Desde el 30 de noviembre del 2019 el famoso gravamen al sueldo o retribución originada por la prestación de servicios en relación de dependencia dejará de regir. La Provincia de Salta firmó con Nación el Consenso Fiscal aprobado por el Congreso Nacional con el dictado de la Ley 27.429. En ese acuerdo se asumen compromisos por parte de las provincias y la CABA entre los cuales se encuentra la derogación de todo tributo sobre la nómina salarial.
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Desde el 30 de noviembre del 2019 el famoso gravamen al sueldo o retribución originada por la prestación de servicios en relación de dependencia dejará de regir. La Provincia de Salta firmó con Nación el Consenso Fiscal aprobado por el Congreso Nacional con el dictado de la Ley 27.429. En ese acuerdo se asumen compromisos por parte de las provincias y la CABA entre los cuales se encuentra la derogación de todo tributo sobre la nómina salarial.
Pero justamente estos fondos son los que llegaban a las cooperadoras municipales para ser destinadas, por ejemplo, a la compra de una silla de ruedas para una persona que la necesite, remedios, otorgar becas de estudios para asistir a comedores barriales. De alguna manera tenía la finalidad de paliar situaciones de vulnerabilidad social de manera directa, ante la falta de fondos genuinos de muchas comunas.
Para pueblos pequeños, esta recaudación provincial de retener el 2% de los sueldos de los trabajadores significa una ayuda muy importante.
Por eso hay en estudio un sistema alternativo que se destinaría a seguir financiando a las cooperadoras.
"Este tema lo venimos hablando desde el año pasado; la cosa se puede poner fea en materia de ayuda social para nuestras comunas. Lo que se propone es la conformación de un fondo solidario de asistencia social, con el 4% de la recaudación por impuesto a las Actividades Económicas. Ese monto se distribuiría mensualmente entre las cooperadoras usando el coeficiente de participación a municipios establecido por Ley 7.651", explicó a El Tribuno la propuesta el diputado por Rosario de Lerma Mario Vilca.
Según la Ley de Pacto o Consenso Fiscal, Nación intenta con estas reformas impositivas, permitir que los municipios cuenten con ingresos genuinos y ordenamiento financiero. Sacando cargas a las empresas que generan mano de obra genuina y registrada, a partir de este impuesto provincial por ejemplo. Pero las necesidades de las personas más pobres quedarán al margen y la posible ayuda limitada a los fondos de la coparticipación provincial y nacional que llegan a las distintas comunas.
"Hay que darle tranquilidad a los municipios y a los habitantes de nuestros pueblos del interior; por ello debemos legislar para darle una nueva fuente de financiamiento. Claro está, debe haber un control más estricto y taxativo de esos gastos", agregó Vilca
Si bien la Auditoría de la Provincia controla las finanzas de las comunas, muchas veces estos controles tienen resoluciones relajadas con los responsables. Pasan los meses, y nadie actúa sobre los errores y mamarrachos que se descubren en algunas cooperativas.
"Si no se cumple con los informes, que deberán ser trimestrales, la Provincia se reserva la potestad de no enviar los recursos a estas cooperadoras. Será una condición de respetar a rajatabla. Se completará el circuito de control de las rendiciones incluyendo al Ministerio de Gobierno, junto a la Auditoría de la Provincia", dijo el autor de la iniciativa.
"Se pretende dar rápido tratamiento de este tema a los fines de tener el visto bueno antes de fin de año, para generar este nuevo financiamiento", dijo.