Un día antes de la intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) se emitieron 36 cheques por un total de $1,8 millones ($50 mil cada uno). Lo llamativo es que entre algunos de los beneficiarios aparecen los vocales de la excomisión, que fue desplazada el 1 de marzo. Las nuevas presentaciones que ya se hicieron ante el Ministerio Público Fiscal conducirían a que se investigue el delito de asociación ilícita. Eso es al menos lo que pide la comisión interventora.
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Un día antes de la intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) se emitieron 36 cheques por un total de $1,8 millones ($50 mil cada uno). Lo llamativo es que entre algunos de los beneficiarios aparecen los vocales de la excomisión, que fue desplazada el 1 de marzo. Las nuevas presentaciones que ya se hicieron ante el Ministerio Público Fiscal conducirían a que se investigue el delito de asociación ilícita. Eso es al menos lo que pide la comisión interventora.
El escándalo no tiene fin. La presidenta del Ippis de ese entonces, Romelia Beatriz Durán, figura como beneficiaria de 23 cheques, según consta en el documento que elevaron los interventores y al que accedió El Tribuno.
Ante el tendal de irregularidades detectadas en estos dos meses, la nueva comisión del Ippis, que tiene la función de regularizar la situación financiera del ente, amplió con cuatro denuncias la actuación bajo la denominación 09/19.
Tres presentaciones se hicieron por la emisión compulsiva de cheques y la cuarta, por deudas originadas por la construcción de viviendas. Los anteriores vocales pagaron solo $200 mil por la obra cuando el monto total era de $700 mil.
Los cheques que tenían como destinataria a la expresidenta del Ippis "terminaron siendo cobrados por otra persona, quien figura repetidamente en el listado que presentaron", remarca la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal.
Ramiro Chávez, uno de los tres interventores del Ippis, apuntó que las denuncias pueden tener implicancias de carácter penal, y advirtió que la malversación de fondos que se realizó en el Ippis puede ser "muy grande".
La primera ampliación se hizo hace dos semanas y los documentos pasaron a manos de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. Chávez remarcó que los beneficiarios de los cheques son los mismos que los firmaron, es decir, los vocales de ese entonces. Además de la expresidenta, aparece el extesorero del Ippis.
El interventor afirmó a El Tribuno que hay un sinnúmero de cheques con otros beneficiarios que se presentan con frecuencia.
"Por ejemplo, hay una señora de apellido Tapia y el hermano. Tenemos conocimiento de que son parientes porque se presentaron en el Ippis durante este tiempo", contó.
Específicamente, en la segunda ampliación del expediente 09/19, los interventores hacen referencia a los 36 cheques que se presentaron el mismo día que asumieron en el área administrativa-financiera del organismo que nuclea las comunidades indígenas.
"Es decir, cuando toma estado público la intervención del Ippis se presentan 36 cheques, todos ese mismo día y por el monto de 50 mil pesos cada uno. En paralelo a esto, nosotros pedimos el cierre de las cuentas, la suspensión de los pagos para tratar de evitar situaciones de malversación o que hubiera situaciones irregulares", relató Chávez.
La situación es compleja porque no hay ningún registro en el Ippis que indique los motivos de la liberación de cheques. No constan los servicios que prestaron estas personas para la institución. Todos esos cheques, por cierto, estaban destinados a personas particulares.
En estas ampliaciones, justamente, se advierte el posible delito de asociación ilícita, que tiene una pena de tres a diez años de presión; fraude a la administración pública (prisión de dos a seis años), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Los delitos contra la administración pública tienen una prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo; o también de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
El 1 de marzo, mediante el decreto provincial 271/19, se dispuso la intervención administrativa del Ippis. La Sindicatura General de la Provincia en un informe especial había detectado la "deficiente e informal registración de ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantizara la integridad y confiabilidad de los libros contables, manuales ni de un sistema de registración financiero -presupuestaria".