Coexisten en Salta dos formas de ser aborigen: los que realmente viven en comunidad de manera ancestral, conservan sus costumbres, idioma y uno que otro elemento cultural de aquellos pueblos que vivieron antes de la conquista incaica/española, y, por otra parte, los que vieron una oportunidad de autodeterminarse originarios para acceder a beneficios incalculables, como tierras, exenciones fiscales, planes sociales, fondos especiales, etc., y que no tienen nada de aborigen. El peligro es que ambos son tratados por igual y con protección legal", dicen los dirigentes de la Asociación.

La autopercepción es un recurso admitido por la OIT para dar la posibilidad de reconocer a comunidades indígenas poco visibles. "Pero de ninguna manera puede tolerarse que se lo utilice para quedarse con las tierras que otros pagaron".

El desafío, sin embargo, sigue siendo cumplir con la normativa que exige que esas personas "desciendan de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización, y que conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas" (Art. 1.b del Convenio 169 de la OIT, adoptado por Ley nacional Nº 24.071).

El derecho a la tierra

"Uno puede sentirse aborigen, creerlo firmemente, incluso serlo, pero eso tampoco lo autoriza a incumplir la ley y cometer delitos. Si usurpan o toman tierras por la fuerza deben responder a la ley como cualquier vecino", opinó Adriana Bonifacio.

"Se escucha decir que el propietario tiene una relación material con las tierras, o utilitaria, y que el aborigen tiene una relación espiritual. Es solo un cliché que se usa para quedarse con la tierra ajena. Porque las propiedades privadas de los caciques nunca se convierten en comunitarias", agregó la productora calchaquí.

"La realidad -dijo Ammann- es que son seres humanos como todos, con los mismos sentimientos, con el mismo modo mercantilista de afrontar la vida, con la misma religión, en fin, sin diferencias sustanciales ni esenciales. En realidad todo ser humano tiene una relación espiritual con la naturaleza que lo circunda, no es necesario ser aborigen para percibir la magnificencia de todo lo que nos circunda".

 

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