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Guyana: petróleo, milagro y riesgo

Miércoles, 29 de enero de 2020 00:00

Guyana, un pequeño y casi ignoto país de América del Sur, estado asociado al Mercosur, vecino de Brasil y Venezuela, con una población de apenas 800.000 habitantes, segundo en la región detrás de Bolivia por sus niveles de pobreza, puede superar en poco tiempo su secular atraso económico y social para convertirse en uno de los más ricos del mundo en términos del ingreso por habitante. Esta mutación extraordinaria tiene enormes implicancias en la geopolítica regional, ya que dos terceras partes del territorio de Guyana son reclamadas históricamente por Venezuela. Esto otorga también una trascendencia impensada a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 3 de marzo próximo.

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Guyana, un pequeño y casi ignoto país de América del Sur, estado asociado al Mercosur, vecino de Brasil y Venezuela, con una población de apenas 800.000 habitantes, segundo en la región detrás de Bolivia por sus niveles de pobreza, puede superar en poco tiempo su secular atraso económico y social para convertirse en uno de los más ricos del mundo en términos del ingreso por habitante. Esta mutación extraordinaria tiene enormes implicancias en la geopolítica regional, ya que dos terceras partes del territorio de Guyana son reclamadas históricamente por Venezuela. Esto otorga también una trascendencia impensada a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 3 de marzo próximo.

Este prodigioso milagro económico obedece al espectacular descubrimiento petrolero realizado en 2015 en su plataforma submarina, a 193 kilómetros de la costa, por la empresa estadounidense Exxon Mobil, que constituyó el mayor hallazgo de hidrocarburos en aguas profunda a nivel mundial registrado en las últimas décadas. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el producto bruto interno, actualmente de 4.000 millones de dólares, puede crecer este año un 86% y saltar a 15.000 millones de dólares en 2024.

Un informe de la cadena de televisión estadounidense CNBC consignó que Guayana podría ser el país con el mayor número de barriles por habitante del mundo. El embajador estadounidense, Perry Holloway, declaró: "Mucha gente no tiene idea de lo grande que es esto, esto es gigantesco. Serán el país más rico del hemisferio y potencialmente el país más rico del mundo". Coincidentemente, el Ministro de Finanzas, Winston Jordan, sentenció: "Nos preparamos para un salto a la estratósfera".

Velozmente, sonaron también otros timbres de alarma, que advierten que las deficiencias estructurales de Guyana pueden convertir al "boom" petrolero en una nueva fuente de problemas. Troy Thomas, director local de Transparency International, alerta contra los efectos nocivos de lo que llama la "maldición del petróleo" como incentivo a la corrupción en países institucionalmente débiles.

Una historia de conflictos

Lo cierto es que la historia de Guyana alimenta dudas sobre su consistencia como Estado. En 1615, el territorio - originario de las tribus arawak y caribes - fue colonizado por Holanda. En 1796, pasó a manos de los ingleses, quienes en 1814 aprovecharon las guerras por la independencia hispanoamericana para ocupar la región del Esequibo, perteneciente a la Capitanía General de Venezuela, y expandir la Guyana británica, que alcanzó su independencia en 1966, cuando adoptó su actual nombre de República Cooperativa de Guyana.

En los primeros veintiséis de vida independiente, gobernó el Partido Nacional del Congreso (PNC), que en 1992 fue derrotado por el Partido Popular Progresista (PPP), una formación con una impronta de izquierda, que aportó la curiosidad histórica de promover a Janet Rosemberg (judía y nacida en Estados Unidos) como la primera presidenta electa en el continente americano.

Ambos partidos están sustentados en los dos grandes grupos étnicos que conviven conflictivamente en la sociedad guyanesa: el PNC tiene su base principal en los afroguyaneses, descendientes de esclavos que prevalecen en los centros urbanos, y el PPP en los indoguyaneses, que habitan mayoritariamente en las zonas rurales y son producto de la migración traída por los británicos desde la India para trabajar en las plantaciones de azúcar luego de la abolición de la esclavitud. Existe también una minoría indígena, socialmente marginada, refugiada en las regiones selváticas, cortejada por Venezuela, que recurrentemente estimula una tendencia separatista.

Durante el último período de los gobiernos del PPP, Guyana funcionó en sintonía con sus vecinos, el Brasil de Lula y Dilma Rousseff y la Venezuela de Hugo Chávez. En tal carácter, participó de la iniciativa venezolana de Petrocaribe, que le permitió recibir 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, equivalentes a la mitad de su consumo interno, a cambio de exportaciones de arroz.

Pero en 2015, tras veintitrés años en el poder, una vez muerto Chávez y agotado en Brasil el ciclo del Partido de los Trabajadores, el PPP perdió las elecciones presidenciales, por apenas cinco mil votos de diferencia, y retornó al gobierno el PNC, en alianza con otros partidos. Asumió la presidencia el general David Granger, un líder conservador educado en Gran Bretaña, quien reavivó la disputa territorial con Caracas al autorizar a Exxon Mobil a realizar exploraciones petrolíferas en aguas que Venezuela reclama como propias.

Un mar de petróleo

La profundización de la crisis venezolana y el estallido petrolero guyano confluyeron para generar las condiciones propicias para un enfrentamiento. El gobierno de Granger volcó a su país al Grupo de Lima, se alineó tras la política de Donad Trump y estrechó lazos con el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro. En ese contexto, las elecciones presidenciales de marzo, en la que el primer mandatario se postula para la reelección, pasan a erigirse en un hito significativo del calendario latinoamericano.

Mientras tanto, el gobierno de Granger, que extendió licencias de exploración a otras grandes compañías petroleras multinacionales, entre ellas la española Repsol, la francesa Total y la china Cnocc, avanza en el diseño de un “fondo soberano”, semejante a los establecidos en Noruega, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, para administrar la futura riqueza petrolera y aplicar los ingresos públicos obtenidos a la reconversión de la economía local, hoy basada en sus modestas exportaciones de oro, bauxita, arroz y otros productos agrícolas.

Pero el corto plazo presenta exigencias ineludibles. El boom petrolero implica un exponencial incremento en la demanda de mano de obra en un sector de elevada especialización, exigencia que no está en condiciones de ser satisfecha por la población guyanesa. En cambio, en Venezuela coexiste un importante sector petrolero, virtualmente paralizado, con un personal altamente calificado que cobra sueldos miserables.

La perspectiva de una explosión migratoria a través de una frontera extensa y virtualmente desprotegida causa una legítima preocupación en el régimen de Caracas, que percibe el peligro real de que una paralización completa de su actividad petrolera (único sustento de su exhausta economía) por una fuga generalizada de técnicos y trabajadores. Ese temor que abre un nuevo y perturbador foco de conflicto.

La incertidumbre reinante sobre los pasos del gobierno de Nicolás Maduro torna inevitable el análisis de una hipótesis que a primera vista podría aparecer descabellada pero que tiene que examinarse a la luz de una situación de acorralamiento.

La alternativa de “fuga hacia adelante”, similar a la protagonizada en 1982 por el régimen militar argentino con la guerra de Malvinas e implementada en este caso mediante una escalada belicista lanzada por Caracas, al calor de un descontrol migratorio en la frontera y de la resurrección de la reivindicación de la soberanía venezolana sobre el Esequibo y las potenciales riquezas petroleras de su litoral marítimo, no es entonces una posibilidad que resulte prudente descartar. 
 

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