Nuestro país atraviesa una de sus crisis más profundas en medio siglo. La pertinaz decadencia registrada en ese período puede hacernos ignorar, por mero acostumbramiento, la verdadera dimensión de esa certeza: la pobreza pasó del 8% en 1975 al 50% en 2020.
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Nuestro país atraviesa una de sus crisis más profundas en medio siglo. La pertinaz decadencia registrada en ese período puede hacernos ignorar, por mero acostumbramiento, la verdadera dimensión de esa certeza: la pobreza pasó del 8% en 1975 al 50% en 2020.
Hoy, deambulamos sin rumbo y vivimos como un país al margen de la ley.
La ocupación de tierras, alentada por activistas de algún sector del oficialismo y convalidada por las autoridades, es síntoma de la descomposición del orden jurídico.
El incremento perceptible de la criminalidad urbana, la liberación de presos con el pretexto de la pandemia y el manto de protección que se tiende a favor de los delincuentes destruye la seguridad. Pero, al mismo tiempo, el discurso abolicionista se contradice con el aumento de la violencia policial, en todo el país, pero especialmente en el ámbito bonaerense.
La ambigedad se traduce en anarquía. La sublevación policial en el mayor distrito del país culminó con una manifestación a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, frente a la cual y ante la impotencia del gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández tomó una decisión arbitraria y disolvente, como sacarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires y otorgar a los agentes sublevados un aumento claramente contradictorio con la realidad del país.
La misma arbitrariedad se puso de manifiesto en el traslado por decreto de tres jueces que intervienen en las causas por corrupción en las que está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa maniobra, convalidada por la obsecuencia de los senadores oficialistas, forma parte de un ataque al Poder Judicial que incluye una reforma del sistema encargada a una comisión que preside el abogado personal de la expresidencia y la liberación de exfuncionarios y empresarios, como Amado Boudou, Julio De Vido, Cristóbal López o Lázaro Báez, entre otros, procesados junto con un centenar de personas por desvíos de fondos públicos por montos inéditos en la historia.
El poder de decisión del presidente aparece claramente condicionado por la injerencia de la expresidenta. La misma composición del Gabinete mostró esa fractura, al dejar en manos de funcionarios que no responden a Alberto Fernández áreas cruciales como los ministerios del Interior y de Seguridad, la administración de la Anses o la Oficina Anticorrupción.
En estas condiciones, el país se encamina a un nuevo colapso, de consecuencias más impredecibles que en la experiencia del año 2001. El escenario económico es de una gravedad sin precedentes. La emisión de moneda, el déficit fiscal y la caída de la inversión ya tienen proporciones históricas. Los problemas macroeconómicos del país son de larga data y este año se agravaron al extremo. En diez meses de presidencia, Alberto Fernández no ha esbozado diagnóstico ni objetivos, y se limita a criticar a su antecesor.
El Estado no dispone de dólares para hacer frente a los compromisos externos y en decisiones cruciales en materia de política cambiaria, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confronta, desautoriza e impone su voluntad frente a la fragilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán. Hoy, los argentinos acumulan ahorros de US$ 440.000 millones en el exterior o en cajas de seguridad. Es imposible imaginar que ese dinero se vuelque a la inversión para producir, exportar e incorporar tecnología. El intento de expropiación de la centenaria empresa agroindustrial Vicentín, impulsado por Cristina de Kirchner, o el impuesto a la riqueza, defendido por el hijo de la vicepresidente, solo favorecen la fuga de empresas
El escándalo en torno a la violación de los derechos humanos en Venezuela demostró que la corriente encolumnada con la vicepresidente apoya abiertamente a la dictadura anacrónica de Nicolás Maduro y que es capaz de desafiar al presidente y al canciller Felipe Solá.
No es el chavismo el modelo que votó la Argentina en 2019, pero poco a poco se va convirtiendo en nuestro espejo.
Un gobierno con doble comando no es gobierno. Es más bien, la señal más clara de que marchamos hacia el precipicio.