La ley para establecer un nuevo sistema de financiamiento para las cooperadoras asistenciales que funcionan en los municipios obtuvo ayer media sanción unánime en la Cámara de Diputados.
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La ley para establecer un nuevo sistema de financiamiento para las cooperadoras asistenciales que funcionan en los municipios obtuvo ayer media sanción unánime en la Cámara de Diputados.
El tratamiento fue seguido por empleados de la Cooperadora Asistencial de la Capital que se apostaron al frente de la Legislatura, preocupados por la fuente laboral.
Con el actual sistema, para las cooperadoras asistenciales se destinan unos 400 millones de pesos.
Durante el debate, el diputado Lucas Godoy (PJ) puntualizó que la ley garantizará el funcionamiento de las cooperadoras con nuevo sistema de financiamiento y, por ende, se podrán sostener las fuentes laborales.
El Fondo Solidario de Asistencia Social se conformará con el 4% de lo que se recaude mensualmente del impuesto a las actividades económicas.
Cuando la recaudación arroje un monto inferior al porcentaje fijado, el resto será garantizado por el Ejecutivo provincial.
Además, la ley establece que los fondos se destinen exclusivamente para asistencia a los sectores más vulnerables de la población.
El fondo será distribuido a las cooperadoras asistenciales en función del coeficiente que establece la ley de coparticipación a los municipios.
También determina un sistema de control y ejecución de gastos. Las cooperadoras deberán rendir mensualmente ante la Sindicatura General y el Ministerio de Gobierno deberá informar cada tres meses a la Legislatura. Esta cartera podrá suspender la remisión de fondos a las cooperadoras que no cumplan.
La Auditoría General de la Provincia seguirá con el control que viene cumpliendo.
La ley, que pasó ahora al Senado, entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año.
La derogación de todo tributo sobre la nómina salarial a partir del 30 de noviembre próximo, impuesta por el Pacto Fiscal que firmó la Provincia con la Nación, llevó a los diputados a crear por ley un nuevo mecanismo de financiamiento.