La procuradora fiscal Laura Monti opinó que las demandas de las provincias contra las recientes medidas económicas sobre los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) deben ser tramitadas directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso que trascendió es el vinculado a la demanda de Santiago de Estero, pero fuentes de la Procuración General de la Nación (PGN) dijeron que hubo “dictámenes similares” en los casos de Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz.
Días atrás, la PGN se había expedido en similares términos con relación a las presentaciones efectuadas por Neuquén y Río Negro.
Las provincias impugnaron, por inconstitucionales, los decretos 561/19 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones Generales de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4.546 /19 y 4.547/19, y pidieron a la Corte que declarara su nulidad.
Las demandantes sostuvieron que las medidas dictadas por el gobierno les causan perjuicios económicos y afectan su política fiscal y financiera.
En casi todos los casos, solicitaron, además, medidas cautelares, que suspendan la aplicación de las normas del Ejecutivo nacional.
Monti recordó que el Código Civil y el Comercial de la Nación establece que para entender en el trámite de las “medidas cautelares”, es juez competente el mismo que deba tramitar el proceso “principal”.
Agregó, en tal sentido, que, “en atención a las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”.
La fuente consultado dijo que los expedientes, con sus respectivos dictamen, “ya fueron remitidos a la Corte”, para que el máximo tribunal prosiga el trámite.
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La procuradora fiscal Laura Monti opinó que las demandas de las provincias contra las recientes medidas económicas sobre los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) deben ser tramitadas directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso que trascendió es el vinculado a la demanda de Santiago de Estero, pero fuentes de la Procuración General de la Nación (PGN) dijeron que hubo “dictámenes similares” en los casos de Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz.
Días atrás, la PGN se había expedido en similares términos con relación a las presentaciones efectuadas por Neuquén y Río Negro.
Las provincias impugnaron, por inconstitucionales, los decretos 561/19 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones Generales de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4.546 /19 y 4.547/19, y pidieron a la Corte que declarara su nulidad.
Las demandantes sostuvieron que las medidas dictadas por el gobierno les causan perjuicios económicos y afectan su política fiscal y financiera.
En casi todos los casos, solicitaron, además, medidas cautelares, que suspendan la aplicación de las normas del Ejecutivo nacional.
Monti recordó que el Código Civil y el Comercial de la Nación establece que para entender en el trámite de las “medidas cautelares”, es juez competente el mismo que deba tramitar el proceso “principal”.
Agregó, en tal sentido, que, “en atención a las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”.
La fuente consultado dijo que los expedientes, con sus respectivos dictamen, “ya fueron remitidos a la Corte”, para que el máximo tribunal prosiga el trámite.