Luego que el 30 de junio de 1969 el sindicalista Augusto Timoteo Vandor fuera asesinado por un grupo terrorista, el gobierno del general Onganía implantó ese mismo día el "estado de sitio". Increíble pero cierto. El mismo gobierno que había violado la Constitución al derrocar al presidente Illia, no titubeó en echar mano a la Carta Magna (Artículo 23) para implantar en el país el estado de sitio. Para colmo, otros hechos también sirvieron para justificar la medida. Aquí en Salta, una bomba destrozó el local de la multinacional NCR National (La Florida 489); otra en Buenos Aires derrumbó una casa de la UOM, en tanto que una tercera destruyó coches del FFCC Belgrano. Además, ocurrieron otros sucesos en Córdoba, Rosario y Tucumán.
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Luego que el 30 de junio de 1969 el sindicalista Augusto Timoteo Vandor fuera asesinado por un grupo terrorista, el gobierno del general Onganía implantó ese mismo día el "estado de sitio". Increíble pero cierto. El mismo gobierno que había violado la Constitución al derrocar al presidente Illia, no titubeó en echar mano a la Carta Magna (Artículo 23) para implantar en el país el estado de sitio. Para colmo, otros hechos también sirvieron para justificar la medida. Aquí en Salta, una bomba destrozó el local de la multinacional NCR National (La Florida 489); otra en Buenos Aires derrumbó una casa de la UOM, en tanto que una tercera destruyó coches del FFCC Belgrano. Además, ocurrieron otros sucesos en Córdoba, Rosario y Tucumán.
Y así fue que bajo este tenso clima político, el Ejecutivo nacional ordenó en todo el país, la detención de dirigentes políticos, gremiales, estudiantes y abogados de sindicatos.
Aquí fueron detenidos el 1 de julio y puestos a disposición del Ejecutiva nacional, los abogados Farat Salim y Santo J. Dávalos, el médico Mario Falco y los dirigentes Justo Suárez y Pedro Rueda. Sus nombres los brindó en rueda de prensa el jefe de la Policía, comisario Ernesto Schuller, quien al final vociferó amenazante: "Ahh, y nos falta uno por agarrar...". Cuando esto llegó a oídos de otros abogados de sindicatos, a toda urgencia pusieron "pies en polvorosa" en distintas direcciones. Con el tiempo, se supo que luego de la voraciada del comisario, habían huido rumbo a Córdoba -vía Angastaco, Cafayate, Catamarca y La Rioja- una camionada de abogados, guiados por Rafael Arzelán, gran amigo y un as del volante serrano.
Una opción, el exilio
A los tres días de estar detenidos, comenzaron a correr distintas versiones. Una de ellas decía que los trasladarían a otras cárceles del interior del país. Ante ello, el Colegio de Abogados encomendó a los abogados Jorge Zenteno Cornejo y José María Saravia, para que se ocupasen de la defensa de los detenidos. En la Policía se les dijo: "Son órdenes del Ministerio del Interior e ignoramos las causas". Luego, Zenteno Cornejo y Saravia se dirigieron al Juzgado Federal para entrevistar al juez López Sanabria, lo que no ocurrió por ausencia del magistrado. Después fueron por el juez Martín Diez, del Juzgado de 1´ Nominación. Este, luego de escucharlos resolvió constituirse en la Central de Policía para entrevistar a los detenidos. Allí, el Dr. Mario Falco le dijo que ante la posibilidad de ser trasladado a otro lugar del país, prefería acogerse al derecho de optar por salir de la Argentina e irse a Bolivia. El resto, optó por el Uruguay.
La huelga de hambre y los entredichos judiciales
Mientras los cinco detenidos permanecían en la Central de Policía, el Gobierno nacional ordenó el apresamiento de otros dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles de nuestra provincia. Pero al parecer, la voraciada del comisario Schuller solo había servido para alertar, pues la policía, pese a buscar bajo cielo y tierra, no pudo dar con ninguno de los buscados. Eso sí, realizó allanamientos en sus domicilios para tratar de ubicar sus paraderos, según instrucciones del Ministerio del Interior. Es que habían desaparecido como por arte de magia, incluso dijo un policía, "de los lugares que solían frecuentar". En la larga lista estaban quienes habían seguido trabajando en las disueltas agrupaciones, tanto universitarias como partidarias y sindicales. También se buscaba una veintena de abogados, especialmente a los que se desempeñaban como apoderados de ciertos sindicados y también, a los que habían litigado en contra de la constitución de los "tribunales guerra". La orden de detener a estos últimos, llevó a que sus colegas solicitaran al Colegio de Abogados, que convocara a una asamblea.
Modesto aporte
Y mientras se realizaban innumerables gestiones para tratar de que los cinco detenidos fuesen liberados, estos dieron a conocer un comunicado e iniciaron una huelga de hambre, al tercer día de estar detenidos. Lo hicieron "como un modesto aporte de sacrificio personal a la liberación de nuestro pueblo". El documento tenía tres puntos. El primero decía: "La detención que sufrimos constituye un atropello inaceptable a la libertad y a los derechos humanos".
El segundo: "La situación se agrava por la incertidumbre en que se nos mantiene respecto a la vigencia de elementales derechos constitucionales; por la falta total de comunicación de la autoridad de turno sobre el destino final de nuestras detenciones".
Y el tercero: "Que no teniendo otro medio para expresar nuestra protesta y salvar así nuestra dignidad y de todos los que sufren persecuciones y detenciones injustas, hemos resuelto declarar una huelga de hambre como un modesto aporte de sacrificio personal a la liberación de nuestro pueblo, y hasta tanto sepamos de un pronunciamiento categórico, fehaciente y debidamente notificado de nuestra detención".
Entredichos judiciales
Y mientras en la Central de Policía, Salim, Dávalos, Rueda, Suárez y Falco iniciaban la huelga de hambre, en los estrados judiciales se planteaba un entredicho entre el juez Martín Diez y el Gobierno de Salta. Por el recurso de amparo interpuesto por los abogados (Zenteno Cornejo y Saravia), el juez Diez dispuso que los detenidos estaban a su disposición. En tanto el Gobierno provincial sostuvo que los detenidos estaban a "disposición del Presidente de la Nación".
Por fin, el 5 de julio, el Juez Federal de Salta se declaró competente y resolvió que los detenidos no podían salir del país, pese al derecho constitucional que les asistía.
Bomba al Juez Federal y Dávalos es internado
Y mientras al gobierno comenzaba a preocuparse por el estado de salud de los detenidos, el 7 de julio a la mañana, se encontró una bomba en la casa del Juez Federal, Dr. López Sanabria. Al mediodía, el comisario Schuller confesó a El Tribuno que le preocupaba la salud de los detenidos y que estaba gestionando se los interne en el hospital San Bernardo. A su vez, descartó la enfermería de la cárcel, por los altos riesgos de contagio.
Al cumplirse el onceavo día de detención y noveno de huelga, Dávalos debió ser internado en el hospital San Bernardo, con una custodia policial, mientras la salud de los restantes detenidos también se deterioraba. Por ello, sus familiares, amigos y allegados les rogaron que levantaran la huelga mediante un petitorio firmado por centenares de personas y cuyas firmas fueron certificadas por los escribanos Ana María Sabbaga y Enrique Austerlitz.
Adhesión y fin de la huelga
Pero pese a los pedidos de que levanten la huelga, los cuatro detenidos la continuaron. Y menos, cuando 80 detenidos de la alcaldía, decidieron adherir a la huelga de hambre, volcando las ollas que les habían traído para que almorzaran. El Gobierno ni titubeó y al cabecilla de los nuevos huelguistas, un tal Guaymás, lo llevó a Villa Las Rosas donde fue sometido a "un hábil interrogatorio".
Por fin, y ya con la salud muy quebrada, Salim, Falco, Rueda y Suárez resolvieron levantar nomás la huelga de hambre, el 13 de julio de 1969, no sin antes agradecer los apoyos recibidos. Por la tarde, hubo una misa en la iglesia La Merced para rogar por la salud de los detenidos.
El que faltaba...
El que "aún falta agarrar...", al decir del comisario Schuller, fue detenido el 14 de julio y trasladado a un calabozo de la Seccional Cuarta. Se trataba de Juan Carlos Montero, secretario del Centro de Villas Vecinales de Salta, que en el acto pasó a disposición del Ejecutivo nacional, al igual que el resto de los detenidos.
A los 15 días hubo libertad y exilio
Luego que el 13 de julio, Farat Salim, Pedro Rueda, Mario Falco y Justo José Suarez levantaron la huelga, de inmediato y por el mal estado de salud, fueron trasladados al hospital San Bernardo donde con una fuerte custodia policial quedaron internados junto al Dr. Santo Jacinto Dávalos.
A los dos días del reencuentro de los detenidos en el San Bernardo, el 15 de julio a la mañana, se presentó en la sala de internación, el comisario Schuller y un oficial de justicia para leer una reciente resolución adoptada por el Poder Ejecutivo provincial. Por ese instrumento, el Dr. Santos Jacinto Dávalos y Pedro Rueda quedaban en libertad, mientras que los tres restantes debían seguir guardando cama y a disposición del Ejecutivo nacional. Curiosa resolución, puesto que el Gobierno provincial que, había sostenido que los detenidos no eran de su incumbencia, ahora disponía su liberación. Lo cierto fue que por una resolución del gobernador, Dávalos y Rueda quedaron en libertad, en tanto Salim, Rueda, Falco y Montero, siguieron detenidos.
Telegrama a Onganía
Al cuarto día de la libertad de Dávalos y Rueda, dos de los detenidos en el San Bernardo, Salim y Suárez, enviaron al Presidente de la Nación, un telegrama con fecha 19 de julio. El texto común decía: "Encontrándome detenido por Ley Estado de Sitio, desde el 1 de julio de este año, opto por salir territorio argentino, fijando residencia Santiago de Chile, República de Chile. Pido decisión plazo cinco días. Colasiónese".
Al cumplirse el plazo, el jueves 24 de julio de 1969, el Gobierno nacional comunicó por intermedio de la Delegación Salta de la Policía Federal, su consentimiento para que Salim y Suárez abandonasen el país, según el artículo de la Constitución Nacional que los beneficiaba. Concedida la autorización, Salim y Suárez solicitaron, por prescripción médica, una prórroga de siete días para permanecer en el país hasta el 1 de agosto de 1969, petición a la que se hizo lugar.
En cuanto al doctor Mario Roiger Falco, este opto por permanecer detenido. Idéntica actitud asumió Juan Carlos Monteros, alojado en la Seccional Cuarta, y sexto detenido a disposición del Ejecutivo.