Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia, y un equipo de auditores se reunieron con periodistas locales para hablar sobre el control administrativo a la gestión pública que realiza este organismo y manifestaron la intención de avanzar en la difusión de informes.
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Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia, y un equipo de auditores se reunieron con periodistas locales para hablar sobre el control administrativo a la gestión pública que realiza este organismo y manifestaron la intención de avanzar en la difusión de informes.
En diálogo con El Tribuno, Ferraris explicó cuál es el trabajo que hace la institución y por qué es tan importante auditar las cuentas de los municipios y la provincia.
Criticó la demora del Poder Ejecutivo en la presentación de las cuentas del ejercicio, aunque expresó que asumieron el compromiso de tener las del 2018 antes de las elecciones.
¿Cuál fue el objetivo del desayuno de trabajo que tuvo con periodistas?
Entendemos que la publicidad de los actos de gobierno de la Auditoría es esencial porque, en definitiva, lo que nosotros hacemos al trabajar sobre las cuentas de los municipios o del propio Ejecutivo es controlar el dinero público. Sobre eso, es importante que nosotros publicitemos lo que hacemos y en eso el rol del periodismo es vital. El compromiso es hacerlo mejor, de manera que toda la tarea que se hace en la Auditoría se sepa y se conozca para tratar de mejorar y apuntalar aquellos aspectos en los que muchas veces no llegamos.
¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que hace la Auditoría de la Provincia y la Sindicatura?
La provincia de Salta en 1998, al reformar la Constitución, adoptó un sistema de control dual. La Sindicatura de la Provincia controla de manera concomitante e interna el presupuesto y la Auditoría controla de manera posterior y externa. ¿Qué quiere decir concomitante? Es decir en la medida en que el presupuesto se va ejecutando en el año en curso, la Sindicatura tiene la competencia.
Una vez que el presupuesto cierra en el mes de diciembre, es decir cuando el ejercicio está vencido, el control es posterior y externo porque lo hace la Auditoría, que es un organismo extrapoder, es decir, está fuera de la estructura del Poder Ejecutivo.
De hecho, el proceso de selección de los auditores es muy similar al de los jueces de la Corte y la idea es que tengan autonomía política suficiente para controlar tanto al Ejecutivo como a los municipios. En síntesis, la Sindicatura controla durante el ejercicio y la Auditoría con posterioridad al ejercicio.
¿Cómo hacen para recaudar los datos cuando hay fraude?
Todos los asientos contables tienen una cantidad innumerable de correlatos documentales. Es muy difícil que una operación contable de un municipio o de cualquier entidad aparezca dibujada, tapada u ocultada. Pueden hacer tareas de ocultamiento en el ámbito de la sede, pero los registros contables son públicos y, muchas veces, advierten, alertan sobre este tipo de cuestiones.
Por eso, los informes de la Auditoría sobre indagaciones, sobre operaciones bancarias, son absolutamente detectables, más allá del esfuerzo que se haga. Esto es así porque toda la normativa del punto vista contable exige respaldos documentales.
Por ejemplo: un cheque siempre tiene que tener como respaldo una orden de pago. La orden de pago, a su vez, tiene que tener un expediente que diga que hace falta tal o cual gasto, por tal monto. Es decir, una operación contable indefectiblemente debe contener una serie de respaldo documental, una serie de pasos administrativos-financieros para concluir en la emisión de la orden de pago. Por lo tanto, si esa orden de pago carece de todo esto, evidentemente estamos en presencia de una irregularidad financiera.
Ahora también existe la manera de alertar sobre adulteraciones o modificaciones intencionadas de todos los pasos documentales. En síntesis, existen técnicas de auditorías contables perfectamente sustentables en materia de advertir o no irregularidades.
La Auditoría ha publicado informes lapidarios contra los municipios. ¿Cómo se auditan, sobre todo cuando muchas veces no están dispuestos a brindar información y ponen excusas irrisorias?
Son excusas que normalmente muchos presentan y no está bien que así sea. Evidentemente que en los tiempos que corren, cada vez hay menos espacio para la informalidad financiera o comercial. Que existen casos, claro que existen y se dan en aquellos municipios fronterizos con otros países, donde se observa algún tipo de cuestiones. Pero aún así aplicando criterios de razonabilidad y prudencia, se puede llegar a conclusiones contables contundentes. Puede darse la situación y nosotros entendemos y analizamos esa situación con cierta razonabilidad, pero se da todo dentro de un marco de prudencia y siempre con el respaldo porque aún en ese tipo de situaciones de informalidad comercial, se pueden hacer los respaldos pertinentes. Es decir, se puede hacer en la medida en que la plata pública sea debidamente cuidada y controlada con un criterio de razonabilidad.
