Al igual que los otros profesionales que trabajaron para las empresas de Matías Huergo, el contador público Álvaro Anaquín declaró ayer en el Juzgado Federal que solo prestaba servicios "técnicos".
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Al igual que los otros profesionales que trabajaron para las empresas de Matías Huergo, el contador público Álvaro Anaquín declaró ayer en el Juzgado Federal que solo prestaba servicios "técnicos".
El hermano de Aníbal Anaquín fue citado por la investigación que se abrió sobre supuestas facturas apócrifas emitidas por Arcadio y otras empresas de Huergo, quien está detenido desde hace más de dos semanas.
El estudio de Anaquín, ubicado en calle O'Higgins, fue uno de los edificios allanado en enero por orden del juez federal 1, Julio Bavio.
Álvaro Anaquín declaró ente Bavio y el fiscal federal Ricardo Toranzos por más de dos horas. Según pudo conocer El Tribuno por fuentes judiciales, presentó su declaración jurada con la documentación que le aportaron sus abogados.
En su descargo remarcó que su aporte a la empresa que quedó en la mira de la AFIP era solo "técnico". De esa forma trató de despegarse de los supuestos delitos tributarios que se investigan.
"Anaquín sostuvo que su función era llevar la contabilidad de Secsa porque Huergo contrató al estudio jurídico de su hermano (Aníbal Anaquín). Él solo se dedicaba a registrar en las declaraciones juradas las facturas que le enviaban", detallaron fuentes bajo reserva de identidad.
Ayer, por cierto, estaba programado que declarara Jorge Luis Bonifacio, quien está señalado como uno de los fundadores de Arcadio junto a Gerardo Rubén Romero. Este último figura como socio de Huergo y creador de Secsa. En 2018, con Huergo cambiaron la denominación de Arcadio a Urkupiña Obras y Servicios SRL.
Situación de Huergo
Después de que el juez Bavio rechazó el pedido de excarcelación que realizó la defensa de Matías Huergo, ahora será el turno de la Cámara Federal de Apelaciones de decidir sobre la libertad del imputado por supuestas facturas truchas con el fin de evadir.
En la lapidaria resolución de la Justicia Federal que se conoció el 13 de mayo, se da cuenta de que en una computadora de Huergo que fue secuestrada en un allanamiento, los peritos informáticos tuvieron que recuperar archivos comprometedores que habían sido borrados. En ellos se detallaban supuestos pagos a funcionarios municipales.
La Cámara Federal de Apelaciones también tendrá que resolver si la causa continúa en el fuero federal o pasa una parte a la Justicia provincial (defraudación al Estado). Esto había sido dispuesto por Bavio, pero la Fiscalía apeló la medida. Argumentó que la causa perderá fuerza si se investiga por separado.
La causa
La Justicia Federal y la AFIP llevan adelante la causa que investiga una usina de facturas apócrifas. Esta causa además comenzó a tener ramificaciones, ya que con archivos encontrados en las computadoras de Huergo y con el entrecruzamiento de llamadas que realizaba el empresario con distintos actores se comenzó a barajar la posible existencia de pago de retornos a funcionarios para el direccionamiento de obras para ser realizadas en la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la Provincia.
Además, se estima que con todas estas jugadas se habría realizado una millonaria defraudación al Estado.
La resolución con la que se detuvo a Huergo reveló avances de la investigación que encararon la AFIP y el fiscal Toranzos. Se expuso de que desde una dirección IP de la Municipalidad de Salta, unas 30 empresas emitieron facturas por 121 millones de pesos. Y que esas mismas firmas con la IP de la Municipalidad y otras IP generaron facturas por más de 400 millones.