La oposición venezolana atraviesa un momento turbulento en medio de denuncias de corrupción contra algunos de sus representantes en Colombia. La Fiscalía venezolana abrió una investigación a delegados del opositor Juan Guaidó señalados por presunta malversación de fondos destinados a asistir a militares desertores, anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.
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La oposición venezolana atraviesa un momento turbulento en medio de denuncias de corrupción contra algunos de sus representantes en Colombia. La Fiscalía venezolana abrió una investigación a delegados del opositor Juan Guaidó señalados por presunta malversación de fondos destinados a asistir a militares desertores, anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.
Ambos fueron designados por Guaidó como "enviados operativos" en Colombia para coordinar las ayudas a los uniformados que retiraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro en febrero pasado y se refugiaron en ese país.
Rossana Barrera y Kevin Rojas serán imputados por "legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir", dijo el fiscal, de línea oficialista, en una declaración a la prensa.
Después de que la llamada "Operación Libertad" encabezada por Juan Guaidó no alcanzara su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder, el caso de supuesta malversación alcanza a por los menos dos emisarios del líder opositor en el país vecino.
Las denuncias hablan de presunto desvío de los fondos destinados a apoyar a la migración venezolana en suelo colombiano y ya ocasionaron que los dos implicados sean relevados de sus funciones.
La decisión la tomó el mismo Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el "embajador en Bogotá" del jefe de la oposición presentó una solicitud formal ante la Fiscalía de este país para que se investigue el caso.
El hecho fue rápidamente aprovechado por el oficialismo, que ahora acusa a los opositores de malversación de fondos y crear una red de corrupción.
Los involucrados
Los dos emisarios de Guaidó presuntamente implicados en el escándalo son Rossana Barrera y Kevin Rojas.
El medio digital Panam Post publicó un reportaje este fin de semana señalando a ambos de posible malversación de fondos destinados a la manutención de los militares venezolanos que desertaron a Colombia en los primeros meses de este año.
Según la publicación, entre las irregularidades se detectaron "pagos de hoteles a sobreprecio" y otras "facturas que demuestran excesos", así como "gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta y reportes de alquiler de vehículos".
Menos de 24 horas después de conocida la información, a través de un comunicado, Guaidó aseguró que "todos los señalados en el caso se han separado de sus responsabilidades mientras dura la investigación".
Durante el mes de febrero cientos de toneladas de ayuda, fundamentalmente llegada desde Estados Unidos, llegaron hasta la ciudad colombiana de Cúcuta (norte) con el fin de ser distribuida en Venezuela.
La "avalancha humanitaria", como la bautizó la oposición, pretendía llegar a Venezuela, pero el intento de hacer llegar la ayuda no tuvo éxito porque los pasos fronterizos permanecieron cerrados.
Al mismo tiempo, alrededor de un millar de soldados venezolanos decidieron abandonar su país y cruzar la frontera. Desde entonces han denunciado dificultades económicas en territorio colombiano pese a las promesas que les hicieron.
Tanto la llegada de las donaciones como la deserción de militares y policías fue parte de la ofensiva contra el gobierno liderada por Guaidó, quien a finales de enero se autoproclamó presidente del país desconociendo a Maduro y acusándolo de usurpador.
Un golpe a Guaidó, donde más le duele
Las noticias sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a apoyar a los militares que desertaron a Colombia el pasado febrero han supuesto un serio revés para el líder opositor Juan Guaidó, señala Guillermo Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela
Parte de la popularidad que alcanzó el joven dirigente opositor de Voluntad Popular se debió a las promesas de regeneración y limpieza con que sedujo a muchos venezolanos.
El gobierno de Nicolás Maduro no ha tardado en hurgar en la herida para tratar de rentabilizar el escándalo acusando a Guaidó y a su círculo de "gastarse en prostitutas" el dinero de las operaciones de "los niñitos", sabedor además de que los implicados son miembros de Voluntad Popular y eso puede alentar el resquemor ya latente en el resto de fuerzas de la coalición opositora.
El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que llegará hasta el final en la depuración de responsabilidades.
Si no lo hace, corre el riesgo de perder la simpatía de quienes creyeron en él como alternativa al poder corrupto e incompetente que muchos ven en Maduro.
La investigación
El representante de la oposición venezolana en Bogotá, Humberto Calderón, sostuvo que la investigación sobre estos posibles hechos de corrupción comenzó hace dos meses por iniciativa suya.
El representante de Guaidó reveló que recibieron datos de la Dirección de Inteligencia en Colombia que señalaban posibles irregularidades en el manejo de los recursos que debían llegar a los soldados desertores.
"En el tiempo transcurrido se acopió y analizó la información recibida.", indicó Calderón.
Durante la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, el "embajador" anunció que también presentará "pruebas" de los presuntos actos de corrupción a la justicia colombiana.
"Vamos a solicitar formal investigación relacionada a las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos para atender las contingencias en atención a los militares que se encuentran en la ciudad de Cúcuta", señala el comunicado del despacho de Calderón.
Por su parte, Lester Toledo, diputado y coordinador internacional para recibir donaciones para Venezuela, se trasladó de emergencia a Bogotá para analizar la situación. El opositor afirmó que se actuará "sean quienes sean los involucrados".
"Todos los fondos de ayuda humanitaria han sido manejados y ejecutados directamente por las propias agencias multilaterales o por ONG especializadas en la materia", señala el comunicado de la oficina del "presidente encargado".
Además de la denuncia ante la Fiscalía colombiana, Guaidó anunció que pedirá una investigación al respecto a Transparencia Internacional y que se iniciará el proceso para nombrar un "Contralor Especial" en Venezuela.
