Tras el episodio violento que vivió un inspector de Rentas de la Provincia el miércoles pasado durante la clausura de una carnicería, cuando el propietario del comercio lo golpeó y lo amenazó con tirarle un gran trozo de escombro, se encendieron las alertas ante ese tipo de operativos de control.

Si bien la agresión al agente de Rentas fue considerada como "un hecho aislado", según explicó a El Tribuno el delegado de ATE en esa dependencia, Juan Carlos Villanueva, el gremio presentó un petitorio por más seguridad ante el director del organismo, Luis Trogliero, para darles mayores garantías a los trabajadores que tienen la no grata tarea de hacer cumplir con las obligaciones tributarias en tiempos de caída de ventas y cierre de locales.

"Solicitamos a la Dirección que arbitre los medios para que cuando se concreten las clausuras los inspectores vayan con una custodia policial", señaló el representante sindical.

Consultado al respecto, Trogliero aclaró que la cobertura de la fuerza de seguridad siempre está dispuesta para cuando se considere necesario.

"No hace falta que un gremio solicite eso. Somos conscientes y responsables de lo que es tener un agente público en la calle. Nosotros les garantizamos la protección con la Policía, que siempre estuvo disponible para custodiar a los inspectores cuando nosotros requerimos el apoyo", sostuvo el titular de Rentas.

El ataque que despertó la inquietud de ATE se desencadenó porque el dueño de la carnicería, ubicada en San Juan y Lerma de esta capital, no emitía facturas y tampoco estaba inscripto para la actividad. La falta es causal de clausura, según la reglamentación de la AFIP, de acuerdo a lo que apuntó Trogliero.

De todas maneras, el funcionario dijo que antes de que se ordene cualquier inhabilitación de un local se cumple con varias notificaciones al infractor, que le dan la posibilidad de regularizar su situación ante el fisco. Si continúa en falta se le anuncia que será clausurado.

Dio a conocer, además, que los incumplimientos en los pagos por ingresos brutos a Rentas no son motivo de clausura, aunque sí de multas y de intereses por deuda.

Situación desesperante

La crisis económica que atraviesa el país no se refleja en Rentas por las clausuras que efectúa el organismo, que son pocas, sino por la caída abrupta en la recaudación.

Durante el primer cuatrimestre de este año la Provincia percibió un 14,8% menos en términos reales (descontando la inflación) con el impuesto por ingresos brutos a las actividades económicas en el mismo período de 2018.

La baja en la recaudación era una de las consecuencias esperables tras el Consenso Fiscal entre Nación y provincias, que se firmó a fines del 2017.

Con el consenso se unificaron las cargas tributarias de las provincias, lo que fue aprovechado por el Gobierno de Salta para aumentar las alícuotas de varias actividades. Entre ellas, el comercio pasó de tributar 3,6% al 5% de sus ingresos totales. Así, durante 2018 hubo un crecimiento exponencial en la recaudación, pero pasado más de un año de la entrada en vigencia del pacto los ingresos bajaron en las relaciones interanuales. Primero por la caída en la actividad económica y porque la Provincia se vio obligada a bajar las alícuotas en 13 actividades económicas (el comercio no está incluido) producto del acuerdo fiscal.

 

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