En el marco de una causa iniciada por el delito de administración fraudulenta, el juez de Garantías 5, Hugo Héctor Martínez, decidió no hacer lugar al pedido de declinación de la competencia que había solicitado la fiscalía interviniente, y declaró la competencia de la justicia ordinaria, por lo que la causa continuará su trámite procesal en ese juzgado.
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En el marco de una causa iniciada por el delito de administración fraudulenta, el juez de Garantías 5, Hugo Héctor Martínez, decidió no hacer lugar al pedido de declinación de la competencia que había solicitado la fiscalía interviniente, y declaró la competencia de la justicia ordinaria, por lo que la causa continuará su trámite procesal en ese juzgado.
Se trata de la causa en la que Matías Luis Huergo se encuentra acusado provisoriamente del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa LuSal.
La denuncia que dio origen al expediente fue radicada el 8 de junio de 2017 por los representantes de la empresa LuSal – Mantelectric I.C.I.C.S.A. e Ilubaires S.A. Unión Transitoria de Empresas. En ese momento, expusieron que desde finales del año 2015, Huergo, que se encontraba a cargo de la gerencia de la empresa, habría realizado una serie de actos fraudulentos, utilizando infraestructura, materiales, recursos humanos, equipamiento, suministros, combustible, insumos varios, entre otras cosas, para ejecutar obras y trabajos eléctricos con su empresa Arcadio Obras Eléctricas S.R.L..
Ante el estado público que tomaron las actuaciones que se tramitan ante el Juzgado Federal 1 de Salta, por supuesta infracción a la ley 24769, la fiscalía entendió que la comisión de los sucesos por los que se había imputado a Huergo y la expuesta en la causa federal obedecen a un único designio criminal, ya que estaban dirigidos a la realización de un resultado único, y ante ello solicita la declinatoria.
El juez tuvo en cuenta a la hora de resolver el planteo, que del propio decreto de imputación que la misma fiscalía había dictado en el Legajo de Investigación, que no se encuentra en juego una presunta vulneración al orden económico y financiero, contra el erario público nacional.
Agregó que la competencia federal implica necesariamente que el hecho afecte los intereses estatales o federales, lo que no sucede en esta causa, al menos hasta este momento.