Hoy la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a debatir -desde las 11.30 en una sesión especial- el proyecto de ley de emergencia alimentaria impulsado por la oposición y que será acompañado por el oficialismo luego de que el presidente Mauricio Macri dio vía libre a su tratamiento y eventual aprobación.
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Hoy la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a debatir -desde las 11.30 en una sesión especial- el proyecto de ley de emergencia alimentaria impulsado por la oposición y que será acompañado por el oficialismo luego de que el presidente Mauricio Macri dio vía libre a su tratamiento y eventual aprobación.
“La emergencia está desde 2002, y la ministra (de Desarrollo Social) Carolina Stanley está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores, así que si quieren cambiar o ampliar el proyecto estamos disponibles”, expresó el jefe de Estado desde Santa Fe.
De esta forma la iniciativa que busca traer algo de calma social en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales podría tener media sanción este jueves para lugar ser debatido en el Senado.
Las claves del proyecto de emergencia alimentaria
La iniciativa, que fue consensuada entre los principales bloques de la oposición, solicita la prorroga del decreto 108 -firmado por el expresidente Eduardo Duhalde en 2002- y pide que la Emergencia Alimentaria Nacional se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022. A su vez, requiere la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
El proyecto impulsa un incremento como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes destinadas a las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal del proyecto oscila entre los $4061 millones y los $10.489 millones. En el Gobierno entienden que la medida no alterará las cuentas del Estado ya que lo que se hará es una redistribución de partidas y no la puesta en marcha de nuevas.
En caso de aprobarse, a partir del 2020 el jefe de Gabinete tendrá la facultad de “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias” en base a la variación de los precios en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que confecciona el INDEC.
A su vez, el Poder Ejecutivo estará facultado para realizar “reestructuraciones presupuestarias y la decisión administrativa para abordar efectivamente la emergencia alimentaria y nutricional”, la que será monitoreada por la Sindicatura General de la Nación.