La sanción de una ley de emergencia alimentaria es al mismo tiempo un gesto de consenso -inusual en la política argentina-, el reconocimiento de una crisis social que se profundiza día a día por el desempleo y la pobreza y, a su vez, un paliativo imprescindible pero que no debe ocultar el verdadero horizonte: nuestro país no puede seguir jugando con una "grieta", que para algunos es una ilusión épica de "lucha de clases" y para otros, simplemente, la descalificación del oponente. Esa grieta política, mezquina y caprichosa, agiganta la grieta más agraviante, que desde hace décadas viene dejando fuera del sistema a millones de argentinos.
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La sanción de una ley de emergencia alimentaria es al mismo tiempo un gesto de consenso -inusual en la política argentina-, el reconocimiento de una crisis social que se profundiza día a día por el desempleo y la pobreza y, a su vez, un paliativo imprescindible pero que no debe ocultar el verdadero horizonte: nuestro país no puede seguir jugando con una "grieta", que para algunos es una ilusión épica de "lucha de clases" y para otros, simplemente, la descalificación del oponente. Esa grieta política, mezquina y caprichosa, agiganta la grieta más agraviante, que desde hace décadas viene dejando fuera del sistema a millones de argentinos.
Al margen de cualquier especulación política, la emergencia alimentaria se declaró tardíamente. El resonante traspié en las PASO llevó al Gobierno nacional a aceptar la propuesta de toda la oposición. Hasta hace unos días, el oficialismo sostenía que era innecesaria esa ley ya que está vigente otra norma, el decreto 108/2002, con el que Eduardo Duhalde declaró la misma situación de excepción, al que diversas leyes fueron prorrogando, con vencimiento en diciembre de 2019.
No obstante, las señales de alarma se escuchaban desde hace tiempo.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, radical y de Cambiemos, ya había advertido en 2016 que el ajuste que se avecinaba, por gradual que fuera su ejecución, tendría costos sociales que pagarían los sectores más vulnerables. Por eso ese año logró la sanción de la ley provincial de Economía Popular y Solidaria, declaró la emergencia alimentaria y garantizó recursos para alimentar a 160.000 jujeños en comedores populares.
La contención social es imprescindible siempre, pero en los momentos de crisis, el gobernante debe extremar los recaudos. La sensibilidad para percibir los estados de ánimo es indispensable; cuando las encuestas y los dirigentes advierten sobre el cierre de miles de fuentes de trabajo estratégicas, como son la pymes, mientras el Indec reporta crecimiento sostenido de la pobreza, es obligación del gobernante anticiparse a los acontecimientos.
En esto falló el gobierno de Mauricio Macri. Probablemente, la falta de figuras con autoridad y liderazgo política y económico impidió coordinar las acciones para evitar el previsible shock de una serie de medidas que combinaron aumento de las tarifas, inflación y crecimiento desmedido del costo del crédito. Era la fórmula que garantizaba el quebranto para las empresas más frágiles y para la recesión del país.
Es cierto que el actual gobierno no adulteró las estadísticas para ocultar la inflación ni la pobreza; tampoco incurrió en desafortunadas afirmaciones como aquella de la ex presidenta Cristina de Kirchner cuando sostuvo que en Argentina "hay menos pobres que en Alemania".
La pobreza y la exclusión son problemas muy delicados, que deben ser abordados con sensibilidad, sin demagogia y sin anteojeras ideológicas.
La inflación es un síntoma de la fragilidad de la economía, distorsiona el ingreso y achica el poder adquisitivo del salario. Pero el drama de la pobreza va mucho más allá.
Hoy, el Estado asiste con diversos programas a más de 9.000.000 de personas, entre las que se destacan la Asistencia Universal por Hijo, destinada a niños cuyos padres no perciben asignaciones familiares; el Plan de Desarrollo Alimentario, las Pensiones por Invalidez y el Monotributo Social.
Quienes reciben esta asistencia la necesitan realmente, porque la cruda realidad social actual es consecuencia de un país en retroceso.
Es importante recordar que el Estado de Derecho garantiza los derechos a la salud, el trabajo digno y la educación; pero esos derechos solamente pueden ser ejercidos con una administración eficiente y una economía que genere ingresos.
Nuestro país vive en emergencia, porque a la democracia argentina le falta capacidad para generar consenso.
Los 10 mil millones de pesos que se aplicarán a paliar la emergencia alimentaria son una solución efímera.
La "grieta" social es el indicio de un fracaso nacional. Un fracaso que no es definitivo y que puede ser revertido si somos capaces de subordinar las apetencias personales a las gran des metas políticas y priorizamos la dignidad de nuestros compatriotas por encima de los emblemas partidarios.