“Lo esencial es la independencia verdadera de los poderes del Estado. Es la garantía de que funcionen”, afirmó el juez Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal Patricio Maraniello. “Una Corte es independiente cuando sabe que va a durar lo que le marca la Constitución y no depende de los humores políticos”. El magistrado preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Estará en Salta esta semana para dirigir junto con la jueza salteña Mariana Catalano el Cuarto Congreso Argentino de Justicia Constitucional, a celebrarse los días 26, 27 y 28 de septiembre, y que en esta ocasión anticipa un fuerte tono social.
“Las garantías de independencia de la Justicia son la transparencia en la designación, presupuesto propio, una policía judicial y un sistema interno de regulación también independiente”, dijo Maraniello en una entrevista con El Tribuno.
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“Lo esencial es la independencia verdadera de los poderes del Estado. Es la garantía de que funcionen”, afirmó el juez Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal Patricio Maraniello. “Una Corte es independiente cuando sabe que va a durar lo que le marca la Constitución y no depende de los humores políticos”. El magistrado preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Estará en Salta esta semana para dirigir junto con la jueza salteña Mariana Catalano el Cuarto Congreso Argentino de Justicia Constitucional, a celebrarse los días 26, 27 y 28 de septiembre, y que en esta ocasión anticipa un fuerte tono social.
“Las garantías de independencia de la Justicia son la transparencia en la designación, presupuesto propio, una policía judicial y un sistema interno de regulación también independiente”, dijo Maraniello en una entrevista con El Tribuno.
¿Cuál es la relación entre el juez, la Constitución y la ley?
Los jueces en Argentina, federales o provinciales, tienen varias funciones; la primera, resolver conflictos de derechos. La Argentina tiene uno de los sistemas de control de constitucionalidad más interesantes de América porque incluye un “difuso completo”; salvo EEUU, los demás países tienen un “difuso incompleto” o un “concentrado completo”. Parece críptico pero no, es solo lenguaje técnico, e importante para el ciudadano. Al rol de juez ordinario, la Constitución agrega la obligación de controlar la constitucionalidad de las normas involucradas en cada proceso.
Todos los jueces. Esto significa “difuso” porque se expande a todos los casos y a todos los juzgados. Esto hace que el juez garantice que todas las normas se subordinen a la Constitución. En los últimos cincuenta años, de crisis permanente y recurrente, hay elementos de sobra a favor del “sistema difuso”.
¿No hay riesgo de contradicciones entre jueces?
Hay quienes sostienen que un sistema concentrado, con un solo tribunal que resuelve la constitucionalidad, es más seguro, más previsible y con mayor seguridad jurídica. En los países estables y pequeños, puede ser. Pero ¿qué hubiera pasado en la Argentina en la hiperinflación de 1989 y 1990? ¿O, con un sistema concentrado cuando se produjo lo del corralito? En la emergencia, con los depósitos congelados, con un decreto y un fallo de la Corte, la ciudadanía no hubiera tenido a quién recurrir para reclamar sus ahorros. Carlos Fayt aseguraba que esa crisis la iba a resolver la “cronoterapia”... la resolvieron la cronoterapia (el paso del tiempo) y los jueces. Los jueces, cuando había urgencia, le devolvían el dinero hasta llevando un cerrajero al tesoro del banco.
Pero, ¿no hay peligro de que se relativice la interpretación de la Constitución?
Es un riesgo del poder repartido. Siempre hay un riesgo. Pero hay que analizar la ventaja en el caso concreto.
Tomemos un caso: la investigación del juez Ramos Padilla sobre la tarea de Daniel Santoro pone en riesgo el secreto de las fuentes y a la misma práctica del periodismo de investigación...
La protección del secreto de las fuentes periodísticas es una garantía constitucional. La interpretación o extensión de esto obliga a analizar el caso concreto. Y conocer el expediente. El sistema difuso es un traje a medida; pero los fallos interpretativos van a ser revisados en instancias posteriores. La garantía constitucional es inamovible. Solo corresponde ver si existe algún otro elemento en juego.
Menos grave, pero polémico. Una jueza de Neuquén utilizó en un fallo el lenguaje inclusivo. Pero esta novedad no está convalidada por la Real Academia ¿Es aceptable?
El lenguaje técnico jurídico puede convertir el fallo en un galimatías para el ciudadano. En este punto, hay un gran esfuerzo por aumentar la claridad de la sentencia, utilizando un lenguaje menos técnico. Buscar palabras que contengan a hombres y mujeres es menos grave que un lenguaje técnico que bloquee el entendimiento del fallo.
Todo cambio trae aparejados problemas que el tiempo va resolviendo. Si el lenguaje termina siendo realmente inclusivo, será bueno
Ninguna lengua se cambia por voluntarismo, pero quizá la jueza esté planteando otra cosa, que es la irrupción de la marejada feminista en la vida de los tribunales...
