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Multarán con 180 mil pesos a promotores de fiestas clandestinas

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la medida, que regirá mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19.
Miércoles, 14 de octubre de 2020 20:53

El Concejo Deliberante resolvió esta tarde encarar el problema del riesgo para la salud que representan las fiestas clandestinas con la aplicación de una multa de más de 180 mil pesos para los organizadores y propietarios de locales o domicilios donde se violen las medidas de seguridad sanitarias.

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El Concejo Deliberante resolvió esta tarde encarar el problema del riesgo para la salud que representan las fiestas clandestinas con la aplicación de una multa de más de 180 mil pesos para los organizadores y propietarios de locales o domicilios donde se violen las medidas de seguridad sanitarias.

La sanción, que equivaldrá a 10.000 unidades tributarias, fue incorporada al artículo 38 de la Ordenanza 11.846 que reglamenta los locales bailables y regirá por el tiempo que dure la emergencia sanitaria establecida por el decreto provincial 250/20.

La medida, que fue impulsada por el titular del cuerpo deliberativo, el concejal Dario Madile, fue apoyada y aprobada por unanimidad.

Durante la sesión virtual, la concejal Frida Fonseca explicó que el objetivo de la norma es sancionar con la máxima pena pecuniaria que contempla la ordenanza 11.848 “a las personas irresponsables que en medio de la pandemia realizan fiestas clandestinas”.

La edil remarcó que estos encuentros furtivos son un potencial foco de contagio entre los jóvenes, quienes luego trasladan la infección de coronavirus a sus hogares y complican, sobre todo, a las personas mayores.

Con la clandestinidad se pone en riego el gran esfuerzo que se realiza desde el Estado para que no colapse el sistema sanitario y también el que realizan los ciudadanos que cumplen con los protocolos de bioseguridad sanitaria.

Fonseca hizo notar que durante varios fines de semana la Policía provincial clausuro hasta 9 fiestas clandestinas, tanto en la ciudad de Salta como en distintos lugares del interior y subrayó que en el barrio Siglo XXI se clausuro dos veces el mismo lugar.

Tras reiterar que la finalidad de la norma es desalentar esta práctica por el alto riesgo que implica para la salud en estos momentos difíciles, señaló que la multa, que será de más de 180 mil pesos, se aplicará al promotor y también al propietario del local o casa, porque este último es corresponsable.

Fonseca aclaro que la medida no comprende las fiestas familiares y que es solamente para las que no cuentan con ninguna autorización y control, una situación que se plantea todos los fines de semana.
Varios ediles coincidieron en destacar la norma como atinada y oportuna por la situación que se vive a raíz de la pandemia de coronavirus.

La edil Paula Benavidez remarcó la importancia de desalentar “una conducta imprudente”, mientras que la edil Rosa Herrera consideró que la difícil situación que genera la pandemia es necesario ser responsables y solidarios.

Otros temas

Los concejales también aprobaron una ordenanza, propuesta por la concejal Romina Arroyo, para establecer un régimen de promoción urbanística para la construcción de edificios con cocheras subterráneas o en alturas y cuyo principal uso será el estacionamiento de vehículos particulares de bajo porte.

Además, se aprobó la conformación de una mesa interpoderes para el abordaje de la violencia de género y la promoción de igualdad en la ciudad de Salta.

La autora del proyecto, Frida Fonseca, explicó que esta mesa desarrollará una labor interinstitucional y territorial de conformidad a los lineamientos previstos en la ley nacional 26,485, de protección integral a las mujeres, desde un enfoque integral, de valor, de igualdad para promover el acceso a la justicia y la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Los concejales también aprobaron una ordenanza, propuesta por la edil Paula Benavidez, para que exista una disposición permanente, en especial en el marco de la emergencia sanitaria, la obligatoriedad de exhibir en el acceso a instituciones medico asistenciales y servicios de salud, un cartel visible que indique que, en caso de no ser atendido, el paciente podrá contactarse con los números telefónicos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad y con la subsecretaría de Defensa del Consumidor Municipal.

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