El intento del oficialismo provincial de sacar rápidamente la ley para crear la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sufrió un revés en la última sesión de Diputados y el polémico proyecto quedó en suspenso. Lo que se discute de la iniciativa no es la conformación de ese tribunal sino la premura para crearlo.
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El intento del oficialismo provincial de sacar rápidamente la ley para crear la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sufrió un revés en la última sesión de Diputados y el polémico proyecto quedó en suspenso. Lo que se discute de la iniciativa no es la conformación de ese tribunal sino la premura para crearlo.
El proyecto, que volvió del Senado con una modificación tras ser aprobado por la Cámara Baja, se iba a tratar el martes sobre tablas pero no hubo consenso entre los legisladores y se lo derivó a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General.
"No estoy de acuerdo en que esto se pretenda sacar en forma exprés cuando incluso la misma ley prevé que "inmediatamente' se proceda a la cobertura de los cargos, cuando hay una gestión que está a menos de cinco meses de concluir su mandato", criticó el diputado Javier Diez Villa (del bloque Un Cambio para Salta), presidente de la comisión de Justicia.
Lo que alertó a algunos legisladores es el apuro del oficialismo, y en los últimos meses de la actual gestión de gobierno, por conformar un tribunal de apelaciones al que tendrán que designar tres nuevos jueces y dos fiscalías, con sus respectivos titulares, en tiempo récord.
El mismo proyecto de ley establece, en sus artículos 11 y 12, que la convocatoria para conformar el cuerpo de magistrados debe ser "inmediata". Y una vez seleccionados, la nueva cámara y fiscalías deben funcionar a los 30 días corridos de ese concurso.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es un espacio clave para el control de la administración pública, por lo tanto está a cargo de velar por la justicia de los actos de gestión y de los funcionarios.
¿Por qué el apuro? Diez Villa no quiso arriesgar una respuesta, pero recordó que el fuero contencioso administrativo interviene principalmente en todos juicios donde el Estado está.
"Entonces tiene una trascendencia muy importante, porque en esos juicios se compromete la situación económica y financiera de la Provincia", dijo el legislador.
Una cuestión económica
Otro punto que se cuestiona de la iniciativa es el costo económico que conlleva para las arcas públicas.
"Con la designación de tres jueces, y todo el personal que eso implica, más las creación de dos fiscalías que también están previstas, sin duda genera un impacto en el presupuesto que entiendo que al concluir ya 12 años de la gestión de este gobierno no corresponde. Es la próxima gestión la que va a tener que decidir cuáles son las prioridades de los gastos una vez que asuma", afirmó Diez Villa.
"Tenemos que ser responsable y prudentes cuando estamos haciendo una transición para la próxima gestión. Se debería entregar una Provincia ordenada. El gobernador Juan Manuel Urtubey se manejó con ese criterio en los últimos meses, entonces entiendo que se puede hacer lo mismo con este proyecto", dijo el diputado provincial.
Si bien existe la posibilidad de que en las próximas sesiones de la Cámara Baja se vuelva a saltear las comisiones y poner el proyecto de ley para el tratamiento sobre tablas, Diez Villa consideró que ese intento fracasaría de nuevo.
"No existen los consensos necesarios para tratarlo", sostuvo.
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