Con las candidaturas presidenciales lanzadas, en un país hiperpresidencialista e hipercentralista como la Argentina, comienza a rodar el proceso preelectoral y la expectativa está puesta en saber quién gana y, sobre todo, en lo que quien gane vaya a hacer con el país.
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Con las candidaturas presidenciales lanzadas, en un país hiperpresidencialista e hipercentralista como la Argentina, comienza a rodar el proceso preelectoral y la expectativa está puesta en saber quién gana y, sobre todo, en lo que quien gane vaya a hacer con el país.
La primera pregunta parece cifrada entre las dos fórmulas dominantes: la del actual presidente y la de su antecesora. En Juntos por el Cambio, la convivencia de Mauricio Macri con Miguel Pichetto no parece anticipar conflictos, más allá de que convivir en una fórmula nunca es un jardín de rosas.
En el Frente de Todos, en cambio, el segundo lugar de Cristina Fernández contrasta con la vigencia que otorgó a la Cámpora en las listas de legisladores, donde queda explícita una posición de poder. Claro que Alberto Fernández, a pesar de ciertas declaraciones que suenan a concesión, difícilmente se imagine como "jefe de Gabinete disfrazado de presidente".
El país sigue siendo hiperpresidencialista y "la firma" es del presidente. Lo contrario supone una muy posible hecatombe, como la que produjo la alquimia de Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez.
La tercera opción es la que ofrecen Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que cuentan con un sentimiento fuerte de la opinión pública: si los pesos pesados se reparten el 60% de los votos, hay un 40% que no se pone la camiseta de ninguno de los dos.
En este escenario, la conformación de listas nacionales en todo el país deja la percepción de que el kirchnerismo se propone "recuperar la Patria", como si nada tuvieran que ver los doce años anteriores en los profundos problemas económicos, sociales y educativos que arrastra la Argentina.
Por su parte, el macrismo insiste con su tendencia a concentrar las decisiones en un círculo áulico sin tomar en cuenta que lo que deciden involucra a millones de personas. Vale decir, la polarización, por ahora, sigue. Y los interrogantes son interminables. Uno, troncal, se refiere al país federal.
Es cierto que la prosperidad de las provincias depende en gran medida del gobierno local. Está largamente comprobado que los caudillos carismáticos no garantizan buenos gobiernos. Hacen falta gobernantes provinciales que conozcan el mundo en que vivimos, que tengan visión de futuro y, sobre todo, que piensen en el Estado como construcción permanente.
Pero el mejor gobernador estará siempre condicionado por la suerte que corra el país. Todos los presidentes llegan haciendo votos de federalismo pero, una vez en la Casa Rosada, su hábitat preferido es Puerto Madero.
El problema federal está, básicamente, en la cabeza del gobernante. La migración interna hacia asentamientos del conurbano es un fenómeno notable de las últimas décadas; por una parte, un indicio del abandono del desarrollo regional y, por otra, una muestra de que el clientelismo de los intendentes y gobernadores bonaerenses es un feroz condicionamiento contra un país equitativo.
¿Qué país federal puede haber si el gremialista más poderoso del país se opone a la modernización del transporte de cargas y le quiebra el brazo al presidente de turno?
¿Qué país federal puede haber si un gobierno que llegó haciendo flamear la bandera del Plan Belgrano no logra que el proyecto se despliegue y se haga sentir en la región a la que está destinado?
Mucho ruido y pocas nueces
Estos hechos son indicios. En estas elecciones debería calibrarse aquello de lo que menos se habla y que es la clave de la historia. Los candidatos deberían definir con objetivos y plazos los proyectos nodales de las provincias. En el caso de Salta, informar si existe o no algún propósito de reactivar la generación de gas, desarrollar los biocombustibles y convertir a la energía solar en una fuente sustantiva.
Ratificar, o no, el rol que se asigna a la región en el proyecto del "supermercado del mundo", si es que sigue vigente, y cuáles son los mercados a los que se piensa abastecer, así como las condiciones ambientales y sociales que estos exigen. Definir garantías de Estado para la minería, una actividad esencial jaqueada por políticas de alto impacto frente a las cuales hacen falta definiciones; también, las posibilidades de un desarrollo agroindustrial moderno.
Y existen cuestiones que suelen taparse con la hojarasca de campaña. Cuando se habla demasiado de crisis económica, la declaración de "emergencia" es una tentación seductora, aunque solo sea un disfraz para que las provincias, a través del Congreso cedan al Poder Ejecutivo el manejo discrecional del presupuesto.
El otro aspecto, la presión tributaria, que es la llave maestra de la recesión económica, se convierte en pretexto para generar subsidios y agravar el desbarajuste impositivo.
Los interrogantes son muchísimos más, pero estos forman parte de la columna vertebral de nuestros males como provincia, y por lo tanto, convendría que los candidatos respondieran con transparencia (plazos y objetivos, vale reiterarlo) y que, alguna vez, el país comenzara a tener proyectos de Estado.