Durante una audiencia fijada con fines conciliatorios en el marco de una causa que se tramita en el Juzgado de Garantías 4, el juez Diego Rodríguez Pipino dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que se habían ordenado, y tuvo presente la manifestación y acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes.
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Durante una audiencia fijada con fines conciliatorios en el marco de una causa que se tramita en el Juzgado de Garantías 4, el juez Diego Rodríguez Pipino dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que se habían ordenado, y tuvo presente la manifestación y acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes.
El conflicto suscitado en el norte de la provincia entre una comunidad de originarios y la comuna local comenzó por la construcción de obras que inició la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero en un terreno de Iruya.
El representante de la comunidad dijo que al dar comienzo a la construcción se remitieron notas al Poder Ejecutivo, para regular la cuestión, ya que estaban en su tierra.
El municipio de Iruya, por su parte, manifestó que las tierras estaban dentro de su jurisdicción.
Los informes solicitados a la Provincia, que serán evacuados hasta el 22 de agosto, determinarán si los terrenos en cuestión corresponden a la comunidad aborigen o a la Provincia.
Con estos informes periciales, será fijada una nueva audiencia en el Centro Comunitario Finca El Potrero para el 22 de agosto, a las 15, para dilucidar en dónde se encuentran las obras y si las mismas están dentro de la comunidad o de la Provincia de Salta.