El Concejal Mario Luna (FPV), de la localidad de Aguaray, visitó el programa Sintonía Fina TV la semana pasada, en el que presentó la documentación que demuestran los hechos de corrupción en la gestión de Juan Carlos Alcoba cuando fue intendente de esa localidad.
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El Concejal Mario Luna (FPV), de la localidad de Aguaray, visitó el programa Sintonía Fina TV la semana pasada, en el que presentó la documentación que demuestran los hechos de corrupción en la gestión de Juan Carlos Alcoba cuando fue intendente de esa localidad.
Luna explicó que la Auditoría General de la Provincia (AGP) intimó a Juan Carlos Alcoba mediante la resolución N´ 044/19, a que devuelva $723.270.000 (setecientos veintitrés mil doscientos setenta pesos) más intereses actualizados desde el año 2015 a la fecha, luego de haberse descubierto ese faltante en la rendición de gastos, a partir de una auditoría hecha a la Cooperadora Asistencial de ese municipio.
Esta resolución de Auditoría de la Provincia confirma los hechos de corrupción durante la gestión de Alcoba, que oportunamente habían sido denunciados por la oposición de aquel momento y que el exintendente Alcoba calificaba de campaña sucia en su contra.
La Auditoría le exige al exintendente que en el plazo de 10 días, que por supuesto ya vencieron, devuelva el monto adeudado, que a valor actual, desde enero de 2015 a junio 2019, aplicando el índice de precios al consumidor que es el más bajo, da un 116%. Alcoba deberia pagar alrededor de $1.670.000 a la Cooperadora Asistencial, estimó Luna.
Son numerosos los hechos por los cuales el concejal pidió la remoción de Alcoba al cargo de presidente del Concejo Deliberante que ocupa ahora, pedido que fue rechazado por los ediles que responden al mismo, en complicidad con su líder político, ya que tienen mayoría dentro del cuerpo, donde de 7 concejales, 5 son de Alcoba, Luna es del (FPV) y Arequipa de (Cambiemos).
La auditoría también reveló que Alcoba privatizó, indebidamente, el cobro de las tasas de servicios públicos, contratando a una consultora que tenía la potestad de realizar el cobro de los tributos a los contribuyentes y luego exigía el pago del 21% del valor de la deuda cobrada, más el 21% de IVA.
Según Luna, la consultora de marras estuvo percibiendo fondos públicos entre 2004 y 2015 por un valor estimado de nueve millones de pesos, lo que a su entender se realizó de manera ilegal, porque no se conoce el contrato supuestamente firmado entre Alcoba y la firma aludida.