La situación venezolana parece haber cristalizado en un punto muerto: ni el régimen de Nicolás Maduro está en condiciones de consolidarse políticamente y asegurar la gobernabilidad de un país en ruinas, ni el "presidente encargado", Juan Guaidó está en condiciones de derrocarlo. El resultado es una prolongación de la crisis, que amenaza tornarse crónica, y un aumento de la incertidumbre sobre su desenlace, sin que ninguno de ambos actores exhiba voluntad ni capacidad suficiente para negociar una salida.
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La situación venezolana parece haber cristalizado en un punto muerto: ni el régimen de Nicolás Maduro está en condiciones de consolidarse políticamente y asegurar la gobernabilidad de un país en ruinas, ni el "presidente encargado", Juan Guaidó está en condiciones de derrocarlo. El resultado es una prolongación de la crisis, que amenaza tornarse crónica, y un aumento de la incertidumbre sobre su desenlace, sin que ninguno de ambos actores exhiba voluntad ni capacidad suficiente para negociar una salida.
En la década del 60, el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero bautizó como "empate hegemónico" a "una situación en la que dos fuerzas en disputa tienen suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por la otra, pero ninguna logra reunir los recursos necesarios para asumir por si sola el liderazgo". Esto sucede hoy en Venezuela.
La autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado", impulsada por la Asamblea Nacional en enero pasado, fue un hecho disruptivo de enorme importancia que permitió deslegitimar al régimen de Maduro, profundizar su aislamiento externo, entronizar un liderazgo unificador para una oposición desarticulada y abrir una instancia de "doble poder" en la que ambos bandos disputan el reconocimiento internacional.
Sin embargo, no fue suficiente como para desencadenar movilizaciones populares capaces de materializar el derrocamiento del régimen.
Cuatro meses después, esa ofensiva llegó a su techo. Las excesivas expectativas depositadas en una rápida caída de Maduro, defraudadas por la realidad, operan como un "boomerang" en la opinión pública.
Las últimas manifestaciones callejeras convocadas por Guaidó fueron menos numerosas que las anteriores. La corriente migratoria golpea con particular intensidad sobre las capas medias de la ciudad de Caracas que constituyen la columna vertebral de la oposición. En términos políticos, ese torrente migratorio es un reaseguro para la estabilidad de Maduro.
Un régimen militar
El otro factor decisivo que marca los límites con los que tropieza Guaidó es el fracaso de la apuesta a la división de las Fuerzas Armadas. Si bien comenzó a registrarse una sangría en las filas castrenses, síntoma la insatisfacción de una franja de la oficialidad joven del Ejército, esas deserciones no coagularon en una insurrección. Disipada la esperanza de un recambio por vía militar, emergió una paradójica estabilización de la crisis.
No es un fenómeno inexplicable. La desaparición de Chávez, en marzo de 2013, privó al régimen de Caracas del carisma personal que aportaba su fundador. Maduro, expresión de la burocracia estatal surgida en los primeros quince años de "chavismo", se vio obligado a recostarse en las Fuerzas Armadas como su principal y casi única base de sustentación de un gobierno cada vez más desprovisto del apoyo popular que acompañó su ascenso en 1998. Maduro es hoy el presidente civil de un gobierno militar. Los altos mandos castrenses son beneficiarios de una red de privilegios económicos que recompensan su lealtad.
Rocío San Miguel, titular de Control Ciudadano, una prestigiosa organización no gubernamental, sostiene que "a los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades: el petróleo, la minería y los alimentos".
PDVSA, la empresa petrolera estatal que aporta el 95% de los ingresos del presupuesto nacional, tiene al frente al general Manuel Quevedo. La Compañía Anónima Militar, de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada en 2016, es presidida por el mayor general Humberto Laurens Vera. La Gran Misión de Abastecimiento Soberano, también fundada en 2016 para combatir el desabastecimiento y otorgar a los militares el control de este sector estratégico, desde la producción hasta la distribución y comercialización de alimentos y medicinas, está dirigida personalmente por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Además, los militares manejan una veintena de compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la producción de juguetes, artículos de limpieza y textos escolares.
Esta presencia militar en el manejo de los negocios del Estado, acompañada por una amplia red de corrupción que envuelve a la cúpula castrense, hace que la oposición no pueda esperar el vuelco significativo de las Fuerzas Armadas. De allí que Guaidó haya empezado a sugerir la alternativa, antes impronunciable, de solicitar, mediante una resolución de la Asamblea Legislativa, la cooperación militar internacional para materializar el derrocamiento de Maduro.
Como esa opción despierta enormes resistencias en el escenario internacional, incluso dentro de Estados Unidos, empezó a tomar cuerpo una versión que en otras circunstancias hubiera sido considerada inverosímil: la creación de un ejército privado, con financiación internacional, integrado por oficiales, suboficiales y soldados del Ejército venezolano y reforzado por combatientes hispanoparlantes, en especial peruanos, colombianos y ecuatorianos, con alto nivel profesional y armamento sofisticado, que respondería al llamado de la Asamblea Nacional.
Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater y activo defensor de Donald Trump, inició gestiones ante exiliados venezolanos en Miami y con otros inversores potenciales para recaudar fondos a fin de contratar a 5.000 combatientes altamente capacitados que se alistarían a las órdenes de Guaidó. La empresa de Prince fue contratada en otras ocasiones por la CIA para realizar operaciones subterráneas en situaciones en las los que la administración estadounidense prefiere no involucrarse oficialmente. En esos diálogos, Prince habría deslizado a sus interlocutores que Guaidó podría también contribuir con los fondos del estado venezolano en EEUU incautados por el gobierno norteamericano y puestos a disposición del "presidente encargado".
Los voceros de Prince desmienten esas tratativas, pero algunos observadores pusieron el ojo en Elliot Abrams, un veterano diplomático republicano que en la década del 80, durante la administración de Ronald Reagan, tuvo un activo protagonismo en las operaciones encubiertas impulsadas por la Casa Blanca en Centroamérica para combatir al régimen "sandinista" en Nicaragua y a las guerrilleas en Honduras, Guatemala y El Salvador, en las que intervinieron oficiales de ejércitos de varios países latinoamericanos, incluso de la Argentina.
Abrams fue designado por Trump como responsable de coordinar la acción de su administración en el tema venezolano.
No sería impensable que en su menú de opciones para romper ese "empate hegemónico" figure alguna variante de estas características.