Pedro Serrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Municipalidad (UTM), y nueve afiliados deberán entregar cinco computadoras y cinco escritorios al Centro Cívico Municipal (CCM) y donar mercadería no perecedera al Hogar de Ancianos Cristo Rey por un monto de diez mil pesos en un plazo de 60 días. Es que la jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal, hizo lugar por dos años al pedido de suspensión de juicio a prueba -probation- presentado por los sindicalistas.
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Pedro Serrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Municipalidad (UTM), y nueve afiliados deberán entregar cinco computadoras y cinco escritorios al Centro Cívico Municipal (CCM) y donar mercadería no perecedera al Hogar de Ancianos Cristo Rey por un monto de diez mil pesos en un plazo de 60 días. Es que la jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal, hizo lugar por dos años al pedido de suspensión de juicio a prueba -probation- presentado por los sindicalistas.
La mayoría de los acusados llegó a la audiencia imputados por el delito de incitación a la violencia, como el caso de Serrudo, aunque sobre otros recaían acusaciones como lesiones leves, daños calificados, amenazas y compulsión coactiva a la huelga.
Hace tres años
La causa se abrió por hechos de vandalismo ocurridos en mayo de 2016, en el CCM y el Tribunal de Cuentas, que se desencadenaron cuando Serrudo y compañía repudiaron la nulidad de un convenio colectivo resuelto por el juez federal Julio Bavio.
Los trabajadores se concentraron en el playón y allí se produjeron los primeros incidentes cuando un grupo ingresó a las oficinas y exigió a los empleados que abandonaran sus tareas para que participaran de la asamblea. En medio de los forcejeos, una mujer denunció que sufrió lesiones en los pies por una bengala. Luego de la asamblea los trabajadores marcharon al centro de la ciudad. Unas veinte personas se trasladaron hasta las oficinas del Tribunal de Cuentas, en la galería Mitre, donde provocaron daños y en estas circunstancias agredieron al vocal Sócrates Paputsakis.
Otras medidas
La jueza les impuso, además, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el lapso de dos años, que incluyen fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal; la prohibición de ejercer actos de violencia en contra de los denunciantes y víctimas; no cometer nuevo delito; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas; someterse a los controles de la Secretaría de Derechos Humanos.
El pedido de suspensión de juicio a prueba fue presentado por Serrudo, Mario Marcelo Gamboa, Lucas Exequiel Arce, Zulma Patricia del Valle Medina, Oscar Pablo Orozco, Alberto Gutiérrez, Juan José Benítez, Jorge Antonio Alascia, Norma Marcela Robles y Marisa Estela Orozco.
En 2016, un dictamen de la fiscal Gabriela Buabse marcó que Serrudo tuvo activa participación en esos hechos y que los acusados causaron daños en las puertas y ventanas del edificio. En relación con la agresión sufrida por Paputsakis, señaló que al declarar confirmó haber recibido cuatro golpes de puños, como así también amenazas de parte de Serrudo.