Un acuerdo firmado ayer en Rosario de la Frontera entre el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA promueve ampliar la concesión de Salta Forestal, con el fin de darle utilidad a las tierras del Estado que se encuentran con plena capacidad de producción.
inicia sesión o regístrate.
Un acuerdo firmado ayer en Rosario de la Frontera entre el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA promueve ampliar la concesión de Salta Forestal, con el fin de darle utilidad a las tierras del Estado que se encuentran con plena capacidad de producción.
Según lo anunciado, estas tierras comprenden unas 40 mil hectáreas que están fuera de litigios y que están aptas para el pastoreo y la agricultura, y fuera de las restricciones que establece la ley de bosques para el cuidado del ambiente.
El acuerdo fue firmado por el jefe de Gabinete, Fernando Yarade y el presidente de la Asociación de Productores de Legumbres, Miguel Medina, junto a otros integrantes de la entidad agraria. También estuvo presente el intendente Gustavo Solís, quien destacó los alcances del acuerdo y los beneficios para los productores nucleados en la asociación.
Salta Forestal es una empresa del Estado que concesiona una importante superficie fiscal ubicada en el departamento Anta y parte de Rivadavia.
Se trata de unas 110 mi hectáreas, de las cuales unas 70 mil se encuentran en litigios de diversa índole. De estas, algunas fueron devueltas al Estado y otras se encuentran en procesos judiciales. La idea es resolver esos escenarios y otorgar más tierras a nuevos concesionarios.
Al respecto, Yarade sostuvo que "estamos avanzado en un acta donde la Provincia le cede a la Asociación de Legumbres una superficie para el trabajo agrícola ganadero, procurando que los productores existentes, que hoy no encuentran la unidad de producción de acuerdo a la ecuación económica, puedan tener una cantidad de hectáreas disponibles para sostener una actividad que les permita sostenerse y generar nuevos puestos de trabajo".
De acuerdo al acta firmada, se establece una asignación no superior a las 2.500 hectáreas por cada productor. Tendrán prioridad aquellos que estén dentro de la Asociación con la posibilidad de iniciar actividades agrícolas o ganaderas, con el compromiso de que será la asociación la que responderá por el pago de los montos correspondientes al canon de uso de esas tierras.
"Será la responsable ante el Gobierno del pago de los cánones anuales correspondientes en la misma cuantía y los mismos montos que rigen para los actuales concesionarios de Salta Forestal", indicó.
Yarade especificó que la superficie disponible serán unas 40 mil hectáreas aptas para las actividades agrícolas ganaderas y sin "complicaciones judiciales".
"Estamos dando la posibilidad a productores que no contaban con la sustentabilidad necesaria, incorporar estas hectáreas a su producción. Muchos tienen tierras arrendadas y para ellos este acuerdo les da una oportunidad porque, año tras año, no saben si se las vuelven a arrendar. Ahora tendrán un marco de previsibilidad y continuidad", aseguró.
Con acuerdo de ambas cámaras
El acuerdo firmado ayer prevé, para su completa validez, la aprobación de ambas cámaras legislativas. Este acuerdo se pondrá en funcionamiento en el momento en que Diputados y Senadores de la provincia aprueben la iniciativa impulsada por la Asociación de Legumbres y refrendada por el Ejecutivo a través del acta rubricada en la víspera.
Al respecto, se anunció que la próxima semana estará ingresando el correspondiente proyecto a la Legislatura.
En Salta Forestal hay muchas hectáreas que no están siendo explotadas. Son propiedad del Estado y en estos años hubo concesionarios que devolvieron los predios. De las 40 mil hectáreas establecidas para nuevos concesionarios, y con el limitante de 2.500 hectáreas para cada uno, unos 20 nuevos concesionarios podrían ingresar en el convenio.
Tendrán prioridad los que estén dentro de la Asociación.
Se estableció que para una asignación de 2.500 hectáreas, unas 1.000 tendrán que ser destinadas a cumplir con los reglamentos de preservación ambiental.