El feminismo representa un cambio de era, que dentro de unos años nos va a sorprender. Recordemos en los ochenta el fallo de la Corte Suprema que le permitió casarse a Juan Bautista Sejean y Alicia Kuliba, ambos divorciados, y obligó a modificar una ley que llevaba 100 años de vigencia en la Argentina.
Parecía que se venía abajo el mundo y se derrumbaba la familia... Y pasaron 32 años de la sanción de la ley. Fue una revolución... un nuevo derecho, como el derecho de los animales y de la naturaleza. Habrá que ver en qué dirección marcha la sociedad.
¿Usted cree que la gente siente la contención de la Constitución?
Creo que la sociedad sabe que hay leyes, hay recursos, hay derechos y hay una Constitución, aunque no conozcan su letra y su alcance. Hay pasos importantes, por ejemplo, una ley de este año, con el número 27505, la ley de lealtad a la Constitución. Establece que todos los primeros de mayo se invite los alumnos de tercer año de todas las escuelas le juren lealtad y respeto. La ley prevé actividades escolares de información y concientización sobre el rol de la Carta Magna. Es educativo.
Si, es educativo. Pero la política a veces muestra que, para algunos dirigentes, la Constitución es algo así como un “mueble”, que se saca y se pone, como ocurrió entre 1930 y 1983. Da la impresión de que no hay conciencia de que se trata de un marco jurídico que nos contiene a todos, admite la pluralidad y no se ata a ideologías de circunstancia. Hoy mismo se habla de cambiar la Constitución.
Después de esos períodos de suspensión de la Constitución, volvimos a la de 1853, que está plenamente vigente después de un siglo y medio. Los momentos más exitosos del país fueron precedidos por normas importantes y decisivas, que forjaron el camino. Un país se construye con una Constitución, que es un acuerdo entre todos sobre el país que se quiere.
Un compromiso escrito de todas las fuerzas políticas. Un gobierno o un partido, solo, no puede reformar la Constitución porque necesita los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara. Carlos Menem necesitó de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos para hacerlo.
¿Se puede cambiar la Constitución con semejante grieta como la actual?
No, porque no se puede reunir los votos necesarios. Y porque pesan demasiado las ideologías que dividen.
Creo que el ciudadano común quiere vivir tranquilo. Pero en nuestro país, desde 1930 hasta hoy, cada presidente armó su propia Corte, salvo De la Rúa y Macri.
Lo esencial es la independencia verdadera de los poderes del Estado. Es la garantía de que funcionen. Una corte independiente es un elemento fundamental; es una Corte que sabe que va a durar lo que le marca la Constitución y no depende de los humores políticos.
Si cada gobierno arma la Corte a la medida de lo que pretende, no hay ni puede haber independencia.
¿Cuáles son las garantías de independencia?
Además de la transparencia en la designación, requiere un presupuesto manejado con independencia, una fuerza de investigación propia y un sistema interno de regulación también independiente.
La fuerza de investigación es un tema clave en Salta..
La investigación científica debe estar a cargo de una policía que no dependa del Poder Ejecutivo. En varios países hay una policía judicial que trabaja con los jueces. Brasil, sin irnos mucho más lejos, ha podido avanzar en muchas causas muy graves de narcotráfico y corrupción, especialmente, porque tiene una policía organizada, administrada y con presupuesto del Poder Judicial. Eso permite investigar con libertad.
¿Los jueces se sienten vulnerables frente al poder político?
Las presiones existen. Políticas, y también sociales. Todo juez tiene un porcentaje de causas sensibles. El problema no son las presiones que recibe el magistrado, sino cómo él decide. Es una realidad que el juez debe enfrentar, porque él sabe que lo están observando. Pero al resolver debe apartarse de las presiones, actuar de acuerdo con sus convicciones jurídicas, con fidelidad a la ley y a la Constitución.
¿No sería lo ideal que los jueces fueran elegidos por la academia y los Colegios de Abogados y no por los gobiernos?
Hay avances importantes, porque ahora cada magistrado surge de una terna que propone el Consejo de la Magistratura. Antes los elegía el presidente por su cuenta y sin avisar a nadie. Hoy deben pasar exámenes orales y escritos, y entrevistas; esto “per se” es un avance como filtro de idoneidad.
Se podría discutir la composición del Consejo. La Constitución indica representantes de la legislatura, el Ejecutivo, la academia, abogados y jueces. No dice cuántos de cada sector. Hoy el Legislativo tiene seis representantes, hay tres jueces, un académico, dos por los abogados y uno del Ejecutivo, que es el que elige al final. Aunque ha mejorado hay un desequilibrio.
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