A mediados de julio último, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de esta jurisdicción firmaron un acta acuerdo para impedir el cierre de los hospitales de salud mental, según manda la ley nacional 26.657.
inicia sesión o regístrate.
A mediados de julio último, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de esta jurisdicción firmaron un acta acuerdo para impedir el cierre de los hospitales de salud mental, según manda la ley nacional 26.657.
Lo que propone el acta acuerdo es que los manicomios se “refuncionalicen” de manera progresiva hasta convertirse en “hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias”.
La Asociación de Psiquiatría de Salta aplaudió la iniciativa. “Nosotros adherimos a esa resolución y esperamos que se organice lo mismo acá”, expresó el presidente de la entidad, Gustavo Vacaflores, al hablar con El Tribuno. Consideró que no deben cerrarse los hospitales psiquiátricos: “Es el único lugar donde podemos manejar los pacientes con estas características”.
Desde la Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam) criticaron el acta acuerdo: “La ley nacional de salud mental está siendo fuertemente cuestionada. Uno de los argumentos más difundidos es la imposibilidad de la aplicación. Desde Adesam conocemos y formamos parte de dispositivos y experiencias que cumplen con la ley y demuestran que es posible atender los problemas de salud mental sin prolongar innecesariamente las internaciones y en la comunidad. Sabemos que el manicomio no cura”.
Violaciones de DDHH
En febrero último, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reconoció violaciones de derechos humanos en hospitales psiquiátricos, se comprometió a garantizar su cierre y a crear alternativas en la comunidad. Esto sucedió ante las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales de salud mental, que acercaron nueve organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones sostuvieron que “el manicomio degrada, cosifica, humilla y desvaloriza a las personas mediante el control de todos los actos de su vida cotidiana”. Manifestaron que, en ellos, “el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y, principalmente, los psicofármacos, son los mecanismos de control”. Plantearon que miles de personas son “víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad, la sobremedicación y la perpetuación de tortura y malos tratos, que arrasan con sus vidas”.
El Estado argentino reconoció que “el proceso de transformación no es homogéneo y que la lógica manicomial aún perdura”, ya que la concentración de trabajadores y presupuesto siguen en los hospitales psiquiátricos y no existen los dispositivos intermedios necesarios.
Falta consenso y liderazgo
Opinión por Rodolfo Ceballos, Periodista y psicólogo
Si la Argentina aún no creó en todas las provincias el nuevo modelo de atención de salud mental, se debe a pocas razones (no hay que intelectualizar muchas). La mayoría de las jurisdicciones incumple con la radical reforma exigida por la ley de salud mental de 2010. Hoy existe una contrarreforma.
Se debilita a la ley por acción, omisión y algunos silencios selectivos para defenderla.
La Nación y las provincias no coordinan aún cómo llegar juntas a 2020, fecha límite para que esté agotado el viejo modelo de atención. No asumen el cumplimiento de pactos internacionales ni las ventajas comparativas de ofrecer una salud mental provincial y municipal con un nuevo paradigma.
Se está lejos del nuevo modelo de rehabilitación psico-social, centrado en la singularidad del usuario, en la cultura de la familia y en los recursos de la comunidad. Es difícil superar al hegemónico hospital psiquiátrico, asilar e históricamente ineficiente, para descentralizarse.
A cinco meses de 2020, falta liderazgo convincente para la atención primaria de la salud mental comunitaria, que cambie la lógica manicomial, vulneradora de los derechos de los usuarios, para que sigan siendo ciudadanos cuando sufren algún problema mental y sean atendidos en hospitales generales, provistos de presupuestos y recursos humanos.
No hay capacidad de negociación con los lobbies interesados en cuestionar y/o contrarreformar el modelo planificado en la ley. Los líderes en salud mental hacen muy poco para modificar el sentido común de quienes estigmatizan a los usuarios.
La distancia que existe entre la lucidez del legislador que redactó la ley de salud mental y quienes toman decisiones políticas chatas desde lo Ejecutivo creó un limbo jurídico de facto. En el sector, reina la improvisación institucional. No funcionan organismos de control y prevalece la libre convicción para aplicar la ley.
Los contrarreformistas aprovechan el moroso programa de cambios de los reformadores invisibles y -como grupo de interés- ya piensan en la modificación de la ley para presentarla después de las elecciones. Ellos, desde 2010, se opusieron a la norma. Son coherentes. Ya coinciden con otro modelo de atención, que podrían proponer a la política para que lo decrete, si no marcha la modificación.
Los reformadores no manejan los tiempos del cambio. Les falta consenso con los grupos de presión para aplicar la ley. También, para dar más derechos de última generación y alternativas a quienes se quedaron a vivir en el psiquiátrico como crónicos o con necesidades básicas insatisfechas por alguna negligencia.
Los programas sociales de externación no son coherentes y algunos sostienen el ajuste fiscal, haciendo inviable cualquier socialización. Todo esto predispone a una fuerte contrarreforma, que ya comenzó a dictarles a los actores del cambio una agenda a cumplir en territorios declarados libres de la obligación legal de la reforma, como la Ciudad de Buenos Aires. Salió el primer tiro por la culata y, seguro, puede replicarse en otras jurisdicciones.
La contrarreforma, advertida, descubrió que los reformadores rumian la ley de salud mental porque no la pueden actuar.
.
.