A partir de los sucesos ocurridos aquí en Salta el primero de mayo de 1969, cuando la policía impidió el acto del Día del Trabajo, los reclamos y manifestaciones se sucedieron casi a diario. Además de protestar por el violento accionar policial de aquel día, estudiantes y trabajadores también protestaban por los hechos de violencias registrados en otras ciudades del país.
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A partir de los sucesos ocurridos aquí en Salta el primero de mayo de 1969, cuando la policía impidió el acto del Día del Trabajo, los reclamos y manifestaciones se sucedieron casi a diario. Además de protestar por el violento accionar policial de aquel día, estudiantes y trabajadores también protestaban por los hechos de violencias registrados en otras ciudades del país.
Así por ejemplo, luego del 15 de mayo cuando la policía mató en Corrientes al estudiante Juan José Cabral, casi todos los universitarios argentinos tomaron las calles para repudiar la feroz represión. Lo hicieron con misas y marchas de silencio que se concretaron en varias ciudades de la Argentina.
Aquí en Salta, el 20 de mayo los estudiantes de Ciencias Naturales y Humanidades (UNT), ocuparon la casa de Buenos Aires 177, y al día siguiente asistieron a una misa en la iglesia de La Merced por el estudiante muerto en Corrientes. Luego del oficio se organizó una marcha de silencio que, camino a la plaza 9 de Julio, fue violentamente atacada por la policía con gases y garrotes. Esto hizo que los estudiantes reaccionaran y arremetieran a puro naranjazos contra el accionar policial, produciéndose entonces enfrentamientos, corridas y detenciones. El saldo fue que 50 personas, entre estudiantes y trabajadores, fueran detenidos y alojados en la Central de Policía.
Esta recia acción estudiantil debe haber sido una de las primeras que ocurrieron hasta entonces, en la breve historia universitaria de Salta. Tan violento fue el enfrentamiento que hubo automóviles volcados e incendiados. Y así fue que dos días después, el 23 de mayo, el Colegio de Abogados, presidido por el Dr. Ernesto Leonardi Saravia, dio a conocer un comunicado que fue muy cuestionado en su seno.
El comunicado
“El Colegio de Abogados, ante los hechos ocurridos el 21 en nuestra ciudad, se dirige a la opinión pública, preocupado por los mismos y, cumpliendo con el deber de que como grupo representativo del foro local le cabe frente al clima de violencia y enfrentamiento que se está viviendo. Como hombres de derecho consideramos que no pueden cercenarse las libertades públicas y por ello no aceptamos el desconocimiento del derecho de reunión establecido constitucionalmente; pero advertimos que se trata de un derecho limitado correspondiéndole a los demás, que están dotados de la misma legitimidad, obligándonos a su respeto. Por tanto, resultan inadmisibles los excesos y desbordes cometidos mediante atentados a la propiedad, contemplados como figuras delictivas en el Código Penal y que parecieran dirigidos por agitadores profesionales ejecutando un plan de guerrilla urbana. Es lamentable el saldo de muertos que ha dejado la protesta estudiantil en una represión policial excesiva...”.
Finalmente agrega que “considera que únicamente mediante el diálogo, el imperio de la ley, la distribución de los bienes de la cultura y la economía a todos los estratos de la sociedad, el diálogo fecundo, la superación de los antagonismos y la plena vigencia de la justicia, permitirán lograr la paz social y reconstruir la república...”, concluye el documento.
Entredicho con el Colegio de Abogados
Un grupo de abogados cuestionó con dureza el comunicado del Colegio.
A consecuencia del comunicado del Colegio de Abogados (23/05/69) referido a los sucesos del 21 de mayo, un grupo de abogados se dirigieron a su presidente, Dr. Leonardi Saravia, planteándoles su disidencia. Aquí, algunos párrafos de la nota como también el nombre de varios de los firmantes:
“Nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra total disconformidad con el comunicado del 23 del corriente.
Es preciso -continúa la nota- aclarar que dicha publicación no refleja el pensamiento de la generalidad de los abogados locales, como erróneamente indica, sino solo el de un reducido grupo de ellos. Es de lamentar que el Colegio, al encarar un tema de tanto interés y trascendencia, haya omitido la habitual consulta democrática a todos los asociados, rompiendo así una sana costumbre institucional”.
Más adelante dicen: “El comunicado es en todo su contenido, agraviante para las sanas y justas inspiraciones del movimiento estudiantil, al intentar transferir a agitadores profesionales la responsabilidad de la situación y al desconocer el efectivo valor de las reivindicaciones planteadas por el estudiantado argentino. Se expresó un tibio repudio a la bárbara represión, quedando las protestas por las muertes ocurridas, diluidas en tan extraño y confuso contexto, cuando la gravedad de la situación exigía posiciones claras y definitivas”.
En otro párrafo, detallan tres críticas al citado comunicado. El primero resalta “la extraña semejanza” con la posición del ministro del Interior Borda, quien había “desprestigiado al movimiento estudiantil y amenazado al pueblo de la República con todo tipo de represiones ilegítimas y sin reconocer la responsabilidad del gobierno en la crisis”.
Grupos represivos
La segunda crítica resalta: “El silencio ante la decisión pública de individuos nucleados en el Club 20 de Febrero que, luego de coincidir en el análisis de los hechos con el comunicado del Colegio, resuelve con petulancia y desprecio a la ley, constituir grupos privados de represión, asumiendo así las facultades de policía de la comunidad (diario Norte del 23/05769).”
Por fin, critican “La falta de pronunciamiento del Colegio ante nuestra denuncia por los procedimientos de la Policía Federal que violenta y desaprensivamente impidieron ejercer nuestra profesión a los colegas que se constituyeron en defensores de estudiantes, llegando hasta detener a un profesional. Denunciamos ante ese Colegio el cercenamiento del derecho de defensa de los detenidos en los recientes acontecimientos; su trato inhumano; la represión excesiva e injusta a manifestantes y extraños; el increíble restablecimiento de la pena de muerte y la reforma del Código Penal por bando militar; los crímenes a estudiantes y obreros...”.
Los abogados disidentes
Algunos de los letrados del foro local que firmaron su disidencia pública contra el comunicado del Colegio de Abogados fueron: Luis Adolfo Saravia, Danilo Bonari, Juan Manuel Lávaque, Ernesto Bravo, Andrés Martinelli, Marcelo Austerlitz, Luis García Vidal, Milton Morey, Manuel Pecci, Víctor Martorell, Alfredo Mussalem, Santos J. Dávalos, Cristina Garros, Mario Salvadores, Sergio Serrano Espelta, Farat Salim y Segio Santillán, entre otros.