El antiguo papel de los jueces como mecánicos intérpretes de las leyes y reglamentos ordinarios se ha enriquecido con un nuevo rol de máxima relevancia: El de actores de la democracia constitucional; vale decir, de garantes de los derechos de las minorías, de tutores del ambiente, de vigías que corrigen los excesos de los poderes constituidos. En definitiva, de guardianes del pacto constitucional federal y cosmopolita que los argentinos suscribimos en 1853, 1957 y 1994.
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El antiguo papel de los jueces como mecánicos intérpretes de las leyes y reglamentos ordinarios se ha enriquecido con un nuevo rol de máxima relevancia: El de actores de la democracia constitucional; vale decir, de garantes de los derechos de las minorías, de tutores del ambiente, de vigías que corrigen los excesos de los poderes constituidos. En definitiva, de guardianes del pacto constitucional federal y cosmopolita que los argentinos suscribimos en 1853, 1957 y 1994.
¿Momento de autocrítica?
En nuestra provincia, la Justicia está en el centro de los debates referidos a la calidad institucional. Las evidencias de politización, nepotismo, morosidad, endogamia e ineficacia de jueces y fiscales preocupan a la ciudadanía y a un creciente numero de abogados del foro local.
La así llamada "familia judicial" muestra a diario que está incapacitada para reformar rutinas y criterios que han conducido a esta lenta decadencia del Poder Judicial. Los grandes actores del régimen político que nos malgobierna, desentendidos de los valores de la república y de las inquietudes cívicas, están muy a gusto con el actual estado de cosas que les garantiza impunidad, favores y ausencia de control sobre sus actos legislativos o ejecutivos.
Tras años de negligencia y acatamiento, han comenzado a surgir (en la propia judicatura y en la abogacía) voces que exigen cambios. El primer gran ámbito donde se debaten la realidad y el futuro de la Justicia es el Consejo de la Magistratura, cuyo control procuran retener algunos vicarios del "régimen". El segundo debate, que también acaba de comenzar, atañe a las competencias de control y seguimiento del servicio de justicia de las que es preciso dotar al Colegio de Abogados de Salta para situarlo en sintonía con lo que sucede en otros Colegios de nuestro país y del mundo.
Escuela de la Magistratura
Hay, sin embargo, un tercer escenario donde nada parece moverse pese a su centralidad para la buena marcha del Poder Judicial. Me refiero a la Escuela de la Magistratura, arrinconada como un apéndice de los designios de quienes mandan en la Corte de Justicia de Salta.
Como indican todas las experiencias de cambio exitosas, un programa consistente que se proponga resolver los problemas de la Justicia ha de contemplar, inexorablemente, las definiciones y actividades vinculadas a la capacitación y a la formación continua de los jueces y magistrados. Si desde hace ya un largo tiempo se exige esta continuidad a los trabajadores industriales y de servicios, es difícil comprender por qué Salta descuida todo lo que tiene que ver con la formación de los jueces.
Nadie puede suponer hoy que los estudios regulares cursados en las escuelas de derecho hace 5, 10 o 20 años (muchas veces con programas obsoletos y bibliografía desactualizada) son suficientes para que los magistrados dicten sentencias justas, administren los recursos que la sociedad les suministra, abandonen oscurantismos, y contribuyan al bienestar general y a la paz social.
Un tema sobre el que ha teorizado Martín Bohmer cuya obra debería figurar en todos los programas de la Escuela de la Magistratura de Salta.
Pensar que con las herramientas adquiridas en aquellas Facultades de Derecho es posible asumir e integrarse a las grandes transformaciones que experimentaron y experimentan el derecho positivo y la ciencia jurídica, es una ilusión que expresa y alimenta al subdesarrollo. En nuestro caso, la Escuela de la Magistratura se ha convertido en un engranaje de un sistema que no funciona y que dista de producir los resultados previstos en la Constitución y anhelados por los ciudadanos.
Sus cursos, su revista y sus investigaciones carecen de la relevancia necesaria para modernizar y jerarquizar a nuestra Justicia.
En Salta, la formación de aspirantes a jueces esta reservada a las Facultades de Derecho que forman, como es sabido, abogados y no magistrados. Una situación que contrasta con lo que ocurre en Europa o, sin ir tan lejos, en la provincia de Buenos Aires bajo los impulsos de la gobernadora Vidal, en donde los aspirantes a jueces han de realizar cursos especiales de alta calidad y fuertes exigencias académicas. (Ver ley 15.058, que modifica los artículos 22, 25 y 28 de la ley 11.868, y resolución de 11 de diciembre de 2018 del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires).
Una escuela judicial
¿Cuáles son las razones por las cuales en Salta la formación de jueces, fiscales y abogados se reparte entre tres escuelas? ¿No es más lógico y sano que estos tres estamentos compartan una misma escuela de alta calidad? ¿Por qué motivo los abogados “de a pie” han de conformarse con cursos de menor envergadura científica, sufragados de su bolsillo, mientras que los jueces se benefician con cursos pagados o subvencionados por el Estado?
Abogados y magistrados deberíamos ponernos de acuerdo para fusionar escuelas, suprimir discriminaciones y avanzar hacia la autonomía del ente encargado de la capacitación de la judicatura y de la abogacía.
Urge la creación de una verdadera Escuela Judicial que forme a aspirantes a jueces y fiscales a la par que capacite a los abogados que ejercen su profesión libre.
Una Escuela Judicial dirigida por académicos de verdad, elegidos por concurso, con la participación de las organizaciones representativas de los estamentos que articulan el servicio de justicia, al estilo de lo que ocurre, por ejemplo, en Tucumán.
Esta nueva Escuela debería impartir cursos bianuales de acceso a la judicatura y a cargo de profesores universitarios nacionales y extranjeros. Y contar, además, con seminarios y talleres de actualización en cada una de las ramas del derecho, obligatorios para los jueces en ejercicio que, en todo caso, deberán aprobar al menos una actividad de 200 horas cátedra por año.
Por mucho que modifiquemos hacia el futuro los criterios de selección de magistrados, si no somos capaces de fundar una Escuela Judicial e imponer la formación continua de los anteriores y nuevos jueces, no lograremos el salto de calidad científica que reclama un buen servicio de justicia.