El juez Martín Fernando Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó en procedimiento abreviado a un joven de 22 años, identificado con las iniciales LFM, a la pena de doce años de prisión de ejecución efectiva por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia en perjuicio de dos hermanastras menores de edad. El condenado es oriundo de Bolivia y por tal motivo el magistrado dispuso que sea deportado del país. También ordenó que se le realice examen en el Servicio Médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.
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El juez Martín Fernando Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó en procedimiento abreviado a un joven de 22 años, identificado con las iniciales LFM, a la pena de doce años de prisión de ejecución efectiva por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia en perjuicio de dos hermanastras menores de edad. El condenado es oriundo de Bolivia y por tal motivo el magistrado dispuso que sea deportado del país. También ordenó que se le realice examen en el Servicio Médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.
El perverso sujeto fue denunciado el 8 de junio de 2018 por el padre de las víctimas (de 13 y 15 años. Contó que el imputado es hijo de su pareja y medio hermano de las menores y que los hechos ocurrieron en el pueblo de Nazareno.
El padre refirió que el condenado vivía con la familia desde hacía ocho años y que antes residía en Bolivia, donde nació.
En el dictamen el juez Pérez resolvió que se omita el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño.