El techo de cristal, entendido como la limitación velada en la posibilidad del ascenso laboral de las mujeres, fue tenido en cuenta en un fallo judicial en contra de una de las fuerzas de seguridad de la provincia. Mónica Naranjo, a cargo del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2ª Nominación, le requirió al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y al Servicio Penitenciario que modificaran sus sistemas de promoción por considerarlos discriminatorios en detrimento del género femenino. Vencidos los plazos judiciales, ninguno de los dos organismos realizaron las modificaciones solicitadas.
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El techo de cristal, entendido como la limitación velada en la posibilidad del ascenso laboral de las mujeres, fue tenido en cuenta en un fallo judicial en contra de una de las fuerzas de seguridad de la provincia. Mónica Naranjo, a cargo del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2ª Nominación, le requirió al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y al Servicio Penitenciario que modificaran sus sistemas de promoción por considerarlos discriminatorios en detrimento del género femenino. Vencidos los plazos judiciales, ninguno de los dos organismos realizaron las modificaciones solicitadas.
El fallo ignorado por los organismos estatales fue el resultado de la demanda por violencia de género que presentó Mabel Yone Farfán. La mujer es agente del Servicio Penitenciario y atraviesa los últimos años de su carrera en la fuerza. Logró llegar a ser directora de la cárcel de mujeres pero ahora se encuentra "en disponibilidad", luego de que interpusiera diferentes instrumentos administrativos y legales para reclamar por su ascenso.
Yone advierte que es común que a las mujeres les cueste acceder a altos cargos dentro de la fuerza. Cuando tuvo la posibilidad de llegar a subprefecto, y atenta a que un mayor grado le permitiría terminar su carrera con un nivel superior, decidió ponerle freno a aquella "práctica naturalizada".
La Junta Superior la evalúo con "sobresaliente" y obtuvo un resultado de 96 sobre 100. Sin embargo, el grado no le fue otorgado por el director del Servicio Penitenciario, Juan Alberto Daza.
Las juntas conforman una orden de mérito teniendo en cuenta antecedentes de los agentes, cursos, grado, desempeño y aspectos de la vida íntima y personal. El resultado es elevado al director del Servicio Penitenciario, quien decide los ascensos, y deriva la propuesta al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que debe ratificar la decisión.
"Los ascensos son nombrados por el director general discrecionalmente, el orden de mérito no es vinculante. El problema es que las juntas calificadoras están conformadas y presididas por varones. Repliegan a las mujeres por los ascensos. La Junta Superior evalúa los altos grados, como el de subprefecto al que quiso acceder Yone. Están conformados por el director general, el subdirector general y un subprefecto mayor. En la historia del Servicio Penitenciario, ninguna mujer llegó al cargo de director, subdirector ni subprefecto mayor; por ende, no hay posibilidad de que ninguna mujer integre la junta que evalúa los cargos más altos, de oficiales superiores", afirmó el abogado de la agente, Ramiro Ulivarri.
La discrecionalidad en el otorgamiento de los ascensos en grados, según Ulivarri, también se replica en los cargos administrativos. "La superioridad es por cargo, grado y antigedad", explicó el abogado. En el organigrama del organismo penitenciario, el mayor cargo es el de director, le sigue el de subdirector y ocho puestos de plana mayor. "Solo hay una mujer de esos ocho", advirtió el letrado.
El abogado advirtió que se eligen agentes de grados bajos para ocupar altos cargos, en detrimento de las agentes mujeres con altos cargos. "Se hace una discriminación de las mujeres bajo un piso legal", advirtió Ulivarri.
Ante la negación de su ascenso, con una calificación de sobresaliente, en diciembre del 2017 Yone presentó un recurso jerárquico, al que la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios hizo lugar. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia no ratificó el ascenso, imposibilitando que Yone pueda avanzar hacia los grados subsiguientes en 2018 y el 2019.
Luego de la presentación del recurso jerárquico, Ulivarri aseguró que comenzó una persecución sistemática "con una clara intención de arruinarle su carrera. El Día de la Mujer se presentó en su despacho el subdirector del Servicio Penitenciario, Cayetano Mena, la increpó e insultó. De ahí, le imponen de prepo las licencias anuales ordinarias que ella tenía acumuladas y la sacan del cargo de directora carcelaria. Ella se moviliza y logra una afectación en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Políticas Criminales. Luego la siguen notificando y le imponen disponibilidad, es decir, que no puede participar en el procedimiento de ascenso de grado", relató su defensor.
Yone realizó una denuncia en el Polo de la Mujer y el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2ª Nominación, en contra del director del Servicio Penitenciario, Juan Alberto Daza, y el subdirector, Cayetano Mena. Por esta demanda obtuvo un fallo a su favor que le requirió a la fuerza adecuar su reglamentación orgánica. Las actuaciones judiciales, a cargo de la jueza Mónica Naranjo y la fiscal Violeta Herrero, justificaron que las adaptaciones debían hacerse teniendo en cuenta los acuerdos internacionales en defensa de los derechos de la mujer.
Ante el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y la Oficina de Violencia Contra la Mujer, Yone, junto a su abogado, presentaron un protocolo para "erradicar la discriminación contra las agentes del Servicio Penitenciario". El protocolo propuso paridad de género para que haya "ecuanimidad y objetividad para evaluar a los agentes de Servicio Penitenciario, ya sea mujeres o varones. Pedíamos que haya un cupo femenino en el nombramiento de los 8 cargos de plana mayor, que haya paridad de género en los ascensos y en las juntas calificadoras. Además, que el orden de mérito sea vinculante para evitar la discrecionalidad", explicó Ulivarri. Luego de las presentaciones judiciales, en enero de este año se le notificó a Yone que le habían abierto un sumario administrativo por hechos ocurridos en mayo del 2018. "Ese sumario tiene vicios que son groseros desde el punto de vista objetivo porque se la imputa por hechos anteriores a su denuncia. Se la sanciona por un episodio con unas reclusas que subieron al techo. Las agentes intentaron bajarlas y se cayó el techo. Están imputadas todas las agentes también, pero lo curioso es que las mismas habían sido reconocidas por el ministro por su actuación en el mismo hecho. Hay una contradicción", advirtió el abogado.
Ante la falta de respuestas de organismos estatales, se presentó un amparo colectivo al que adhirió el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.