Uno de los auditores comentó que en los informes que presentan sobre las cuentas del Ejecutivo, se hacen observaciones sobre las demoras que tienen en presentar los balances. Me gustaría que me dé más detalles sobre esta situación.
Debe quedar en claro primero que la presentación de las cuentas generales del ejercicio es una obligación que nos cabe a todos por mandato constitucional, es una de las cláusulas que establece expresamente la Constitución. De allí la importancia de que la cuenta general del ejercicio se presente, se trate y se apruebe o no por parte de la legislatura.
Hasta el año 2016-2017 había un atraso realmente considerable. A partir del 2018 el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo que nos permite, al día de hoy, tener aprobado 2015 y la cuenta 2016. Las conclusiones las tiene cada uno de sus auditores para las observaciones finales, lo que significaría que en un lapso de 10 días aproximadamente pueden estar mandándose las conclusiones a la Legislatura.
Se está trabajando la del 2017, que también ya mandó el Ejecutivo. En conversaciones que tuve con gente del Ejecutivo, ya están preparando el envío de la 2018. Esto quiere decir que por un lado hay que reconocer la demora que tuvo el Ejecutivo en este aspecto, pero también reconocer que al día de la fecha estamos prácticamente al día en cuanto al envío de la documentación. Hemos asumido, junto con el Ejecutivo, el compromiso de trabajar para que antes de las elecciones de fin de año tengamos la cuenta del 2018 ya remitida a la Legislatura, este es el compromiso.
¿En el ejercicio final tienen que estar todos los gastos que hace el Ejecutivo?
Todos. Desde lo que se paga de sueldos, lo que se paga de viáticos, lo que se paga de alquiler, la compra de una impresora, la compra de una topadora, 20 calles de asfalto...
En realidad, de eso se trata, de ver cómo presentó el Ejecutivo su plan de gobierno porque en definitiva el presupuesto es una expresión de su plan de gobierno porque allí dicen vamos a hacer tanto de obra, vamos a pagar tanto personal y, a partir de ahí, el control de que esas previsiones políticas se han cumplimentado a lo largo de todo el ejercicio.
Las auditorías a Tartagal y Pichanal fueron contundentes. ¿Hasta dónde llega el trabajo de la Auditoría? ¿Tiene una continuidad?
La pregunta me permite dejar sentado que la Auditoría General de la Provincia no agota su trabajo con la emisión del informe definitivo sino que, en todos los casos, se hacen auditorías de seguimiento, que son otra forma de auditar el trabajo, es decir, auditar lo que nosotros hemos formulado como recomendación y como observaciones a los efectos de ver si se cumple a lo largo de los periodos siguientes al auditado.
Así se detecta muchas veces que, en algunos aspectos, si se mejora y en otros se mantiene algún tipo de irregularidades, que tienen que ver sobre todo con falta de uniformidad informática en los registros contables o aplicación de sistemas informáticos contables diversos.
Muchas veces estas auditorías de seguimiento que se hacen a posterior permiten corroborar el cumplimiento de esos extremos, independientemente de que en muchos de los casos luego de concluido el informe definitivo, se analiza con criterio ya legal la promoción o no de acciones penales.
¿Se logró unificar los sistemas contables de los municipios a través de esas recomendaciones que hacen?
En esto sigue todo igual, por eso estamos preparando una capacitación para darles a los municipios. Además, debemos trabajar todos los sectores, la Legislatura sobre todo, en la culminación de un proyecto de ley de administración financiera que le imponga a los municipios uniformidad de registro contable y la obligatoriedad de llevar un soporte informático en determinados aspectos de la ejecución del presupuesto. Son muchos aspectos en los que hay que mejorar y Salta lamentablemente, junto con otras dos provincias, está bastante atrasada. Son todas cuestiones que tienen que ser tratadas bajo el paraguas de una ley. Nos parece que eso es lo mejor porque, sancionada la ley, el resultado es obligatorio para todos.
De allí, lo necesario y lo importante de que sea en un ámbito de discusión legislativo. El punto de partida es que todos deben obedecer o responder bajo un solo sistema contable, si es informático mejor, y esto nos va a permitir transparencia en el manejo de los fondos públicos y un mejor control.