"Ratificamos nuestra determinación de investigar a fondo el caso. Para nosotros cada centavo es sagrado, así que se investigará con la importancia del caso. Habrá castigo para los culpables y absolución para los inocentes", señaló el presidente encargado.
Lo que dice el gobierno
Para el gobierno de Nicolás Maduro, lo sucedido es una muestra de la "trama de corrupción" que lleva adelante la oposición venezolana. Así lo expresó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que acusó a la cúpula opositora de nunca haber pensado de verdad en canalizar ayuda humanitaria para su país.
"Es de tal magnitud el gigantesco entramado de corrupción, es de tal nivel de putrefacción de los hechos directamente perpetrados por Juan Guaidó y la dirigencia de este grupo terrorista", señaló la autoridad.
Rodríguez acusó a líderes opositores de haber gastado dinero de donaciones en "alcohol, hoteles y prostitutas".
"La supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral", concluyó el venezolano.
En su conferencia de prensa, Rodríguez mostró fotos y videos que, según él, demuestran cómo se desviaron los fondos de la ayuda internacional.
"Pusieron en una situación deleznable a un pequeño grupo de militares venezolanos, que cruzaron con todas las promesas que personalmente les hizo Guaidó", concluyó.
La corrupción, junto a la crisis económica y la escasez de alimentos y medicinas, es señalada como uno de los grandes problemas en Venezuela y del gobierno de Maduro.
Otras reacciones
Uno de los primeros en lamentar lo sucedido fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
"Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción", afirmó el diplomático desde su cuenta de Twitter.
Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también pidió que se hagan las indagaciones necesarias para aclarar lo sucedido.
"Condenamos cualquier posible acto de corrupción en manejo de recursos por parte de ciudadanos venezolanos para pagar estadía de militares que llegaron a Colombia", señaló la autoridad.
La Fiscalía colombiana todavía no anunció cuáles serán los primeros pasos en esta investigación que puede comprometer aún más a la fuerza de la oposición de Venezuela.
Fuente: BBC News
Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, reconocido como presidente interino por más de 50 países, pidió una pesquisa a las autoridades colombianas y relevó de sus responsabilidades a los supuestos implicados.
Durante una sesión este martes, el Legislativo que preside el opositor designó una comisión para investigar el caso.
El lunes precisó además que los fondos que se presumen malversados -unos 90.000 dólares- correspondían a donaciones privadas y no tienen nada que ver con la ayuda internacional para afectados por la grave crisis socioeconómica.
Su embajador en Bogotá, Humberto Calderón, afirmó en Twitter que la investigación se inició por su propia iniciativa hace dos meses tras una información que recibió de la inteligencia colombiana.
Una publicación del medio digital Panam Post acusó el pasado viernes a Barrera y Rojas de desviar los recursos.
"La asistencia a los militares se hizo a través de Acnur (oficina de la ONU para los refugiados) y del gobierno colombiano", pero se "llegó a un punto de saturación y se tuvo que gestionar ayuda a través de fondos privados para atender el resto", explicó Guaidó el lunes.
En su primera reacción a la denuncia, Maduro la calificó el lunes de "entramado terrible, putrefacto, de corrupción".
En el pulso por el poder con Maduro, Guaidó llamó a los militares a rebelarse contra el mandatario bajo la promesa de conservar sus jerarquías y antigüedad en un eventual "gobierno de transición".
El pasado 23 de febrero, cuando intentó sin éxito ingresar ayuda internacional a Venezuela, un primer grupo de uniformados obedeció a ese llamado y cruzó a Colombia, sumando más tarde unos 900 desertores.
La Fiscalía General de Venezuela abrió hoy una investigación para determinar si dos colaboradores de Juan Guaidó, proclamado presidente interino del país por la Asamblea Nacional (AN, parlamento) cometieron delitos de corrupción en el manejo de fondos asignados para asistir a venezolanos que se refugiaron en Colombia.
La información fue difundida en conferencia de prensa por el fiscal general, Tarek Saab, quien dijo que la investigación se funda en "evidencias" publicadas por medios internacionales de prensa.
La investigación apunta a Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, ambos designados por Guaidó como delegados en Colombia y ahora acusados de haberse apropiado de dinero que debía ser destinado a asistir a militares venezolanos que se refugiaron en Cúcuta.
Esos militares buscaron el refugio luego de reconocer a Guaidó como presidente encargado.
"Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, las cuales en realidad eran canceladas por Acnur", dijo Saab, citado por El Nacional.
"Además -agregó-, inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero, que se habría utilizado para gastos personales, alcohol, e incluso prostitutas, y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”.
El fiscal, designado por la Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, aseguró que Guaidó "dispone de fondos de la República, robados de cuentas pertenecientes al Estado venezolano por autoridades extranjeras, y que estos fondos se están administrando sin transparencia alguna”.
A Rosanna Barrera y Kevin Rojas se les imputan los delitos de lavado de dinero, corrupción y asociación para delinquir.
Guaidó había aclarado este lunes que la Asamblea Nacional -dominada por el antichavismo- hacía registros sobre la ayuda humanitaria y la asistencia a los militares venezolanos en territorio colombiano.
Pero, aseguró, la atención a funcionarios se hizo mediante el gobierno colombiano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Guaidó fue proclamado presidente interino en enero pasado por encargo de la Asamblea Nacional y el apoyo de unos 50 países a cuya cabeza está Estados Unidos.
Pero la ofensiva diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro no tuvo hasta el momento fuerza suficiente como para deponerlo.