Luego de casi cuatro años desde que se iniciara la causa por el despido de tres trabajadores municipales, Ivana Humacata, Fabián Rodríguez y Hugo Flores, la Justicia determinó la inmediata reincorporación de los mismos a sus puestos laborales.
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Luego de casi cuatro años desde que se iniciara la causa por el despido de tres trabajadores municipales, Ivana Humacata, Fabián Rodríguez y Hugo Flores, la Justicia determinó la inmediata reincorporación de los mismos a sus puestos laborales.
Cabe señalar que pocas veces un fallo ordena la reincorporación de trabajadores, en este caso al municipio de El Tala.
La actuación se basa en la tutela de la libertad sindical, la Ley 23.592, sobre la discriminación sufrida cuando ejercían sus funciones de empleados municipales y, no menos grave, la Ley 24.685, sobre la protección integral de la mujer, con relación a Ivana Humaca ta.
Sergio Agero, abogado de ATE, expresó a El Tribuno que "en el trayecto hemos tenido que sortear muchos atropellos, puesto que la intención desde el municipio siempre fue que los representantes gremiales no vuelvan a trabajar".
"Desde un primer momento de la actual gestión de Andrés Mellado se cometieron muchos abusos de autoridad, llegando el intendente a realizar acusaciones penales contra Rodríguez, Humacata y Flores, para obstruir el normal desarrollo del trámite de la tutela sindical. Tampoco fue fácil el desarrollo y avances de la causa penal en la Fiscalía de Rosario de la Frontera, pero logramos superar todos los obstáculos. En el mes de mayo de 2018 la fiscalía interviniente desestimó y archivó la causa originada con motivo de las denuncias realizadas por el intendente", manifestó.
"Luego de recorrer un largo camino y de tener que soportar todo tipo de improperios y abusos hemos logrado que el Juzgado Contencioso Administrativo N§ 2, por medio del dictado de una sentencia, ordene al intendente de la Municipalidad de El Tala, la reincorporación en sus cargos de los representantes de ATE".
Además, el abogado especificó que "el fallo fundamenta su resolución en los artículo 47 y 52 de la Ley 23.552, que establecen: todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que este disponga si correspondiere el cese inmediato del comportamiento antisindical".
"Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el art. 47".
Las denuncias concretas
Las investigaciones se realizaron a partir de la denuncia de Mellado, quien aseguró que en El Tala, en los domicilios de Fabio Rodríguez, exempleado municipal, y del exintendente Manuel Norberto Paz se estaría realizando la falsificación y adulteración de instrumentos públicos, como resoluciones, con sellos y firmas de la gestión de Gobierno, dándole el carácter de permanente a ciertos nombramientos de personal. Por lo que el jefe comunal solicitó allanamiento, aprehensión y secuestro de documentos y sellos. Además, que se controlara el ingreso y el egreso de manera anormal del personal municipal en esos domicilios.
Por otra parte, Mellado radicó otra denuncia en contra de Marcela Soraya Flores, Darío Brandán, Elvira Herrera, José Amado Damián Tola e Ivana Humacata, todos con domicilio en la ciudad de El Tala.
El intendente expresó en esa oportunidad que el 5 de enero de 2016 hubo una manifestación frente al municipio y que lo agredieron verbal y físicamente. Aseguró que le arrojaron elementos contundentes a él y a su esposa, quienes en dicha circunstancia se retiraban del edificio. Mellado aseguró que también lo amenazaron.
Señaló que los manifestantes instalaron una carpa y quemaron gomas frente al edificio municipal y que generaron violencia, provocando miedo y temor entre los vecinos.
En la investigación, el fiscal López Ibarra dispuso varias medidas, como testimoniales e informes técnicos de documentación y sellos, además de estudios informáticos y una inspección ocular.
Tutela gremial
Agüero expresó que “se iniciaron las acciones de tutela gremial de los representantes sindicales ante el Juzgado Contencioso Administrativo buscando la reincorporación. La Municipalidad se presentó y solicitó un cuarto intermedio de 15 días para tratar de rever la situación de los despedidos, pero la realidad es que nunca se comunicó con ninguno de los afectados y tampoco realizó ninguna propuesta. Pero denunció estafa procesal y falsificación de instrumentos públicos, manifestando que realizó una denuncia en contra de Fabio Rodríguez, Beto Paz e Ivana Humacata, obligando a la jueza interviniente a correr vista al fiscal penal e impidiendo que los representantes de ATE puedan lograr la reincorporación”.