El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, instó al gobierno de Mauricio Macri a derogar un decreto de 2017 que endureció la política migratoria local, informó este viernes la Comisión Argentina para Refugiados (Caref).
Ese mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas internacionales y su juicio se enmarca en un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en el país sudamericano.
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El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, instó al gobierno de Mauricio Macri a derogar un decreto de 2017 que endureció la política migratoria local, informó este viernes la Comisión Argentina para Refugiados (Caref).
Ese mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas internacionales y su juicio se enmarca en un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en el país sudamericano.
El Comité de la ONU instó a Argentina "a que adopte medidas inmediatas para derogar" el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria cerrando las puertas a personas con antecedentes penales y agilizando los procesos de deportación.
La administración de Macri lo había justificado entonces en estadísticas de criminalidad que, según las autoridades, mostraban un alto porcentaje de inmigrantes involucrados en hechos delictivos.
El Comité consideró además que el decreto es contrario a la Convención Internacional ratificada en 2007 por Argentina, informó un comunicado del Caref y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones.
El decreto de Macri fue declarado inconstitucional y nulo por un fallo judicial de segunda instancia y está a estudio de la Corte Suprema.
Además, el Comité de la ONU le exigió a Argentina que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde la sanción del decreto y los que están pendientes de resolución, para "garantizar la unidad familiar".
La relatora para Argentina del Comité, María Landázuri, evocó el caso de Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana, madre de tres niños argentinos -de 14, 5 y 2 años - que fue deportada por sus antecedentes penales en febrero pasado y separada de sus hijos. Tras la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre fue autorizada a reingresar al país.
Sandra Gómez Cueva, la enfermera peruana deportada y separada de sus hijos
La mujer había sido detenida en 2011 como "mula" de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
Además, el Comité "mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil", indica el comunicado de CAREF.
De de los 44 millones de habitantes de Argentina, un 4,5% es inmigrante, según cifras de la ONU.
La postura de Pichetto
Tras difundirse el pedido de la ONU, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy que "no hay que cumplir" con lo que instó un organismo de la ONU para que el Gobierno derogue un decreto que modificó la Ley de Migraciones en 2017.
El senador nacional rechazó hoy la decisión del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, que el pasado viernes instó al Gobierno "a que adopte medidas inmediatas para derogar" el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria cerrando las puertas a personas con antecedentes penales y agilizando los procesos de deportación.
Miguel A. Pichetto, senador nacional y candidato a vice de Juntos por el Cambio
"¿Por qué no se lo piden a Estados Unidos y países importantes del mundo que cuidan a sus nacionales? ¿Por qué estamos obligados a convivir con delincuentes que han cometido delitos graves, especialmente de narcotráfico? ¿Por qué este país tiene que ser tan sensible a este tipo de reclamos cuando hay que hacer valer la ley nacional?", se preguntó el referente peronista.
En diálogo con CNN Radio, el representante de Río Negro en la Cámara alta señaló que "si la persona viene a buscar trabajo, un horizonte, un proyecto de vida en la Argentina, bienvenido. Pero si esta gente viene y comete delitos gravísimos, después hay que dejarlos, no expulsarlos y estos organismos internacionales aparecen reclamando...".
"Me parece que no hay que cumplir, más allá de que se pertenezca a la Comunidad de las Naciones. No estoy de acuerdo", destacó el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.
En ese sentido, insistió en que está en contra de los "extranjeros que rompen el pacto de convivencia".
"Esta gente se tiene que ir, con sus hijos, con su familia", lanzó el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.