Durante el mediodía de ayer, se vivieron momentos de alta tensión en el asentamiento de Parque La Vega luego de que uno de los dirigentes de esa ocupación ilegal de la zona sur de la capital salteña quedó detenido por la Policía. Se trata de Yuthiel (Renzo José) Alderete, a quien le imputan siete causas.
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Durante el mediodía de ayer, se vivieron momentos de alta tensión en el asentamiento de Parque La Vega luego de que uno de los dirigentes de esa ocupación ilegal de la zona sur de la capital salteña quedó detenido por la Policía. Se trata de Yuthiel (Renzo José) Alderete, a quien le imputan siete causas.
Desde el Poder Judicial emitieron un parte de prensa para aclarar que la orden de detención fue ordenada por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, por pedido del fiscal penal 3, Horacio Córdoba.
El procedimiento policial se realizó cerca del mediodía a pocas cuadras del asentamiento, cuando el dirigente volvía junto a otros delegados en un remise de una reunión con funcionarios provinciales en el Centro Cívico Grand Bourg, a donde habían sido citados.
En diálogo con El Tribuno, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, expresó que durante la mañana se ha remitido la causa al Juzgado de Garantías de Segunda Nominación, del juez Ignacio Colombo, al existir una conexidad de delitos.
“Esta persona (Yuthiel Alderete) tiene causas abiertas en dos juzgados es por eso que el que tiene que intervenir es aquel en el que se tramita la causa más grave. En el Juzgado de Garantías N° 2 tiene entre otros delitos: entorpecimiento al normal funcionamiento del transporte y comunicación, lesiones, amenazas, robo en poblado y en banda, y también tiene coacción agravada, dos hechos que tienen penas de cinco a diez años”, expresó el magistrado ante la consulta de este medio.
Rodríguez Pipino aclaró que la causa que remitió está imputado por los delitos de turbación de agua y de desobediencia judicial en concurso ideal y que de las dos causas que tiene, el delito más grave es el de coacción agravada. El magistrado aclaró que el caso de que cayera una condena, teniendo en cuenta esa sola calificación, excluiría una posibilidad de una condena de ejecución condicional.
“Ahora estamos en el proceso de investigación, donde la calificación es provisoria y el principio es la libertad, salvo que hubiese cuestiones que hagan necesario el mantenimiento de la detención y que justamente es lo que va a tener que resolver el juez que va a intervenir ahora”, afirmó.
Unificación de causas
Valorando las calificaciones que tenía en el Juzgado de Garantías N° 2 y teniendo en cuenta las calificaciones que estaban en trámite en el Juzgado N° 4, se decidió remitir a dicho juzgado para que se acumulen las causas por conexidad subjetiva, que es el término que emplea la ley y siga su trámite en el tribunal N° 2.
“La conexidad y la acumulación de causas es un derecho de imputado para que un solo juez intervenga y también esta disposición jurídica tiene por efecto que no haya un desgaste jurisdiccional innecesario, es decir que no haya dos jueces viendo la situación de una sola persona, sino que sea un solo magistrado que pueda ver integralmente y así contribuir con los principios de economía procesal y concentración de los actos jurídicos”, expresó Rodríguez Pipino.
Detención
Esta detención se produjo ayer en horario de la tarde y desde el grupo de asentados expresaron que la detención de Yuthiel se hizo de manera irregular.
El magistrado aclaró que todas las actuaciones que realizó el personal policial, como fue el trámite, cómo se hizo, quiénes intervinieron, se registran en un informe que la policía tiene que presentar al juzgado. Rodríguez Pipino indicó que hubo un pedido del Ministerio Público Fiscal, tanto en el Juzgado de Garantías N° 2 como en el 4, pidiendo la detención por escrito del imputado.
“Eso se valoró y se resolvió emitiendo la correspondiente orden de detención para que se haga el procedimiento. Eso fue remitido a la policía de la provincia de Salta quienes cumplieron con esa orden. El control de legalidad, que es la audiencia que tiene el juez de garantías con el imputado una vez que se efectiviza la detención, es para verificar cómo se realizó la detención. Si hubo alguna irregularidad o no y en el caso que la hubiere habido, y al constatarse eso en el control de legalidad, se le comunica al fiscal correspondiente”, expresó el Juez de Garantías.
Por ejemplo que en una detención hubiese alguna irregularidad y el imputado informa eso se le corre vista al fiscal de Derechos Humanos para que tome intervención e inicie las causas que sean pertinentes.
Expectativa
Durante la entrevista, el Juez refirió a los tiempos de la Justicia que muchas veces no son los tiempos que tiene la ciudadanía cuando busca que e resuelva un conflicto legal.
“Me gustaría aclarar, porque se está generando una expectativa errónea en la sociedad esperando que la Justicia actúe de determinada manera. A mi lo que me interesa aclarar es que el Poder Judicial, y los jueces de garantías, no actuamos de oficio. Quien tiene a su cargo y el deber de investigación es e fiscal, por lo tanto nosotros actuamos ante el pedido de un fiscal o de un querellante”, expresó el magistrado.
Rodríguez Pipino afirmó que los jueces no pueden de "motu proprio" para tomar una determinada medida de protección o restricción de la libertad sino que tienen que esperar un pedido para poder tomar alguna disposición.
“Los tiempos de la Justicia son diferentes a los tiempos de la ciudadanía o la prensa que tienen una celeridad importante. Hay que recordar que el proceso es transcurso de tiempo y la concatenación de algunos actos procesales. Muchos de esos actos requieren el paso del tiempo”, finalizó Rodríguez Pipino.