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El desarrollo de Salta aún no aparece en la campaña

Domingo, 09 de junio de 2019 00:05

Un tema esencial de la agenda electoral de Salta debería ser por qué aún no lo es el imperativo de superar la pobreza estructural y la degradación del empleo. Se trata de problemas sistémicos que afectan a todo el país desde hace décadas, pero frente a los cuales la provincia debe hacer valer los derechos y la autonomía propios del espíritu federal para desarrollar un proyecto propio.

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Un tema esencial de la agenda electoral de Salta debería ser por qué aún no lo es el imperativo de superar la pobreza estructural y la degradación del empleo. Se trata de problemas sistémicos que afectan a todo el país desde hace décadas, pero frente a los cuales la provincia debe hacer valer los derechos y la autonomía propios del espíritu federal para desarrollar un proyecto propio.

Salta no debe adormecerse mientras espera mayores recursos del Gobierno nacional. Por el contrario, necesita poner en marcha un proyecto productivo, consensuado entre todos los sectores, y acorde a las posibilidades comparativas de nuestro territorio, a las exigencias comerciales del mundo y a las condiciones ambientales, sociales y tecnológicas inherentes al desarrollo humano. Debe resolver, en definitiva, qué decisión se adopta para mejorar la actividad económica en las áreas rurales y mineras y cuáles serán los criterios ambientales que sostendrá como provincia.

Las dos universidades han realizado en estos días aportes valiosos que pueden servir como detonante de una nueva agenda electoral.

Hace poco, el director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la UNSa, Jorge Paz, dijo que "más de 700 mil personas en la provincia sufren al menos una privación no monetaria vinculada a la educación, protección social, empleo, vivienda, acceso al agua o al saneamiento básico".

Esto no se resuelve con discursos, sino con decisiones políticas.

Con 5 millones de hectáreas disponibles para el desarrollo agroindustrial, nuestra provincia no puede seguir atada a prejuicios y tabúes, o a condicionamientos ambientales impuestos por ONG de dudosa autoridad científica y sospechosas intencionalidades políticas. No en vano la Constitución Nacional otorga a las provincias el poder de decisión en materia de recursos naturales.

El investigador Lucas Seghezzo informó que la UNSa, junto con el Conicet, el INTA y la Universidad de Texas realizaron un trabajo que abre las puertas a una nueva etapa del proyecto agropecuario, ya que demuestra que es posible conciliar el cuidado del ambiente con las necesidades de la población de esas áreas, ya sean criollos o pueblos originarios, los derechos de pequeños productores y las perspectivas de desarrollo agroindustrial.

Aportes similares ofreció el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ucasal), que dirige María Cristina Garros Martínez.

La mala gestión del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos ha bloqueado el proyecto agropecuario de la provincia, al inmovilizar una enorme superficie pintada de amarillo en la que, abandonada a su suerte, se degrada el monte y crece la pobreza.

Existen en ese espacio áreas suficientes como para planificar la conservación y restauración del monte nativo, creando reservas y corredores biológicos, reintroduciendo especies y designando guardaparques. Esas áreas pueden generar un atractivo turístico de proyección internacional. La normativa ambiental de Salta garantiza la preservación de cortinas vegetales y de un tercio de la superficie boscosa en lugares habilitados para la agricultura, o la explotación de madera e impone el cuidado del agua y de la fauna y establece condiciones que hacen perfectamente factible incorporar a una producción sustentable a no menos de dos millones de hectáreas hoy pintadas de amarillo.

Salta cuenta con empresas agropecuarias modernas, que conocen a la perfección los derechos ciudadanos y también las exigencias de los grandes mercados a los que se dirige nuestra producción alimentaria.

La Comisión Europea tiene normas claras de seguimiento de la "huella ambiental" y no importa bienes de regiones que no controlen emisión de gases con efecto invernadero, que dañen la biodiversidad, los recursos naturales y los acuíferos. Esa trazabilidad impone, en forma irrestricta, condiciones sociales y prohíbe el trabajo esclavo, el trabajo infantil y cualquier forma de exclusión social.

Con criterios adecuados a nuestra época, con voluntad política y con liderazgos capaces de generar consensos a largo plazo, Salta podrá di señar un proyecto productivo y salir del estancamiento y la falta de ex pectativas que arrastra hace años.

 

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