El Gobierno provincial decidió decretar una nueva prórroga -la segunda- en la intervención administrativa del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), a partir del 28 de agosto y por el período de cuatro meses más.
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El Gobierno provincial decidió decretar una nueva prórroga -la segunda- en la intervención administrativa del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), a partir del 28 de agosto y por el período de cuatro meses más.
Finalmente, la entidad autárquica que nuclea a las comunidades originarias de la provincia permanecerá un total de diez meses intervenida, hasta el 28 de diciembre. Por eso terminará excediendo el mandato del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey.
Será tarea del próximo gobierno poner en funcionamiento nuevamente el organismo que está manchado por denuncias de desmanejos financieros y tiene a tres autoridades de la institución imputadas por fraude al Estado provincial.
Los miembros de la Comisión Interventora y Normalizadora del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta solicitaron que se extienda la intervención y el gobernador, en acuerdo con los demás ministerios, decidió continuar con la medida.
Ramiro Chávez, uno de los tres interventores, expresó a El Tribuno que le hicieron ese pedido al gobernador porque necesitaban más tiempo "para ordenar la institución".
"El Ippis estaba absolutamente desordenado, con falencias y faltantes que tienen que ver con lo económico. Esto se plasmó en la denuncia penal que se hizo ante la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. Mientras tanto, nosotros continuamos con los sumarios que se iniciaron en la investigación administrativa y quienes tengan alguna responsabilidad penal deberán dar cuentas", expresó el interventor.
Ramiro Chávez afirmó que la principal función que tiene la Comisión Normalizadora es ordenar el Ippis, manteniendo servicios que funcionen para los pueblos originarios, para prestarles asistencia en los trámites que tengan que realizar en el organismo.
El interventor del organismo explicó que el faltante de documentación en la institución hizo que tuvieran que articular nuevamente los circuitos para los expedientes que están relacionados con la parte financiera.
"Eso lleva mucho tiempo, y ese período era poco para volver a iniciar los circuitos de documentación administrativa que tienen que ver con circuitos de pagos, por lo cual se hicieron cortos los seis meses y por eso tuvimos que prolongar cuatro meses más", expresó Ramiro Chávez, quien además agregó que ese proceso se está cumpliendo "correctamente".
Inicio de la intervención
El 28 de febrero el Gobierno provincial dispuso por decreto la intervención administrativa del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta por tres meses.
Un informe especial de Auditoría remitido por la Sindicatura General de la Provincia en relación a la institución había llamado la atención sobre numerosas irregularidades en la administración económica y financiera en la entidad autárquica.
Cheques que no están en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se le adjudican al Instituto.
Nueva prórroga e imputación
El mismo día que el Gobierno decidió dar la primer prórroga (28 de mayo), se dio a conocer que la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, tomó la decisión de imputar a tres autoridades de la institución por fraude a la Provincia.
Entre los acusados se encuentran Romelia Beatriz Durán (representante pueblo Toba), Alejo Gallardo (Chulupí) y Samuel Guillermo Centeno (Chorote), presidente y vocales, respectivamente, durante el período del 2017.
Según consta en el documento al que accedió El Tribuno en ese momento, las autoridades del Ippis y representantes de los pueblos originarios fueron imputados por peculado y fraude a la administración pública.