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Ramón Villa: "El intendente de Aguaray no podía seguir en el cargo" 

El diputado provincial expresó que la situación "era realmente muy grave" en la municipio del norte salteño. Villa afirmó que al tratarse la destitución se solucionó un problema "más grande" que era la posibilidad de "perder la paz social".
Miércoles, 14 de octubre de 2020 10:24

Enrique Prado desde diciembre de 2019 es el intendente de Aguaray. Se presentó en las elecciones en la boleta de Sergio Leavy gobernador y a menos de 2 semanas de haber asumido en el cargo, el 23 de diciembre, emitió una resolución municipal que autorizaba a que una empresa de Mendoza a que retire 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA.

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Enrique Prado desde diciembre de 2019 es el intendente de Aguaray. Se presentó en las elecciones en la boleta de Sergio Leavy gobernador y a menos de 2 semanas de haber asumido en el cargo, el 23 de diciembre, emitió una resolución municipal que autorizaba a que una empresa de Mendoza a que retire 35 kilómetros de caños de alta presión que conformaban el tramo norte del GNEA.

El argumento esgrimido por el jefe comunal, es que los caños colocados bajo la superficie producían contaminación ambiental. Esta situación, revelada por informes precisos de diario El Tribuno, desataron un escándalo a nivel provincial y nacional y terminaron con la imputación penal contra Prado. El Concejo Deliberante intentó removerlo pero no le alcanzaron los votos. Sin embargo, anoche la Cámara de Diputados dio el primer paso para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguaray.

El intendente, Jorge Enrique Prado, se encuentra imputado por fraude en perjuicio de la administración pública y robo, y por generar situaciones que ponen en riesgo la paz social. En diálogo con El Tribuno, el diputado provincial Ramón Villa, expresó que el intendente "no podía seguir en el cargo" ni tampoco estar al frente de un municipio manejando los bienes del mismo, "cuando había enajenado o robado" algo que es propiedad del Estado nacional como son los caños del gasoducto NOA-NEA, que tienen un valor aproximado de 3,5 millones de dólares, aclaró el legislador.

"Realmente era muy grave la situación. Por supuesto que también la denuncia ingresó por la vía que corresponde que es la Justicia, que hace su trabajo y nosotros como parte de los que tienen la responsabilidad de controlar y juzgar políticamente a un funcionario es lo que hicimos a través de la presentación de este proyecto. La Justicia avanzó y se caratuló el caso como fraude a la administración pública y robo calificado. El Concejo Deliberante avanzó en lo que hace al juicio político, no tuvo los números suficientes porque se debe tener la mayoría agravada", expresó Ramón Villa. 

El diputado provincial remarcó que pasara tanto tiempo sin el tratamiento del proyecto y que no se diera la posibilidad de debatirlo al tema en el recinto, cuando era un asunto que había sido visibilizado no solo en la provincia, sino que a nivel nacional.

"Fue calificado inclusive por algunos diputados del oficialismo como "el robo del siglo". Creo que lo que ha torcido el brazo del oficialismo para aceptar el tratamiento fue nada más ni nada menos que la presencia fuerte y el accionar de un pueblo que se manifestó en las calles, que estuvo frente al municipio manifestándose, que ha cortado la ruta en su momento, y de allí recién se tomó la decisión de avanzar y tratar el tema que por suerte ha sido aprobado", expresó a este medio el legislador provincial.

Ramón Villa afirmó que al tratarse la destitución de Prado en la Legislatura también se solucionó un problema "más grande" que se estaba gestando y era la posibilidad de "perder la paz social" en el municipio. "Así que dimos un paso importante. Si esto no pasaba, iban a seguir las manifestaciones y seguramente Enrique Prado iba a tratar de movilizar a su gente y por allí se iba a llegar a lo que nadie quiere que son los enfrentamientos, y más aún con las grandes divisiones y grietas que se producen en los pueblos", agregó.

El único voto en contra fue el del Partido Obrero. Para justificar el voto en contra, el diputado Claudio del Plá (PO) habló de un "acto de encubrimiento al intendente Prado" y de una posición de espaldas al reclamo de los vecinos. Ramón Villa expresó su opinión respecto a esta situación y afirmó que "no es para nada llamativo" porque desde el Partido Obrero nunca votaron a favor de una intervención.

"Ellos creen, de acuerdo a sus pensamientos filosóficos, que tienen otros caminos para tratar. Nunca votaron una intervención así que no nos sorprendió para nada, por eso digo yo que fue casi unánime la votación", afirmó. La medida, que ahora deberá aprobar el Senado y convalidar el Ejecutivo, fue dispuesta en función de lo que dispone el inciso 2 del artículo 179 de la Constitución provincial: para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional.

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